NIDIA MARÍN
Y si de piedras hablamos… como dice la canción de José Alfredo…
“Una piedra en el camino/ me enseñó que mi destino/ era rodar y rodar.
“También me dijo un arriero / que no hay que llegar primero / Pero hay que saber llegar…”
Hoy se determina sí el respeto por los mexicanos prevalecerá en México o si los caprichos de los políticos poderosos, que movieron al gobierno pasado, continuarán manipulando a las instituciones.
“Tropecé de nuevo con la misma piedra…” dice otra canción.
Esperemos que no.
Es en el caso de la señora Piedra Ibarra, quien no conforme con haber casi destruido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, insiste en continuar en el cargo apoyada por aquellos que sólo entienden y aplican la autocracia.
Si ella permanece como titular las víctimas en México continuarán abandonadas a su buena suerte porque sus denuncias no avanzan, sólo aquellas que reciben el visto bueno de los integrantes de las cúpulas gubernamentales.
En México sucede lo que se había eliminado en administraciones anteriores: que, si las víctimas denuncian, son tratadas como alguien sin derechos respecto de su propia experiencia.
No hay atención para las víctimas. Éstas, tienen necesidad de recuperación emocional y psicológica, información y apoyo, además de que se violenta sistemáticamente la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, (norma de carácter internacional) en la que se reconoce que los sistemas jurídicos se han enfocado únicamente en el delincuente y que los delitos sí perjudican a las víctimas en otras esferas distintas a la patrimonial.
¿En México, pues, dónde quedaron los derechos de las víctimas?
En la verborrea porque en el sexenio que apenas concluyó no se aplicaron porque no se reconocían. Da la casualidad que fue en el periodo de gobierno de Piedra Ibarra.
Desde 1999 la ONU adoptó una Guía respecto de la aplicación de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, diseñada para el uso de legisladores en las áreas de justicia, seguridad pública, bienestar social, salud y gobierno local.
Esa guía, presenta estándares para que las jurisdicciones evalúen sus propios procedimientos y determinen qué otros cambios deben aplicar para equilibrar la justicia.
México lo sabe, pero con Rosario (¿de Amozoc?) simplemente valieron gorro.
Ojalá se entienda algo que ha quedado claro internacionalmente en el Modelo de Atención a Víctimas: “… que los gobiernos deben atender sin dilación: las víctimas requieren que los sistemas de seguridad y justicia penal den respuesta en lugar de agravar sus problemas, recibir la información adecuada para la correcta canalización y seguimiento del proceso, así como apoyo emocional en primer contacto; asistencia para tener acceso a servicios, atención de las autoridades del orden público respecto de sus necesidades fundamentales, garantizar el acceso a los servicios de atención a todas las víctimas, crear fondos para prevención y garantizar la atención médica a las víctimas, todos los anteriores de forma gratuita e independientemente de que denuncien”.
Pero no sólo esto, ya que existen otras acciones para complementar la atención, dirigidas a las personas que atienden a las víctimas, como son: “…brindar capacitación a los cuerpos policiales, ofrecer capacitación e información para atención de primer contacto con víctimas del delito, procurar las condiciones para que brinden apoyo a las víctimas en estado de crisis, garantizar directrices o estándares que puedan seguir los policías que les ayuden para equilibrar las necesidades de la víctima y proporcionarle información confiable y válida sobre las medidas de prevención de la victimización”, entre otras.
¿Tropezaremos con la misma piedra y… con el mismo pie?
