La provincia argentina de Mendoza, fronteriza con Chile, definió un distrito de casi 20.000 kilómetros cuadrados para desarrollar 34 proyectos mineros, principalmente de cobre. En diálogo con Sputnik, el experto Matías Baglietto destacó que el objetivo es acercarse a los 10.000 millones de dólares anuales que se facturan del lado chileno.
Con la creación de un distrito especial dedicado a la minería, la provincia argentina de Mendoza apunta a impulsar la producción de cobre y otros minerales estratégicos con el objetivo de, al menos, emular algo de la productividad que Chile ha logrado del otro lado de la Cordillera de los Andes.
En su sesión del 12 de noviembre, el Senado de Mendoza dio sanción definitiva a la creación de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), un área de 18.754 kilómetros cuadrados ubicada en extremo suroeste de la provincia, lindero con la Cordillera y la frontera entre Argentina y Chile. Además de definir ese territorio, la ley aprobada da luz verde a 34 proyectos de exploración minera, fundamentalmente de cobre.
«El potencial minero de Mendoza es muy grande pero desconocido porque no ha habido exploración desde 2007. Debido a una legislación que ha sido muy restrictiva con la actividad minera no ha habido proyectos de exploración en los últimos 15 años», explicó a Sputnik el experto en gestión minera Matías Baglietto.
El especialista, vicepresidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (Capmin), aclaró que lo que hizo el Congreso provincial mendocino fue habilitar en forma conjunta los estudios de impacto ambiental de los 34 proyectos presentados, en lugar de hacerlo por separado como se hacía hasta entonces. Además, recordó que las autorizaciones refieren a la etapa de exploración, por lo que aún no está claro qué concentración de cobre se encontrará.
Baglietto apuntó que, si bien todavía no puede saberse con exactitud cuál es el potencial cuprífero de la provincia, sí pueden hacerse previsiones a partir de lo que sucede en el lado chileno. «La franja chilena que está a la misma altura de Mendoza exporta cerca de 10.000 millones de dólares anuales por minerales metalíferos, mayormente de cobre», subrayó.
El experto enfatizó que «eso no quiere decir que Mendoza llegue a exportar esos 10.000 millones de dólares» pero recordó que ambos territorios están separados únicamente por «una línea imaginaria». De hecho, ese es uno de los principales alicientes para que Argentina apuesta a que, al igual que Chile, el cobre se convierta en un producto destacado de su matriz productiva.
«Chile exporta en total unos 50.000 millones de dólares por año en cobre y Argentina solo entre 3.000 y 4.000 millones. Y la cordillera es la misma para ambos», ilustró, en relación a la necesidad de que Argentina aproveche mejor esos recursos.
En esa línea, Baglietto valoró que la aprobación, por amplia mayoría en el Congreso provincial, del distrito minero en Mendoza es un buen ejemplo del surgimiento de «una política de Estado» argentina en relación a la minería. «Ya se está dando en torno al litio y ahora sucede con el cobre», destacó.
Cobre para vehículos eléctricos
La decisión de buscar una aprobación ambiental conjunta de los 34 proyectos y la realización exitosa de audiencias públicas con las comunidades locales es una demostración, según Baglietto, de que la provincia —gobernada por el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Alfredo Cornejo— busca apostar por una «minería sostenible» que respete la normativa vigente que prohíbe el uso de elementos químicos como cianuro, mercurio o ácido sulfúrico.
Si bien consideró que la ley vigente es «demasiado restrictiva con la minería» porque sí permite esas sustancias en otras actividades que se desarrollan en Mendoza, el experto destacó el rol central de la minería de cobre en la «transición energética».
«El cobre es fundamental para la transición energética. Los autos eléctricos, por ejemplo, requieren cinco veces más cobre que los autos a combustión. O empezamos a producir más cobre para los vehículos eléctricos o no los vamos a poder fabricar», razonó Baglietto.
Finalmente, el especialista aclaró que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno de Javier Milei, no necesariamente ha jugado un papel determinante en esta etapa del proyecto, ya que la Constitución estipula que los derechos sobre los recursos minerales son propiedad de las provincias. Aun así, valoró que el régimen otorga «una herramienta para proyectos de gran porte como los de cobre» y les asegura facilidades impositivas durante 30 años, los plazos que este tipo de emprendimientos requieren. Sputnik
