El Senado de la República realizó la declaratoria de validez de dos reformas constitucionales que buscan garantizar el bienestar y el acceso a una vivienda digna para los trabajadores en México. Las reformas modifican los artículos 4°, 27° y 123° de la Constitución y forman parte de las iniciativas impulsadas el 5 de febrero pasado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, emitió la declaratoria de validez constitucional para ambas reformas, y turnó los decretos a la Cámara de Diputados.
Fernández Noroña resaltó que las reformas representan un paso importante hacia el fortalecimiento de los derechos sociales en el país, las cuales modificarán los artículos 4°, 27° y 123° que responden a un enfoque de justicia social que busca mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables.
La primera de las reformas, enfocada en el bienestar social, fue aprobada por 22 legislaturas estatales, cumpliendo con el requisito constitucional para avanzar en el proceso legislativo. Entre los estados que la respaldaron están Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Ciudad de México, entre otros.
La modificación al artículo 4° de la Constitución tiene como objetivo garantizar un nivel de vida adecuado para la población, mejorando el acceso a servicios esenciales y fortaleciendo los derechos de seguridad social.
Los cambios aprobados en los artículos 4°y 27° garantizan los derechos para grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos y pescadores.
La reforma de bienestar reduce la edad para recibir la pensión de adultos mayores de 68 a 65 años, reafirma el compromiso del Estado con los derechos sociales y el acceso equitativo a recursos esenciales, además de asegurar la continuidad de los programas sociales.
La segunda reforma, destinada a asegurar una vivienda digna para los trabajadores, fue avalada por 18 congresos estatales, incluyendo Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Nayarit, Sonora, Tabasco y Ciudad de México. La enmienda al artículo 123 busca garantizar que los trabajadores tengan acceso a viviendas adecuadas y seguras, reconociendo la importancia de una vivienda digna en el desarrollo de la población.
La modificación al artículo 123 establece que los arrendamientos no deben exceder el 30 por ciento del salario de los trabajadores, promoviendo créditos justos para el acceso a la vivienda. La reforma se centra en cuatro ejes: certeza jurídica y seguridad de tenencia, acceso a servicios básicos, créditos accesibles y el desarrollo de un sistema de vivienda social que facilite la compra y mejora de viviendas.
