La reforma al Poder Judicial, vigente en la Constitución desde el 16 de septiembre, impactaría negativamente en la estabilidad jurídica y en la confiabilidad de las instituciones, lo que significaría una “reducción” del atractivo de México para los inversionistas extranjeros, advirtieron en un comunicado conjunto la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco.
“Ya estamos en una crisis constitucional desde el momento en que un poder no acata lo que otro poder mandata. Estamos en ese punto crucial para nuestro país, que nos exige tomar posturas y convertir estas condiciones en acciones contundentes”, afirmó José Medina Mora Icaza, Presidente Nacional de la Coparmex.
José Pablo Ramos Castillo, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco, hizo referencia al Amicus Curiae que presentaron el 30 de octubre ante el Máximo Tribunal en el que solicitan que se declaren inconstitucionales las modificaciones al sistema judicial mexicano que somete a votación popular los cargos de jueces, ministros y magistrados.
“Este documento tiene como finalidad coadyuvar en el análisis de los medios de control constitucional interpuestos para invalidar la reforma constitucional en materia judicial. La referida reforma presenta implicaciones profundas y riesgosas para el marco institucional de nuestro país», dijo Pablo Ramos Castillo.
Ambos hacen un llamado urgente a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que discutirán la constitucionalidad de la Reforma Judicial que envió el expresidente de México al Poder Legislativo y que en medio de suspensiones fue aprobada por legisladores y promulgada por el Gobierno de México en el Diario Oficial de la Federación.
Para ellos, la posición de la SCJN es un intento de preservar privilegios de los jueces y de interferir en una transformación respaldada por el Congreso y, en su visión, por el “soberano”, es decir, el pueblo.
Este enfrentamiento entre el Senado y la SCJN subraya el actual debate en México sobre la naturaleza y los límites de la independencia judicial y plantea preguntas críticas sobre el equilibrio de poderes y la implementación de reformas profundas en el sistema judicial mexicano.
