Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Cuestionar la decisión de quienes no quieren avalar el hundimiento de la nave y acusarlos de provocadores, representa la admisión de que “solo mi palabra y mis acciones representan la verdad”.
Es decir, nadie tiene derecho de cuestionar lo que se ordena desde Palacio Nacional y que los cortesanos que obran como representantes del “pueblo bueno” y del Pacto Federal, obedecen, no objetan y se deshacen en loas para la jefa de jefas.
Actuar para avasallar a las oposiciones que minoritariamente, por las trampas de la Lupita, representan a la mayoría de los ciudadanos, aunque no hayan asistido a las urnas, es el paso directo para reconocer lo que es un gobierno autoritario.
Asumir que el Supremo, el Creador o el mismísimo Dios les concedió la perfección y que no hay nada que demuestre lo contrario, aunque las pruebas sean irrebatibles, nos lleva a entender que la libertad de expresión y no necesariamente la ejercida por los periodistas y los medios sino todos los que tienen el privilegio de pronunciar palabra, está en riesgo.
Quizá quienes nos gobiernan desde hace 5 años y 11 meses, supongan que el mejor papel de los ciudadanos es ¡guardar silencio! y aceptar sin decoro alguno ser atropellado por el tráiler cuyas placas está tapadas.
La renuncia de los 8 ministros, que está en “estudio” como lo anunciara el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, es un derecho humano, como lo es reclamar su empleo si es despedido sin justificación alguna.
Aclarar lo no pedido implica que se había pensado y se puede ejercer en cualquier momento.
Sí, negar que haya intención de someter a juicio político a los ministros que decidieron por convicción no participar en la “elección” de jueces, magistrado y de quienes integrarán el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene más fondo que el centro del océano atlántico.
La dimisión no es una provocación. Es un rechazo al método, a la destrucción del sistema de administración de justicia, a la pérdida de independencia que impide el actuar apegado a derecho.
Dicen que en política, sobre todo en los gabinetes y el Poder Legislativo, la gente no se va por su voluntad, aunque hay casos que merecen ser reconocidos, lo cierto es que los ministros de la Corte no son empleados del gobierno y tampoco del pueblo.
Bien se dice que no son elegidos por los ciudadanos sino designados por el titular del Poder Ejecutivo Federal y la razón de ser se encuentra en la página 725 del Diario de los Debates de la Constitución de 1917.
Las líneas que resalta el rechazo a la elección son clarísimas: si una muchedumbre le pide al juez que linche al acusado, tendrá que rechazar la exigencia porque no es elegido por el pueblo, no se debe a él como sí los diputados y senadores.
Hay que imaginar cuántos Poncio Pilato existirán a partir del primero de septiembre de 2025 y que se lavarán las manos al dictar sentencia que satisfaga al pueblo, a los electores, no al ESTADO DE DERECHO.
Y justamente los ministros, de profesión abogados y con maestrías y doctorados, entiendan el riesgo de elegir a los ministros.
Ninguno de ellos se quiere apellidar Pilato.
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