*El Regreso al Espionaje del Oficialismo;
Frenará Llamados Ciudadanos
*Control de Contenidos Para Evitar las
Concentraciones de Reclamos
*Es Revivir el Delito de Disolución Social
Aplicado en la Represión del ’68
*Jueces a “Modo” Califican la Gravedad de
Marchas Sindicales o de la Sociedad
POR EZEQUIEL GAYTÁN
El pasado 17 de los presentes, el director general de Misión Política, Jesús Michel, publicó el artículo ¿Espionaje legalizado? en el cual nos advierte acerca de dos iniciativas peligrosas en materia de seguridad nacional. La primera la presentó el tres de octubre la senadora y abogada María del Rocío Corona, del partido Verde, quien propone adicionar una fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional “toda actividad ilícita cometida mediante el uso de los medios electrónicos, digitales, tecnológicos, redes de comunicación e informáticos que pongan en riesgo el orden público y la paz social”. La segunda iniciativa del ocho de octubre proviene del diputado Coss y añade como amenaza “actos relacionados con la manipulación o destrucción de información contenida en sistemas informáticos del Estado”
Suscribo lo estupendamente analizado por Jesús Michel desde el punto de vista del espionaje del Estado a la ciudadanía. Ahora, por lo que a mí respecta abordaré el tema desde la perspectiva de los conceptos del “orden público y la paz social”, ya que se trata de dos categorías complejas elásticas y multidimensionales, pero que manipuladas desde la perspectiva del Estado son unidimensionales, pues se apresta a que se las entiende como el orden impuesto desde la autoridad en el cual queda prohibida cualquier manifestación social que no sea la autorizada por las garras de la burocracia, es decir sólo se permitirán las marchas oficialistas de apoyo al gobierno. El sentido de la iniciativa de la senadora es que si se convoca a la sociedad a manifestarse mediante las redes sociales a algún mitin a fin de que los diferentes grupos sociales se pronuncien en contra de algo del gobierno se les acuse de atentar contra la seguridad nacional, pues dicha convocatoria a la concentración social sería -a los ojos del gobierno – ilícita y, consecuentemente, una alteración al orden público y a la paz social.
Me dirán que exagero, pero Manuel Ávila Camacho emitió en 1940 dos artículos en el Código Penal, los otrora famosos artículos 145 y 145 bis y que fueron objeto de repudio en 1968. Los gobiernos utilizaban la ambigüedad del “delito de disolución social” a fin de reprimir, perseguir o desactivar cualquier organización social o sindical que, a los ojos gubernamentales, tuviese elementos de crítica o de ideología antípoda al pensamiento plano de los gobernantes.
CONVOCAR EN REDES SOCIALES
O MEDIOS MASIVOS: ATENTADO
Hoy en día volvemos a esa época del siglo pasado en la cual lo ilícito lo determinaban los jueces al servicio del partido, como ahora pretende Morena, de ahí su obsesión por controlar al poder judicial. En ese entonces existía la Federal de Seguridad, adscrita a la secretaría de Gobernación, que es el equivalente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ahora adscrito a la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La cual, por cierto, ya no tiene bajo su responsabilidad a la Guardia Nacional, por lo que supongo tendrá mucho tiempo a fin de atender para fines policiales y políticos a todo aquello que no sea afín al gobierno del segundo piso.
Es cierto que la presidente Sheinbaum no ha repetido la frase “o se está con la cuarta transformación o se está en contra de ella”, pero sinceramente ya no me sorprendería que próximamente la exprese. Consecuentemente, estamos acercándonos a un capítulo en el cual convocar por los medios de comunicación masiva o las redes sociales a manifestarnos en contra de alguna actividad o decisión gubernamental podrá ser interpretado como un atentado en contra de la seguridad nacional.
La Ley de Seguridad Nacional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005 y se dice que fue por presiones del gobierno de George W. Bush después de lo acontecido en la Unión Americana el 11 de septiembre de 2001. El caso es que dicha Ley sostiene en su artículo 3 que “por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”. Por lo que respecta al artículo 5 se describen las amenazas a la seguridad nacional. De ahí que la senadora al agregar su inciso sube de tono las diversas acepciones de amenazas a la seguridad nacional y, en caso de ser aprobada su iniciativa, cualquier puñado de mexicanas y mexicanos que se manifiesten en la plancha del zócalo capitalino en contra de una decisión gubernamental y hayan acudido por convocatoria de las redes sociales podrán ser encarcelados y juzgados al amparo de del Código Penal Federal, Libro Segundo, Título Primero: “Delitos contra la seguridad de la nación”. Por supuesto, para los ciudadanos de a pie los presuntos delincuentes serán presos políticos. Sin embargo, para el gobierno serán traidores a la patria.
¿EL RETORNO DE LOS
PRESOS POLÍTICOS?
El debate y las heridas se volverán a abrir. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz siempre negó la existencia de presos políticos. Por su parte la sociedad entendíamos que la aplicación de las leyes a conveniencia del gobierno era un acto autoritario y de incapacidad de entender el malestar en la cultura. El gobierno de la física Sheinbaum reduce la democracia a sus 36 millones de votantes y se queda en la argumentación cuantitativa. No entiende que el apoyo a Morena fue también cualitativo debido a la política social asistencialista, porque fue una elección de Estado y por el carisma de su antecesor quien violó X número de veces las leyes electorales a fin de encumbrarla. Pero la senadora Corona y la actual administración leen que se votó por un gobierno autocrático de partido de Estado. Esa confusión de los priistas de la década de los sesenta se repite.
No es casualidad que se haya dado entrada a dos iniciativas por las dos cámaras del Congreso de la Unión. Claro está que se trata de una estrategia armonizada desde el poder Ejecutivo a fin de aprobarlas con la mayor discreción posible y como dice la voz popular “hecha la ley, hecha la trampa”. Por un lado, el espionaje a la ciudadanía y por el otro a la organizaciones sociales, sindicales y cooperativas. Así como a los movimientos sociales.
Confieso que me preocupan las reformas a la Ley de Seguridad Nacional debido a su potencial perfil de Estado autoritario y también reconozco que me asombran las iniciativas, pues la presidente Sheinbaum se dice “hija del 68”. Lo cual es una alegoría que supongo se refiere a que es heredera de ese grito social, cultural y político en favor de las libertades y que entre sus demandas estaba la “derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Federal Penal”. Léase, la petición era en contra de la represión por pensar diferente y en favor de las organizaciones autónomas del Estado y su partido hegemónico.
Todas las naciones del mundo, sin importar su forma de gobierno, tienen un órgano u oficina de seguridad nacional. Son necesarias e indispensables a fin de garantizar la reproducción del individuo, la familia, la sociedad y Estado. Dichas organizaciones tienen siempre la dualidad de defender al Estado y, en su caso, al gobierno. De ahí que definir los límites entre uno y otro siempre es complejo, por lo que el contexto político es fundamental a fin separar sendas instancias o verlas como una unidad. El caso mexicano tiende, en lo general, a fusionar los conceptos de Estado y gobierno y por eso la idea de la seguridad nacional es sinónimo de entenderse como un ente amorfo, peligroso y contra el cual no hay que meterse. Léase, es sinónimo de fuerza temible y brazo ejecutor de lo extrajudicial. Lo cual por supuesto no es así. Pero un gran número de mexicanos, hoy en el gobierno, así lo entiende y así lo quiere mantener.
Regresamos a la década de los años cuarenta del siglo pasado; época de la Guerra Fría que fue el pretexto ideal a fin de tildar de comunistas a quienes se atrevían a cuestionar a los presidentes priistas. Ahora se asoman tiempos de represión si acaso se aprueban esas iniciativas. Sobre todo, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos volverá a callar y ya sabemos que los gobiernos de la 4t son proclives a la opacidad y todos los contubernios que se puedan hacer los esconden en el nombre de la seguridad nacional.
