Federico Bonasso
Dos cosas muy diferentes
1) debatir sobre la calidad de las nuevas normas aprobadas por un Congreso legítimo.
2) Violentar el orden constitucional con artimañas destinadas no a un mejoramiento de la justicia sino a disputarle poder y territorio al nuevo gobierno.
Furioso y dispuesto a quebrar cualquier ley se mueve el privilegio ante el primer atisbo de cambio de régimen.
Si de interpretar se trata, la Suprema Corte y el Poder Judicial llevan demasiado tiempo interpretando la Constitución o la ley a contrapelo del interés público.
No vivimos en una maqueta, en un modelo, vivimos en una realidad llena de porquería. No se puede descartar el contexto político a la hora de debatir sobre esta disputa entre el Poder Judicial y los otros dos poderes del Estado. Y mucho menos a la hora de participar activamente en ella.
No se puede despreciar, con un ademán elitista, lo manifestado por ese sector mayoritario de la sociedad mexicana al que Montesquieu o Ferrajoli aún no le han cumplido varias de sus promesas. No se puede abordar esta discusión descartando los antecedentes de lawfare, fraude electoral, fallos en contra del interés general y la Hacienda pública emitidos por el Poder Judicial realmente existente. Ese que no se ha cansado de jugar un rol faccioso.
Legítima es la preocupación sobre los efectos políticos de las nuevas normas que rigen al Poder Judicial. Pero, en algunas voces, resulta algo tardía. Curioso que esa preocupación, en muchos casos, se manifieste en un solo sentido. Como si no supieran que sectores protagónicos del Poder Judicial en México son, de facto, un partido político. Muy preocupantes deberían parecerles entonces las consecuencias de la conducta de un Poder Judicial que se comporta por encima o fuera de una ley que también lo comprende. De cara al futuro: ¿no es esta una conducta que pone en juego la institucionalidad que se pretende defender?
Queda ahora muy poco espacio para el candor. O el esnobismo. Para jugar a la interpretación pura o a la tradición olvidando esa otra jurisprudencia: la que impuso el poder económico a lo largo de décadas. Y de la que sobra evidencia. Poco serio resulta defender en abstracto una separación de poderes que muy poco ha existido en el pasado para terminar tomando partido, en semejante coyuntura, por ese bastión del conservadurismo que ha sido y es el Poder Judicial en este país. Un Poder Judicial mucho más casado con el PRIAN que con los valores republicanos. Mucho más proselitista que garantista.
Haberlo pensado antes. Haber actuado a tiempo. El cúmulo de agresiones del Poder Judicial a la misma Constitución que debió defender, es la primera causa de la reforma que, con enormes defectos o no, hoy es Ley.
