Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
La Fiscalía General de la República confirmó que el asesinato de Héctor Melesio Cuén ocurrió en la finca en donde presuntamente se reunió con Ismael “El Mayo” Zambada y con el gobernador Rubén Rocha Moya. La fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, renunció por “consejo” del mandatario y hasta ahora es ilocalizable.
La FGR acusó que el video tomado en una gasolinería en la que presuntamente fue asesinado el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue un montaje de la Fiscalía estatal.
Por el comunicado emitido por la FGR, podría colegirse que la fiscal “recibió órdenes superiores”, lo que estaría involucrando al mandatario que se dice víctima de los periodistas y los acusa de poner su vida en peligro, al haber demostrado que no existe registro de su ingreso a Estados Unidos el día de los hechos: secuestro de El Mayo y ejecución de Cuén y la desaparición forzada del comandante de la Policía Estatal, José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, escoltas del criminal que está sometido a proceso en Nueva York, además de otras cuatro personas.
De acuerdo con el comunicado, la Fiscalía Estatal cambió sitios y personas de los hechos. La necropsia se realizó presuntamente horas después de hallar el cuerpo y enseguida fue incinerado. Video y la autopsia se sumaron a las pruebas halladas en la finca Huertos del Pedregal, con las cuales se aclaran situaciones y evidencian el ocultamiento y alteración de pruebas.
El Mayo, en la carta que difundió afirmó que el diputado local electo -Cuén- había sido ejecutado en el mismo lugar en el que fue secuestrado.
Ante el señalamiento, surgieron versiones que pretendieron cambiar la narrativa.
Sin embargo, con la confirmación de la Fiscalía General de la República, se descarta la supuesta falsedad atribuida al criminal.
Como se quiera observar la situación, para el gobernador se amplían las sospechas de sus nexos con los criminales que, a raíz del secuestro de El Mayo, han desatado una guerra en Culiacán y cuatro municipios más que dura ya 32 días y durante ese lapso han sido ejecutadas 217 personas, al corte del sábado pasado. La cifra no ha sido desmentida por la Fiscalía Estatal, lo que le da credibilidad.
Además, de acuerdo con un recuento difundido por Radio Fórmula, durante la guerra entre mayitos y chapitos han desaparecido más de 400 personas.
El estado, pero principalmente la capital, Culiacán, vive en la ingobernabilidad y la ausencia de policía estatal que cumpla con su responsabilidad de salvaguardar vidas y bienes, incrementa la violencia.
La presencia de cerca de 3 mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional no ha evitado los enfrentamientos y menos lograr la pacificación prometida por el expresidente y la actual presidenta.
La visita del gabinete de Seguridad a Culiacán, encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuh -la reunión se realizó en la zona militar- y los anuncios de que se pondrá en marcha una estrategia que pacifique la entidad, no intimidó a los criminales.
Si al gobernador le encuentran responsabilidad por la violencia, que ha provocado muerte, desaparición de personas, cierre de comercios, escuelas y oficinas, su salida podría ser parte de la estrategia de seguridad.
Rubén Rocha Moya siente estar protegido por el gobierno de la presidenta de la República, quien ha pedido pruebas no especulaciones sobre las acciones del mandatario. “No hay impunidad, pero se requieren pruebas”, señaló en una de sus conferencias matutinas.
Probablemente la información en poder de la FGR le sirva la primera mandataria.
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