Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
“Distraídos” por todo lo que ocurría en la reforma judicial, a muchos nos pasó de noche la presentación de dos iniciativas para hacer agregados a la Ley de Seguridad Nacional.
Gracias a la entrevista realizada por Carmen Aristegui a Luis Fernando García, director de la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, nos cayó el 20.
Lo grave es que, aunque lo niegue la presidenta y en el pasado su mentor, la política que se sigue terminará convirtiendo a México en una dictadura y a los habitantes en delincuentes.
De acuerdo con la información difundida en el portal de la periodista, el primer proyecto de decreto, presentado el 3 de octubre de 2024 por la senadora Corona, busca adicionar una fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.
¿Qué propone?
Clasificar como amenaza a la seguridad nacional “toda actividad ilícita cometida mediante el uso de medios electrónicos, digitales, tecnológicos, redes de comunicación o informáticos que pongan en riesgo el orden público y la paz social”.
La segunda iniciativa, introducida el 8 de octubre por el diputado Coss, añade como amenaza actos relacionados con la manipulación o destrucción de información contenida en sistemas informáticos del Estado.
¿Cuáles serían las consecuencias?
A la vista están: el gobierno federal espiará a todos, todos absolutamente, sobre todo a los “enemigos” del régimen para “encontrar” la malignidad de los mexicanos que actúan por cuenta propia, por orden de políticos opositores -y de casa-, de empresarios que tengan información valiosa y aquellos que formen parte del crimen organizado y el narcotráfico.
Se romperá el principio del respeto a la privacidad y se pondrá en riesgo la libertad y vida del espiado.
De suyo, los tres últimos gobiernos, han negado sistemáticamente que espíen a los ciudadanos. Sin embargo, trabajos periodísticos han confirmado que con el uso del sistema Pegasus de origen israelí y comprado por el gobierno de Felipe Calderón, se ha espiado a enemigos políticos.
El pasado gobierno negó espiar a sus adversarios y, sin embargo, el que fuera director del CIN, Audomaro Martínez Zapata, tenía información privada de periodistas, académicos, políticos y “adversarios” que era utilizada en las mal llamadas mañaneras.
El nuevo secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana ¿por qué se llamará así, si los ciudadanos no participamos en nada que no sea ser víctimas?-, Omar García Harfuch, sobreviviente de un ataque del CJNG, llegó a una dependencia desnuda después del traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y para poder cumplir los compromisos de la presidenta Sheinbaum instrumentó el plan nacional de seguridad en el que destacan la “inteligencia y la investigación”.
Y por lo afirmado por Luis Fernando García, la inteligencia se centrará en el espionaje legalizado si, como seguramente ocurrirá, la corte de Palacio Nacional con residencia en San Lázaro, se aprueban las iniciativas presentadas.
Hasta ahora no se ha sabido si han sido turnadas a comisiones para estudio y en su caso dictaminarlas.
La Ley de Seguridad Nacional fue utilizada para amparar las obras faraónicas del pasado gobierno y evitar que la ciudadanía fuera enterada de costos, asignación de contratos y destrucción de la flora y fauna.
En ningún artículo de la citada ley encuadra un tren, un aeropuerto y una refinería.
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