Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Dirían que es un mero trámite.
No, no lo es.
Cuando un funcionario requiere de ser aprobado por alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, se la del Senado o la de Diputados, no está autorizado para ejercer el cargo.
Sin la ratificación, en este caso, del Senado de la República, Juan Ramón de la Fuente a actuado en la ilegalidad.
Seguro se comprometió a cumplir con la Constitución al momento en que la presidenta llamó a todos los secretarios, subsecretarios y demás, a rendir su protesta de ley para ejercer las funciones que les fueron asignadas.
Sin embargo, el acto protocolario no lo exime de ser ratificado por el Senado.
Y apenas ayer la Comisión de Relaciones Exteriores dictaminó su ratificación que deberá ser aprobada por el Pleno.
Presuntamente en la sesión de hoy miércoles será el acto cumbre para que sea, formal y legalmente, el secretario de Relaciones Exteriores.
Debido a ello, todos los actos que haya realizado: nombramientos, asignaciones, diálogo con sus pares de otros países etcétera, carecen de legalidad.
Porque no es, por lo menos hasta hoy, un funcionario que haya recibido el visto bueno de la instancia que debe otorgarlo.
No debería sorprendernos lo ocurrido.
Ya sabemos que a la cuatroté, desde el más alto nivel, tiene el principio de “si la ley no lo permite, hay que cambiarla” (caso Paco Ignacio Taibo II) y otros como otorgar concesiones a la milicia sin estar contempladas en la ley orgánica de la Administración Pública o las leyes de las instituciones de las fuerzas armadas. Ejemplos como declarar de seguridad las obras insignia del pasado gobierno, violaron la Ley de Seguridad Nacional, porque ninguna de ellas está contemplada en su texto.
La representación de México ante los organismos internacionales y los países con los que tiene relaciones diplomáticas, no es cosa menor. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores propone al Ejecutivo federal las posibles nominaciones de embajadores, aunque es facultad exclusiva presidencial en ocasiones escucha sugerencias.
Juan Ramón de la Fuente carga su estrella como rector de la UNAM, cargo al que llegó al finalizar la huelga de 9 meses. Después fue electo y reelecto y durante los siguientes 16 años impulso a dos de sus amigos que completaron el ciclo de 24 años dirigiendo la universidad con sus títulos de doctores en medicina.
En política, solamente llegó a ser secretario de Salud en el gobierno de Ernesto Zedillo que, en alguna ocasión, le espetó que no era capaz de curar una gripa.
Reapareció al ser nombrado representante permanente de México ante la ONU y corrió con suerte al ser elegido presidente pro témpore del Consejo de Seguridad.
Que se sepa, su papel fue meramente presencial y no logró que alguna de las propuestas de México, como es el levantar el embargo a Cuba, alcanzara los votos suficientes para que la petición se concretara. Era como la décima ocasión que algún país solicitaba lo mismo con iguales resultados.
En el nuevo gobierno fue de los primeros en ser anunciado como próximo -hace mes y medio- secretario de Relaciones.
Con el triunfo de Claudia Sheinbaum, fue ratificado por la presidenta.
Pero le faltaba cumplir con el requisito que el Senado hiciera lo propio.
Habrán transcurrido 9 días de la toma de posesión presidencial y De la Fuente no ha sido -lo será hoy si las estrellas se alinean- ratificado como titular de la carrera de exteriores.
Luego, entonces, los nombramientos, despidos, jubilaciones etcétera hechos por De la Fuente ¿son legales?
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