¿Y la Deuda Pública de México? Respuestas Sexenales en el Siglo XXI

A la Vuelta de la Esquina

 

IVÁN RUIZ FLORES

¿Cómo nos irá con Claudia Sheinbaum en deuda pública?

La esperanza general de los que saben de la materia, es que sea un periodo mejor que el del sexenio que está concluyendo, en el cual la esperanza es que exista mayor sensatez y menos caprichos de quién encabezará los destinos de la nación.

Efectivamente, porque eso, los caprichos de palacio, fueron la línea seguida por los funcionarios en materia económica y nos ha ido como en feria en materia deuda pública durante los sexenios del siglo XXI.

Los estudiosos apartidistas e imparciales del Senado consideran en ese tema: 

“El manejo de la deuda pública debe darse siempre con criterios de sostenibilidad fiscal, y los recursos contratados mediante deuda deben enfocarse estratégicamente y con miras a que tengan un adecuado costo-beneficio en términos inter temporales”.

¿Cómo le ha ido a México en los últimos tres sexenios que gobernaron Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador?

Usted juzgue. Los datos del trabajo realizado por los especialistas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en su sección “Notas Estrategicas” con el título “Análisis comparativo en el contexto de la OCDE del nivel y crecimiento de la deuda pública bruta per cápita de México durante las últimas administraciones federales”, lo informan.

Puntualizan, por ejemplo, que en ese lapso del siglo XXI “…se ha mantenido en el país una tendencia real predominantemente creciente de la deuda bruta per cápita del Sector Público Federal. Sin embargo, México se ha mantenido dentro de los últimos lugares de la OCDE en el ranking de la deuda pública bruta per cápita durante los períodos comprendidos por las últimas administraciones federales”. 

Explican: 

“La deuda pública puede ser un instrumento útil de las finanzas públicas para hacer frente a choques y crisis económicas mediante la aplicación de medidas contracíclicas. Por ejemplo, al incrementar el gasto público para impulsar el crecimiento económico, y así reducir el impacto negativo de choques y crisis económicas. Asimismo, la deuda pública puede utilizarse para incrementar la inversión pública en infraestructura y otros proyectos que puedan contribuir a generar crecimiento económico, de tal forma que los beneficios de haber incurrido en dicha deuda puedan superar a sus costos en el pago de intereses (costo financiero)”.

LA VERDAD SOBRE

ESTOS TEMAS

Especifican estos expertos, tras realizar la investigación, desarrollar el trabajo y llegar a las conclusiones: 

“En todos los años analizados del período 2007-2022 México se ubicó en los últimos lugares de la Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económicos (OCDE) con relación al nivel de su deuda pública bruta per cápita medida en dólares de EE.UU. corrientes, en términos de Poder de Paridad de Compra (PPP)”.

Y precisan: 

“Durante el gobierno del Presidente Calderón (2007- 2012) México se ubicó en la posición 27 de los 33 países analizados de la OCDE con relación a la tasa media de crecimiento anual (TMCA) de la deuda pública bruta per cápita medida en dólares de EE.UU. corrientes, en términos de PPP.” 

Asimismo, en el gobierno de Peña Nieto (2013-2018)… “México se ubicó en la posición 24 de los 34 países analizados de la OCDE con relación a la TMCA de la variable analizada.

Ahora que, en el mandato (que en unos días concluye) de López Obrador, entre 2019 y 2022 “México se ubicó en la posición 15 de los 32 países analizados de la OCDE con relación a la TMCA de la variable analizada”.

Y puntualizan los especialistas del IBD:

“El mayor nivel de la deuda bruta per cápita del Sector Público Federal de México, al comparar el primero y el último año de las cuatro más recientes administraciones federales, se alcanzó durante el último año contabilizado del gobierno del Presidente López Obrador (2023) con 121,036 pesos constantes por habitante (a precios de julio de 2024)”.

Pero… “El mayor crecimiento real de la deuda bruta per cápita del Sector Público Federal de México, al comparar el primero y el último año de las cuatro más recientes administraciones federales, se alcanzó durante el gobierno del Presidente Calderón (2007- 2012), con una TMCA -en dicha variable- de 9.9%, mientras que el menor nivel en dicha variable se tuvo en los años contabilizados del gobierno del Presidente López Obrador (2019-2023) con una TMCA de 0.7%”.

En la investigación los especialistas señalan también que, de 2007 a 2012 la TMCA en el gobierno de Calderón (2007-2012) “fue de 6.5%, lo que ubicó al país en la posición 27 de los 33 países analizados de la OCDE, mientras que el promedio de la OCDE en dicha variable fue de 10.4%.”

Precisan, por ejemplo, que en el período correspondiente al gobierno del Presidente Peña Nieto (2013-2018) fue de 2.2%, “lo que ubicó al país en la posición 24 de los 34 países analizados de la OCDE; mientras que el promedio de la OCDE en dicha variable fue de 2.9%.”

Es un gran trabajo. Y como los autores señalan:

“…la investigación legislativa se puede considerar como una modalidad de la aplicada, es decir, a diferencia de la investigación pura, no busca realizar generalizaciones para el desarrollo de un modelo teórico; por el contrario, está orientada a temas bien acotados y de orden práctico que puedan aportar elementos para el trabajo legislativo. Esta actividad no se reduce a la recopilación de datos, incluye un nivel de análisis que le da un valor agregado a la información. Los estudios son muy variados, pueden abarcar desde una revisión de los puntos sobresalientes de iniciativas o reformas legislativas, estudios de evaluación de impacto legislativo (ex post y ex ante), diagnósticos sobre temas de interés para la legislatura y estudios de opinión pública, entre otros. Normalmente un centro de investigación no realiza todos los tipos de estudios, dependerá de las capacidades instaladas (particularmente con la formación del staff de investigación) y la tradición que tenga cada Congreso, de manera que responda a los formatos y expectativas de las personas usuarias”.

“Un servicio de investigación que forme parte de una administración parlamentaria no partidista es generalmente la entidad mejor situada para proporcionar los diversos tipos de apoyo a la investigación que requieren los parlamentarios. Puede confiarse en la capacidad que tienen los investigadores de utilizar argumentos admitidos y bien fundamentados para desarrollar líneas de investigación a fin de ayudar a los parlamentarios en la realización de su trabajo”.

Veremos lo que sucede en el sexenio de Claudia Sheinbaum. 

 

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