Las senadoras Geovanna Bañuelos y Liz Sánchez coincidieron en que la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas permite resarcir una deuda histórica del Estado a través de la reivindicación de sus derechos, al reconocerlos como sujetos de derecho público.
Al fundamentar, en comisiones, a favor del dictamen por el que se reforma el Artículo 2 Constitucional, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), destacó que con el gobierno de la Cuarta Transformación la realidad de estos sectores de la población ha cambiado positivamente.
“Tristemente los gobiernos anteriores nunca les dieron ni reconocieron sus derechos, dejando a los pueblos excluidos e invisibilizados; de hecho, fue la imposición de modelos de desarrollo externos los que contribuyeron a la desestructuración de las comunidades indígenas y afromexicanas, además, la pérdida de sus sistemas de conocimiento tradicional, pero con la llegada de la Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador, esta realidad cambió”, mencionó la legisladora.
Explicó que durante la actual administración, se ha privilegiado el diálogo plural, se generaron compromisos y se cumplieron acuerdos en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos.
De hecho, resaltó, en este sexenio se han destinado montos históricos de recursos públicos, mismos que pasaron de 80 millones de pesos en 2018 a 141 millones de pesos en 2023.
Es decir, en tan solo 5 años se incrementó en un 75% el gasto federal para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas”, apuntó.
En este sentido, Geovanna Bañuelos aseguró que la reforma garantiza que se brinde asistencia jurisdiccional idónea con intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados en derechos indígenas, pluralismo, jurídico, perspectiva de género, diversidad cultural y lingüística.
“El dictamen también establece el derecho de la consulta libre, previa, informada y de buena fe, para proteger sus derechos bienes y valores”, detalló.
Además, subrayó que un cambio fundamental es que será obligación del Estado mexicano preservar, difundir y fomentar su cultura lengua y educación, además de que el Estado deberá promover, usar, desarrollar, preservar, estudiar y difundir las lenguas indígenas como elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación.
En su turno, la senadora Liz Sánchez recordó que la esencia de México es un auténtico mosaico de historia y tradición multicultural que cuenta con más de 23 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, y una vasta población afromexicana.
“México es uno de los países con mayor riqueza lingüística en el mundo. Además del español, contamos con 68 lenguas indígenas, que se diversifican en 364 variantes lingüísticas, cada una de ellas reflejo de una cosmovisión única y un conocimiento profundo de la naturaleza, la vida y el ser humano”, apuntó.
No obstante, dijo que a pesar de que existen casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena, esta riqueza lingüística ha estado en peligro por décadas, debido a la marginación de estas comunidades.
Por ello, resaltó que con esta reforma al establecer la obligación del Estado de preservar, promover y difundir las lenguas indígenas como parte fundamental de la diversidad cultural de la nación, se garantiza la educación intercultural y bilingüe, reconociendo el derecho de las comunidades a mantener sus propias formas de enseñanza.
Además, se reconoce la medicina tradicional como parte del sistema nacional de salud pública, fortaleciendo una perspectiva intercultural que enriquezca el acceso a la salud para toda la población.
“Otra medida que mira hacia el futuro de las comunidades indígenas y afromexicanas, es garantizar el acceso a la comunicación mediante la extensión de las redes físicas y del espectro radioeléctrico”, señaló.
Otro aspecto que destacó la senadora Liz Sánchez fue la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos, ya que sostuvo que la reforma reconoce políticas y programas específicos para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, discriminación y exclusión, asegurando que puedan disfrutar plenamente de sus derechos.
“Una parte central de la reforma es garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en el desarrollo de sus comunidades. En igualdad de condiciones, se asegura su acceso a la educación, a la propiedad de la tierra y su participación en la toma de decisiones públicas”, detalló la legisladora.
