Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
A lo largo del gobierno actual se nos ha dicho que la política contra la violencia -de todo tipo- ha dado resultados. Nos aseguran que los delitos han disminuido de manera importante y, como quienes lo dicen tienen el esquema de “no mentir, no engañar y no robar”, muchos creen la versión oficial.
Sin embargo, una institución del Estado, el INEGI, en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), ofrece una versión distinta a la que han sostenido el huésped temporal e Palacio Nacional -le quedan 9 días para desalojar- y la secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, futura secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Y los números, se afirma, no mienten.
De tal suerte que sí nos han mentido, engañado y robado… muchas vidas, mucha libertad, mucha seguridad.
La Envipe revela que en 223 se cometieron 31 millones 300 mil delitos, que abarcan todo el abanico y evidencian la violencia, la criminalidad y la inseguridad en que vivimos quienes habitamos el país.
La cifra, dice el INEGI, es la más alta en los últimos cinco años y supera en 4.5 millones los delitos registrados en 2022. Existe la aclaración: no se conoce el número real, porque la cifra negra está conformada por aquellos delitos no denunciados.
El aumento. En porcentaje y en relación con 2022, representa un incremento del 16.79 por ciento.
Es el México real. No el bizarro en el que todo mundo está “feliz, feliz, feliz”.
Sorprende que cuando las fuerzas armadas tienen al 50 por ciento de sus elementos en las calles procurando, según la versión oficial, proteger a los ciudadanos, los delitos vayan al alza y no se reconozca.
El INEGI si bien en ocasiones altera resultados para quedar bien con el “amo” del rancho ubicado en Palenque, es, sin embargo, como regla general, es una institución creíble.
La violencia se encuentra desbocada. Y en términos concretos son los cárteles criminales los que la encabezan.
Ya no son solo Sinaloa, Guanajuato y Chiapas en donde se registran enfrentamientos entre criminales que cobran vidas de inocentes. Se mantiene la visión de los “daños colaterales”, lo que equivale a desestimar el valor de la vida.
Sin entrar en materia ética, hay que apuntar sin exageración, que la obligación del Estado representado por el presidente de la República, no únicamente falló en materia de salud, de crecimiento económico, de unión nacional, sino también seguridad.
Es imposible aplaudir a quien orondamente se autoelogio y anuncia que se va con la conciencia tranquila de “la misión cumplida”.
Es conocido que elogio en boca propia es vituperio. Y, sin embargo, nada importa en aras de mantener el engaño repetido a lo largo de 5 años 11 meses y 21 días -como el de hoy- y, como es costumbre, se oculta la realidad.
En el México real, reconocido por el organismo estadístico, apunta que casi tres cuartas partes de la población mexicana, el 73.6%, percibe inseguridad en el estado donde residen.
Y no se excluye ninguna entidad.
¿Qué hace el ejército, la marina y la guardia nacional para cambiar la percepción?
Ser “amistosos” con los criminales porque, como dice la presidenta electa, al desmentir que el país esté militarizado, que militarización sería que las fuerzas armadas tomaran las decisiones… en México las toma un civil.
A lo mejor por eso estamos en busca del manto protector de Dios.
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