Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Ante el escándalo desatado por le enfermedad del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, considerado como “el traidor” del bloque de contención -opositor- en la Cámara Alta, y las versiones de que fue cooptado por el coordinador de los congresistas de Morena, Adán Augusto López Hernández, surgen dudas y muchas.
La información no desmentida y publicada inicialmente por el politólogo Ricardo Raphael en el diario Milenio, revela que en Palacio Nacional se realizó la reunión en la que se acordó que si el veracruzano votaba a favor de la reforma judicial se cancelaría tres de otras más denuncias penales cuyas carpetas de investigación que datan de años atrás y que están más vivas que un dolor de muelas y también se cancelarían las que alcanzarían a su padre, Miguel Ángel y a su hermano Fernando, diputado local en Boca del Río, la pregunta obligada:
¿Por qué si en el PAN sabían que su militante no es puro químicamente y tiene abiertas investigaciones lo postularon para el Senado?
Este es un caso.
Sin embargo, hay otros y más. El del senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, a quien le quieren aplicar la presenta orden de aprehensión fraguada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
Y está el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, a quien el exfiscal de aquella entidad, Renato Sales, obtuvo órdenes de cateo hurgar en sus residencias, en Chetumal y otros municipios de la entidad. Se le ha señalado de tener vínculos con criminales, de haber desviado recursos del Estado cuando lo gobernó y ahora de violar la Constitución por haber realizado asambleas “espurias” -dicen quienes lo acusan entre quienes están Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa, todos expresidentes del PRI-, lo que lo incluye en la lista de presuntos delincuentes.
Hay más y no solamente senadores. Diputados, gobernadores, presidentes municipales y un largo etcétera.
No es este espacio el que denuncia, acusa y juzga. Quien escribe, no es afectado, fiscal o juez para osar lanzar acusaciones.
Las han hecho quienes afirman haber aportado pruebas ante la Fiscalía General de la República y las estatales. Cierto o no, hay decenas de versiones sobre las actuaciones de los que hoy tienen poder y fuero.
Incluso hasta el huésped temporal de Palacio Nacional ha sido mencionado por sus presuntas ligas con el crimen organizado. El primer en decir que Andrés Manuel López ejercía un narcogobierno, fue el difundo Porfirio Muñoz Ledo y después se han sumado escritoras, columnistas, políticos, abogados y otra larga etcétera.
Por el escándalo de Yunes Márquez, aflora que, en los partidos políticos, las instancias electorales como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no han retirado candidaturas por los presuntos ilícitos cometidos por quienes encontraron el avala de sus dirigentes partidistas para competir y ganar en las elecciones federales, estatales y municipales.
La reforma judicial no solamente hará trizas el sistema de administración de la justicia, sino la carrera de muchos de los que supusieron que el fuero los salvaría, por lo menos durante el lapso que dure su encargo.
No advirtieron que las comisiones y subcomisiones encargadas de los juicios políticos que terminan en desafuero están en manos del oficialismo que, a como dé lugar, quiere hacerle el regalo de despedida al inquilino de Palacio.
En charla con el senador Waldo Fernández, del PVEM, confirma que de aprobarse este día la reforma judicial se enviará de inmediato al Constituyente, es decir, a los congresos locales y confía en que antes de fin de mes esté de regreso en la Cámara de origen, la de Diputados, para que de ahí viaje a velocidad supersónica a Palacio Nacional para que se expida el decreto.
Ratifica la fecha de conclusión de la primera y la más riesgosa parte de la reforma judicial, que los congresistas del oficialismo “cumplirán su palabra” con el regalo prometido.
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