Los Dados de Dios
NIDIA MARIN
En el nuevo sexenio que ya toca a la puerta, con la primera mujer al frente del gobierno federal, ¿se logrará que el Estado cumpla con su obligación “…de respetar, proteger, garantizar y promover todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres adolescentes y niñas…”?
Lo veremos y a lo mejor como señala la especialista Karla Berdichevsky Feldman se facilita la garantía de acceso de este grupo de mujercitas mexicanas, se les facilita su garantía de acceso y, como ella expone “… evitando prejuicios y estereotipos de género, proporcionando toda la información sobre el sexo, la sexualidad, la reproducción, el aborto y a los servicios médicos relacionados”.
Berdichevsky Feldman, en su trabajo “Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres”, publicado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, durante la pasada legislatura, resalta, por ejemplo, que “…las tasas de fecundidad y natalidad en este grupo de edad constituyen el indicador clave a partir del cual se plantearon las metas para 2030 de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) como política intersectorial:
“1) erradicar los nacimientos entre las niñas y adolescentes de 10 a 14 años y
“2) reducir 50 por ciento la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años”.
PRINCIPIO DE INTERÉS
SUPERIOR DE LAS INFANCIAS
Ojalá y haya una respuesta positiva, ya que Berdichevsky, con 20 años de experiencia, es médica general, graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una maestría en salud pública por la London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Además, lleva 20 años en investigación y diseño de programas y políticas de salud sexual y reproductiva, implementadas tanto en México como en la región de América Latina y el Caribe.
Ella considera necesaria “… la concurrencia de diversos instrumentos para la aplicación del principio de interés superior de las infancias para asegurar la prevención de los nacimientos en menores de 15 años”.
Expone que, aun cuando los servicios de aborto seguro fueran disponibles y sensibles a una perspectiva de ajuste en la política pública centrada en las necesidades de las adolescentes de menos de 15 años, “existen una serie de barreras que quedan por resolver para habilitar su acceso al servicio de salud”.
A su juicio, “resulta fundamental construir un esfuerzo articulado con perspectiva de género e interseccional que permita desnormalizar el embarazo en las adolescentes más jóvenes, y en todo caso, visualizar el aborto como una intervención terapéutica de acceso a la justicia reproductiva”.
Y ofrece datos impresionantes del Subsistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de Salud, por ejemplo…
“…en 2022 se registraron un total de 1,602,564 nacimientos en México, de los cuales el 16 por ciento se presentaron en menores de 19 años de edad (252,049) y 9,093 de estos casos fueron en madres menores de 15 años de edad.”
Precisa algo que debe tomarse en cuenta…
“Al poner en contraste los datos de la ENDIREH 2021 en el que 12.6% de las mujeres entrevistadas declararon que fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual antes de los 15 años, se puede sostener que cada caso de una niña que se vuelve madre es síntoma de un problema de violencia mucho más prevalente. Por otro lado, de acuerdo estimaciones de la OMS, una de cada tres niñas y adolescentes tuvieron un primer encuentro sexual bajo algún tipo de coerción”.
También hace mención a cifras de la CONAPO:
“… en 2018 el 50% de los embarazos en niñas de 10 a 14 años y en más del 65% en adolescentes de 15 a 17 años, el progenitor tenía entre 18 y 29 años. Los datos señalan que, en las menores de 15 años de edad que presentan un nacido vivo, solamente el 1% de los progenitores son del mismo grupo de edad y no se registra la edad del 28% de los padres”.
Por lo tanto… ¡OJO!
“Esto demuestra relaciones de poder desproporcionadas entre las niñas que se vuelven madres y los progenitores”.
No sólo esto, sino…
“Es de resaltar también que muchos de estos embarazos ocurren en contextos socialmente aceptados en nuestro país en los que se da la unión con hombres de mayor edad…”
Y lo exhibe…
“En México, el Censo de Población y Vivienda 2020 registró 224,454 adolescentes de 12 a 17 años en una situación conyugal de unión (casadas o en unión libre) y cuatro de cada 100 adolescentes en el país está o ha estado en unión conyugal.
“Aunque esta problemática ha sido reconocida en el marco jurídico vigente falta operar políticas públicas que reconozcan que el embarazo en niñas resulta de estas relaciones asimétricas donde las niñas tienen poco o ninguna oportunidad de dar un consentimiento”.
SALUD, SECTOR QUE
REQUIERE ATENCIÓN
No es todo, porque por ejemplo la doctora expone lo que sucede en el sector salud que, para nada es como el de Dinamarca. Sí, ocurre que “…hay una tendencia a naturalizar los embarazos en niñas menores de 15 años y una falta de reconocimiento de que éstos estarían vinculados a violencia de género para entonces implementar las acciones estipuladas en la normativa vigente.
Dice, además:
“De acuerdo con lo establecido en la NOM-046-SSA2-2005, las personas agredidas sexualmente deben recibir atención en las primeras 72 horas después del ataque, con el objetivo de evitar infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, y hasta 120 horas después de la violación para la prescripción de pastillas de anticoncepción de emergencia, o siete días para colocar un dispositivo intrauterino y evitar un embarazo no deseado”.
Perooo
“Sin embargo, es común que las niñas o adolescentes menores de 15 años se presenten en un servicio de salud cuando han transcurrido varias semanas de gestación. Bajo el amparo legal de esta misma NOM-046-SSA2-2005, las niñas y mujeres que no pudieron prevenir un embarazo como resultado de una violación sexual, a partir de los 12 años de edad tienen derecho a recibir servicios de aborto seguro a través de la interrupción voluntaria del embarazo, sin la necesidad de presentar una denuncia”.
¿Entonces qué sucede?, preguntará usted.
Ella, lo explica:
“La complejidad de estos casos radica en que el factor común de que los agresores sean familiares o personas cercanas a las víctimas, e implica la necesidad de una atención social más amplia que la otorgada en los servicios de salud y una coordinación entre las diferentes dependencias gubernamentales para dar inicio a planes de restitución de derechos”.
Ofrece datos recientes:
“En los registros de la Secretaría de Salud más recientes se han atendido durante el 2022 un total de 18,301 casos de violencia sexual en los servicios estatales de salud. De ellos, 3,440 corresponden al grupo de edad de 10 a 14 años y 5,574 al grupo de 15 a 19 años. Estas atenciones equivalen a un 49% de las atenciones totales. Esta proporción es mayor que en el total del 2020, cuando se atendió al 45% y mayor que en 2019, cuando se atendió un 37% de niñas y adolescentes por violencia sexual.
“De acuerdo con el cubo de egresos hospitalarios, el 1.3% de los egresos por abortos corresponden a niñas de 10 a 14 años de edad…”
A su juicio, la severa problemática en la materia debe ser leída, analizada y sopesada por quienes tienen la obligación de establecer mecanismos legales para su tratamiento ya que afecta a la República Mexicana.
Los integrantes de la LXVI Legislatura tendrán la palabra y parte de la obra.
