Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Un cateo con dos lecturas:
1.- Hallar las pruebas sanguíneas y dactilares de quienes estuvieron presentes en la reunión, ya no presunta cumbre, entre Ismael El Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López, Héctor Melesio Cuén y, aquí sí, presuntamente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y,
2.- Encontrar cualquier indicio que pueda relacionar al mandatario estatal -y a otros- con el narcotráfico y el crimen organizado.
A 36 días de la captura del capo más buscado por Estados Unidos y de la ejecución del exrector y diputado electo de las oposiciones, parecería poco probable que los investigadores de la Fiscalía General de la República logren mayores avances.
La FGR estima que Cuén podría haber sido ejecutado en la finca San Julián, donde fue privado de su libertad Ismael Zambada García, por Joaquín Guzmán López, y donde se cree que fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, está siendo cateado por personal de la Fiscalía
General de la República. Eso dice un escueto comunicado de la dependencia.
Si la primera lectura resultara veraz, todo estaría “aclarado” gracias a las “profundas investigaciones” realizadas por la autoridad federal toda vez que la estatal alteró o no cuido la escena del crimen y trató de atribuir el asesinato del exrector a un intento de robo cuando estaba con su chofer cargando gasolina para su camioneta. La necropsia realizada no cumplió los protocolos y la incineración inmediata despertó ¡finalmente! las sospechas de la FGR.
Por el contrario, si es la segunda, entonces hay mucho de fondo y hasta ahora no se ha llegado al piso.
Las dos visitas presidenciales -del que se va y la que va a llegar- un día después de ocurridos los hechos y el respaldo abierto, sin límite y con alarmante protección, hacen suponer, solamente suponer, que, en el profundo mar de la corrupción y las relaciones personales tanto del huésped temporal de Palacio Nacional como del mandatario estatal, hay algo más que corales y peces ciegos.
Se diría que hay investigaciones que tardan años y, sin embargo, se concretan y se atrapa al o los responsables del delito. El viejo paradigma de que el criminal siempre regresa al lugar de los hechos, aquí no aplica. Primero, porque El Mayo y El Chapito están en chirona; segundo, porque no se ha comprobado la participación del señor Rocha Mayo y tampoco de sus cercanos que, supuestamente, estaban en la reunión y finalmente, porque a José Rosario Heras López, comandante de la Policía de Investigación de Sinaloa (léase: Fiscalía estatal) se encuentra “desaparecido” desde el 25 de julio, fecha en que ocurrieron los hechos.
La renuncia de la fiscal, Sara Quiñónez, a recomendación del gobernador que le “di un consejo, no una orden”, evidencia que hay atrás situaciones comprometedoras para sus policías, el mandatario y probablemente en niveles superiores. Usted imagínelos.
¿Qué esperan encontrar los peritos en criminalística de la FGR?
Hasta donde se sabe y de manera oficial, por los escuetos comunicados de la FGR, podría hallarse alguna pista que confirme o haga desmentir hasta ahora lo investigado. Si se confirmaran las actuaciones ejecutadas hasta ahora, la posibilidad del involucramiento de personajes hasta ahora intocables.
Es de entenderse que la FGR, aunque constitucionalmente es autónoma, tiene cercanía con el presidente de la República quien ha sostenido en diversas mañaneras que sus opiniones no influyen en las acciones de la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero.
Si lo que se avecina podría ser un juego de apuesta, seguramente los momios serían a favor de la segunda lectura. Más como no lo es, apostar a ciegas es solo de ingenuos.
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