A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
Adiós a la “autonomitis” mexicana, como le denominaron a la creación de órganos autónomos.
¡Salud! por la engorda de la burocracia mexicana, no precisamente porque los destinos de la misma vayan a estar en el cerebro manipulado y desviado de quien será el nuevo dirigente de la institución que los aglutina, sino por la llegada de los órganos autónomos.
La historia de los mismos, hoy en crisis propiciada desde el propio gobierno, es antigua y por lo tanto cargada de nostalgia. Se remonta a los años noventa del siglo pasado, cuando el presidente Salinas de Gortari, en su quinto año de gobierno, permitió la institución del primer órgano constitucional autónomo en el país: el Banco de México. El aval fue a través de una reforma al artículo 28 constitucional.
La primera piedra estaba colocada y, posteriormente, durante 20 años (de 1993 a 2013) se fueron creando diversos órganos autónomos. Ahora también.
Hoy, sólo Morena rifa, pero antes en muchos casos, aseguran los estudiosos, estos organismos fueron creados por el consenso de varias fuerzas políticas de ideologías opuestas.
Efectivamente, una vez que concluya el proceso en el Congreso de la Unión, siete dirán adiós, cuando les borren de un plumazo su autonomía.
Sí, la gran ventaja que tenían de poder decidir autónomamente su forma de gobierno y definir normas de procedimiento, se irá por la cañería, por la que desaparecen las instituciones.
¿Y cuál era la autonomía?
Aseguran quienes saben:
“En sentido estricto, la autonomía respecto de los partidos políticos implica que sus integrantes sean funcionarios técnicos, de reconocido prestigio, pero sin afiliación política. Pueden ejercer una representación social, no una representación política. Este hecho nos enfrenta a su vez a un punto abierto al debate, en tanto los órganos constitucionales autónomos no poseen origen democrático (en el caso de los tribunales constitucionales este hecho ha generado reiteradas discusiones entre partidarios y detractores). Indudablemente, pueden jugar un papel fundamental dentro de un régimen democrático (el caso del INE resulta emblemático en este sentido), sin embargo, la designación de sus integrantes no es el producto de una elección popular. Por lo tanto, aunque no ejercen una representación democrática pueden ampliar la representación social”.
Así lo han considerado, entre otros estudiosos: Rodrigo Camarena, Mauricio A. Guim A., Ana María Zorrilla, quienes escribieron un excelente trabajo denominado “Construyendo a los Órganos Constitucionales Autónomos”.
Otros especialistas, puntualizan, como serán en la burocracia, porque…
“La subordinación de los miembros se considera completamente obligatoria y se espera que sea total, pues a las instrucciones formales de la organización se suman las posiciones sociales de los subordinados y los jefes”.
¿AGUANTARÁN EN EL
NUEVO DOMICILIO?
¿Con su llegada aumentará en forma importante la burocracia mexicana? han preguntado.
Y la respuesta es “¡no!”, porque son muy pocos los trabajadores y serás mínimo el incremento que tendrían los poco más de 8 millones de burócratas que hay en la República Mexicana.
No es pues por el número de nuevos burócratas, sino tal vez, como dice David Arellano Gault, quien desde 2009 planteó “La burocracia mexicana como actor: construyendo las bases para su análisis empírico”:
“En las democracias contemporáneas, muchas con rígidos y poderosos servicios civiles, es claro que la política burocrática es tan importante como la política partidista. La interacción tanto de burócratas como de políticos (en el Congreso y en el Ejecutivo) con grupos de interés es tan intensa que implica el desarrollo de mecanismos institucionales para regularla”.
Por cierto, las instituciones que todo indica llegarán a la burocracia son: el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU).
Adiós pues a la autonomía de aquellas instituciones, pero ¿el nuevo gobierno, que está por tomar posesión, creará alguna institución autónoma?
Pronto lo sabremos. Por el momento ya se están preparando en diversas secretarías de Estado para recibir a los expulsados de la autonomía.
Trabajan en la materia, las secretarías de: Economía, (SE), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, (SICT); el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI); y la Secretaría de Energía (SE), que recibiría al (CRE) y al (CNH).
Y como se mata a unos para adornarse con la creación de otros, los recursos económicos de los autónomos finados (si es que así sucede) los entregarán para ser utilizados por el Fondo de Pensiones Para el Bienestar, que será manejado nada menos que por el ISSSTE, que encabezará nada más y nada menos que ¡Martí Batres!
