NIDIA MARIN
El sexenio que concluye, indudablemente ha dejado una huella imborrable en miles de familias mexicanas. El dolor y la ira, de todas aquellas que fueron afectadas por la desaparición forzada, permanecerá, lamentablemente, por siempre.
Y es triste, pero la actual administración exhibió oídos sordos ante el sufrimiento y, por el contrario, desde Palacio Nacional hubo burlas en la materia.
La realidad es una: en 16 estados de la República se han registrado desapariciones, pero las cinco entidades con el mayor número de casos son: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León.
En menor medida, pero también han sido denunciadas en: Sinaloa, Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Guerrero, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, Puebla y Baja California.
Aquellas entidades con escasa problemática en ese rubro son: Campeche, Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes y Tabasco, aunque en dos de éstos, (Tabasco y Tlaxcala) el año pasado se desbordó.
Red Lupa, institución que le da seguimiento a la Ley de Desaparición Forzada, señala que tras el año 2022 en el cual se llegó a los 100,000 casos de personas desaparecidas, la cifra se incrementó hasta 7.3% el año pasado y ha seguido aumentado en este 2024 en un 6.3%.
Por cierto, 2023 fue el de los reportes más numerosos, la mayoría de los cuales se presentaron en las edades de 25 a 29 años.
En aquel reporte se mencionó que el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, establece un listado de conductas que, cuando se cometen en determinados contextos, constituyen crímenes de lesa humanidad. Dicho contexto se distingue por la existencia de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil.
Ahí también se precisó:
“Se entiende que el carácter generalizado supone un ataque en gran escala, dirigido contra un número significativo de personas; mientras que el carácter sistemático se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia, a la improbabilidad de que tengan un carácter fortuito y a la existencia de ciertos patrones en la ejecución de los actos, que se repiten regularmente”.
Todo esto lo mencionamos hoy, porque el próximo viernes es el Dia Internacional de la Desaparición Forzada, considerada mucho más que una violación de los Derechos Humanos, ya que a menudo se utiliza como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos.
“La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”, explica la ONU.
Expone la institución internacional que las víctimas saben bien que sus familias desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien vaya a ayudarlas.
Al haberlas separado del ámbito protector de la ley y al haberlas desaparecido de la sociedad, agrega, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores.
“Incluso si la muerte no es el desenlace final y tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedan libres, las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas de esa forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan”, especifica.
Y también es una gran verdad lo que además ha precisado: “…las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”.
De ahí que considere como “motivo de gran preocupación”: el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada (esto ocurre en México); el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada (como también sucede en nuestro país).
Este viernes, pues, escucharemos una vez más el reclamo de madres y familias de los desaparecidos forzados mexicanos.
¿Sabremos de resultados?
Seguramente no, ya que este sexenio que concluye es uno de los peores no sólo en desapariciones, sino en resoluciones en la materia.
