- La separación de poderes debe tender a la cooperación armónica entre los órganos del Estado, subraya Ana Lilia Rivera
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, aseveró que una reforma democratizadora del Poder Judicial es justa y necesaria, pues el pueblo de México exige poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales de todo tipo.
En un artículo titulado “Transformar el Poder Judicial para garantizar la justicia y consolidar la democracia”, la senadora afirmó que la separación de poderes debe tender a la cooperación armónica entre los órganos del Estado, para que la voluntad popular se exprese y materialice en leyes, instituciones y decisiones para beneficio del pueblo.
Sin embargo, denunció que, actualmente, el Poder Judicial no coopera, sino que bloquea las transformaciones que requiere el proceso democratizador actual y no está en armonía con las demandas de la ciudadanía.
En ese sentido, la legisladora subrayó que es importante poner atención especial en los procedimientos y jueces de distritos locales, ya que muchos de los vicios y corruptelas ocurren ahí.
“La administración de justicia en favor de los más desfavorecidos encuentra a ese nivel sus primeros obstáculos, pues quien puede comprarla obtiene los fallos judiciales a su favor y quienes no, frecuentemente, solo obtienen el oprobio, el presidio o el olvido”, señaló.
Por ello, Ana Lilia Rivera detalló que la reforma propuesta tiene entre sus principales elementos que todos los jueces y magistrados, desde los locales hasta los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sean electos mediante voto directo de la ciudadanía.
Eso no significa que los jueces y magistrados vayan a emprender campañas electorales a través de algún partido político, acotó, sino que, para dar a conocer sus propuestas, programas de trabajo y perfiles profesionales tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.
Otros puntos importantes de la reforma, detalló, son la reducción del número de ministros de la SCJN, de 11 a nueve; la disminución de su periodo como magistrados de 15 a 12 años; y la eliminación de las dos salas superiores de la Corte.
Además, las y los candidatos a ministros de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral serían propuestos de la siguiente manera: 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por el Poder Legislativo (cinco por cada Cámara) y 10 por el pleno de la Corte, y en todos los casos, con respeto a la paridad de género.
En lo que respecta al Consejo de la Judicatura Federal, puntualizó, se propone sustituirlo por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Con esta modificación se logra que ningún magistrado o magistrada concentre atribuciones y facultades que puedan derivar en autoritarismo y arbitrariedades, explicó.
Finalmente, concluyó Ana Lilia Rivera, la reforma propone garantizar la justicia pronta y expedita al establecer como máximo un año para que los jueces y magistrados resuelvan asuntos en materia penal y seis meses en materia fiscal, y así evitar demoras que terminan por afectar a los más pobres y favorecer a los oligarcas que pueden pagar abogados durante años para no ser afectados en sus intereses.
