Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
El pasado martes los mercados financieros y la paridad del peso frente al dólar, se cimbraron.
El peso perdió 4 por ciento y la Bolsa Mexicana de Valores cayó casi hasta perder el piso de los 50 mil puntos.
El resultado de las elecciones, provocó temores. El sector financiero, integrado por los “ricos de verdad” daba por descontado la victoria de la candidata presidencial pero, quizá con razón, estimaban que la mayoría sería para la oposición o al menos impedirían la calificada de los candidatos a diputados y senadores del oficialismo pudieran -porque todavía no es real la información de cómo quedará la conformación del Congreso de la Unión- tener todo el poder y otorgárselo a la virtual presidenta.
Frente a esta postura, durante una entrevista con el ingeniero José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), realizada en el programa Misión, Periodismo sin Regalos a través de Radio Cañón en el 760 de AM, le pregunté si el nerviosismo registrado el lunes sería seguido por una fuga de capitales. Su respuesta fue:
“No, las inversiones seguirán llegando más ahora con el nearshoring. Claro, los inversores vendrán siempre y cuando el estado de derecho garantice la propiedad privada”.
Escueto y con conocimiento de lo que sus representados, seguramente, le han transmitido.
Y es en donde brinca la libre, como dirían las abuelas.
Porque si el Instituto Nacional Electoral sobrerrepresenta a los partidos de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, diputados y senadores tendrán la mayoría calificada y estarán en capacidad de reformar la Constitución como les venga en gana, ya sea motu proprio o aprobando las iniciativas presidenciales hechas públicas el 5 de febrero pasado.
La más preocupante, al conocerse el contenido, es la reforma al Poder Judicial de la Federación que, antes de aprobarse una reforma constitucional, se hizo una legal -a la ley de amparo- en la que se borra la colectividad de un tema que suponga afectar a terceros y si bien la figura prevalece, tendrá que otorgarse por persona, empresa a institución.
Lo que plantea la reforma al Poder Judicial de la Federación es, técnica y jurídicamente hablando, un “golpe de estado”, porque desaparecía la estructura actual y reduciría el número de ministros de 11 a 9, quienes serían elegidos por el voto popular al igual que los casi 2 mil jueces federales y el millar de magistrados de colegiados.
En términos jurídicos, los especialistas en la materia estiman que se vulneraría el estado de derecho y se romperían los equilibrios que garantizan que hoy sostienen la aplicación de la justicia para la protección de los afectados.
Una reforma a modo, para que el Poder Judicial de la Federación no sea un verdadero poder autónomo y de esa manera el Ejecutivo Federal, quien fuere, tendría el control de las leyes a través del Congreso de la Unión y de la administración de la justicia, dejando intocada la procuración de justicia en manos de la Fiscalía General de la República, cuya autonomía no termina de convencer a juristas y ciudadanos.
Debido al anuncio formulado por Ignacio Mier Velasco, todavía coordinador de los diputados de Morena y quien a partir del primero de septiembre será senador y por tanto no estará al frente de la bancada en San Lázaro, de que la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial se discutirá y dictaminará en septiembre como tema prioritario -porque es el último mes de gobierno del señor López- y a la que no se le cambiará una coma o un punto, todo indicaría que el estado de derecho no será del todo derecho.
Ya veremos, pero como diría Juan Gabriel cuando le preguntaron si era gay, lo que se ve no se juzga.
Por tanto y dependiendo de cómo queda la reforma, es probable que se reduzcan las inversiones y se vayan importantes capitales.
E-mail: jesusmichelmp@hotmail.com, Facebook Jesus Michel, X @misionpolitica y en Misión, Periodismo sin Regaños martes y jueves de 16 a 17 horas por Radio Cañón en el 760 de amplitud modulada
