CÓNCLAVE
+ Piden Intervención de SCJN Para Resolver Juicio de Predio De 4,799 M2 em el Bosque de Chapultepec
ROSALÍO MARTÍNEZ BLANCAS
Al incumplirse un ordenamiento judicial de un asunto de un predio expropiado en el Bosque de Chapultepec que data de más de 32 años, está en riesgo el cargo de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido.
“Como lo dije, aunque en mí recaiga la representación legal de este Poder, el cumplimiento señala que, de dilatar el cumplimiento, dará vista a las autoridades correspondientes dentro del poder judicial pudiendo llegar este asunto al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia y tener como consecuencia la destitución de las personas servidoras públicas involucradas”, explicó.
En conferencia de prensa, la diputada presidente del Congreso capitalino, Gaby Salido aseveró: “…es caso de que la Suprema Corte no considere que la pérdida de una parte del Bosque de Chapultepec no es un daño grave a la sociedad y si escoge el camino de las sanciones, asumiré mi destitución de esta Presidencia con la frente en alto, pues los argumentos en favor de la defensa de la Ciudad están dados y las convicciones firmes”.
La legisladora refirió que están pidiendo la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que una vez que esté en sus manos el asunto resuelva un cumplimiento sustituto, pues la transformación de 5 hectáreas del Bosque de Chapultepec en una zona urbana, sin duda es una afectación grave a la sociedad. “En este punto pido su apoyo a la sociedad para hacer llegar en su momento argumentos a la Suprema Corte para que esto sea considerado así”, acotó.
Dicho mandato judicial por cambio de uso del suelo de área verde a uso de suelo habitacional con restricciones, en una extensión de casi 5 hectáreas en el Bosque de Chapultepec permitiría a la Inmobiliaria Trepi, Sociedad Anónima, poder construir, según consta en oficio 20130/2024, firmado por Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González y remitido al Congreso de la Ciudad de México.
La diputada Gaby Salido explicó: “Es exactamente en aquel 1992 que Camacho Solís expropió el predio ubicado en Monte Apalaches 525, Colonia Lomas de Chapultepec, cuenta con una extensión aproximada de 4 mil 799 metros cuadrados, mismo que se ubica en la tercera Sección del Bosque de Chapultepec. Este era precisamente su destino, ser integrado como Área de Valor Ambiental, por lo que se justificó de esa manera de utilidad pública que la ley ya exigía en su momento para realizar las expropiaciones”.
Agregó: “Este espiral jurídico se ha desenvuelto a lo largo de tres décadas, dio inicio una vez que, tras 7 años de inactividad por parte de las administraciones del Distrito Federal las personas que en su momento fueron propietarios del predio, tuvieron la oportunidad de exigir la devolución del mismo. En su momento, tras no realizar actividad alguna de las que justificaron en su momento la expropiación, es decir la habilitación como parte de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, surgió la posibilidad de reclamar la devolución de la que he hablado. Sumado a ello que no fue hecho el pago indemnizatorio correspondiente”.
También citó que, en su momento, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se vio involucrada, debido a su facultad para realizar cambios de uso del suelo. Si bien la omisión principal existió por parte del Gobierno central para cumplir de alguna forma con la sentencia, teniendo como eje, la conservación del patrimonio ambiental de la Ciudad, sin embargo, no hubo acción al respecto.
Finalmente, Gaby Salido aclaró: “Tanto esta Presidencia. Como la Junta de Coordinación Política, han realizado lo que está en sus manos para dar cauce legal al asunto, pues estoy convencida de que la ley debe cumplirse. Sin embargo, los términos de la resolución nos ponen entre la espada y la pared, pues las decisiones en un órgano legislativo como lo es el Congreso, son colegiadas, además de que siguen un procedimiento establecido en la Ley. Esto quiere decir que no podemos incidir en la voluntad de cada persona legisladora y mucho menos podría yo de manera unilateral ejecutar el cambio, violando las normas que rigen nuestro proceso”, concluyó.
