Urgen líderes de la industria a modernizar marco legal de seguridad privada para acabar con este cáncer
La proliferación de empresas de seguridad privada clandestinas es un cáncer que ha hecho metástasis en toda América Latina, una región con importantes vacíos de seguridad pública. La razón, en unos casos la sobreregulación sectorial, y en otros la falta de legislaciones modernas que respondan a la sofisticada organización de grupos criminales. Esa fue la conclusión de la primera jornada de trabajos del 17 Congreso Panamericano de Seguridad Privada que se celebra en esta ciudad y concluirá mañana viernes.
Para Gabriel Bernal Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), “las entidades contratantes de servicios de vigilancia, protección y resguardo deben dejar de exigir calidad y profesionalismo a bajo costo”. Ello, enfatizó, en un contexto de creciente actividad delictiva como México, “crea un caldo de cultivo ideal para la proliferación de compañías con bajos estándares de calidad y profesionalización, o incluso ilegales que fácilmente podrían estar vinculadas a la delincuencia”.
Aseguró que en toda la región latinoamericana hay desafíos de capacitación, profesionalización y transparencia. En México, acotó, “pugnamos por una regulación efectiva. Queremos que nos regulen con cancha pareja para evitar la proliferación de empresas informales, las cuales representan más del 80% de las empresas del sector”.
“Debemos dejar de pensar que el gobierno es el único responsable en la modernización de la regulación. Las empresas que contratan seguridad privada deben entender que no puede tener servicios de calidad con personal calificado pagando poco. Gobierno, empresas del sector y clientes contratantes debemos jalar para el mismo lado con el fin de fortalecer un marco legal justo, profesional y transparente. No es posible pagar menos y obtener servicios de calidad”.
Johan Fabricio Várgas Mejía, presidente de la Federación Centroamericana de Seguridad Privada de Costa Rica (FEDECASP), en su oportunidad destacó la importancia de cerrar filas como región latinoamericana para contrarrestar el fenómeno de expansión de empresas de seguridad que no pagan impuestos, que contratan de forma informal, que cobran en efectivo, y que no paga salarios dignos.
“La importancia es superlativa porque delito que se comete en Centro América, mañana se va a cometer en México y después en Estados Unidos. Por ello es urgente empezar a trabajar en conjunto, intercambiar información y mostrar voluntad para empezar con el cambio que debilite el mercado negro y se desarrollen normas internacionales laborales para fortalecer la profesionalización de la industria”, destacó.
José Jacobson Neto, presidente de la Federación Panamericana de Seguridad Privada (FEPASEP), comentó que “la clandestinidad en la industria de la seguridad privada es un problema crónico” que ofrece servicios con elementos no registrados ante la autoridad y reguladores. “Solo en Brasil, por cada vigilante registrado de manera formal hay 3 clandestinos.
Si consideramos los mercados de México, Colombia y Argentina esa proporción se quintuplica”. Edgardo Frigo, presidente del Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, por así parte destacó que los organismos contratantes, incluidos los gobiernos, cuando contratan seguridad privada por licitación se van primero por el precio y luego por oferta de valor de la propuesta del prestador de servicios. “Es decir, se establece un contrato privado en el que el consumidor tiene el derecho de contratar por precio, un nicho de oportunidad para empresas que ofrecen baja calidad u operan en la ilegalidad”, explicó.
Al respecto, en el caso puntual del Estado México, Víctor Aguilar, regulador de seguridad privada en la entidad, aseguró que al detectar empresas que operan en el Edomex son apercibidas y, en su caso, sancionadas junto con sus clientes contratantes. A diferencia de ello, Gladys Margot García Godínez, reguladora sectorial en Jalisco, quien dijo que las compañías irregulares o fuera del marco legal son sancionadas conforme a la ley. “No impactamos al cliente porque es su derecho, máxime si el estado no puede atender la garantía de seguridad”, concluyó.
