En 2019 Ecuador era un destino turístico tranquilo. La tasa de homicidios era inferior a siete por cada 100.000, aproximadamente la misma que en Estados Unidos. En 2023 era de casi 45 por 100.000, lo que lo convertía en el país más mortífero de América Latina continental, a su vez la región más violenta del mundo. Durán, en Ecuador, la ciudad más violenta del mundo, registró el año pasado una asombrosa tasa de 148 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El país se ha visto arrasado por una oleada de delincuencia organizada, centrada en el contrabando de cocaína de Colombia a Europa a través de puertos ecuatorianos. El resto de América Latina también sufre las consecuencias de la expansión de los grupos delictivos transnacionales. Incluso las tranquilas Costa Rica y Uruguay están experimentando un aumento de la violencia.
En respuesta, los gobiernos de la región (incluido el de Ecuador) se han aficionado a las políticas de mano dura. Éstas incluyen la declaración del estado de emergencia, el encarcelamiento masivo e indiscriminado y el envío del ejército a las calles para mantener el orden. Estas tácticas han recibido el impulso de su aparente éxito en El Salvador. En marzo de 2022, el presidente, Nayib Bukele, declaró el estado de excepción después de que las bandas asesinaran a 87 personas en un solo fin de semana. Desde entonces, el gobierno ha encarcelado a casi 80.000 personas, más del 1% de la población. La tasa de homicidios ha descendido hasta niveles cercanos a los europeos, y Bukele se ha convertido quizá en el líder electo más popular del mundo. En un referéndum celebrado el 21 de abril, los ecuatorianos respaldaron por abrumadora mayoría las medidas más duras contra la delincuencia propuestas por el Presidente Daniel Noboa, que incluían anular la prohibición constitucional de extraditar delincuentes, permitir que el ejército patrullara permanentemente las calles y las cárceles, y eliminar la posibilidad de excarcelación anticipada para los reclusos de buen comportamiento.
Pero aunque la mano dura parece haber ayudado a El Salvador, no funcionará en el resto de América Latina. Los grupos de delincuencia organizada de otros lugares son más ricos, están mejor armados y más globalizados que las bandas de El Salvador. Un enfoque más paciente y centrado, dirigido por las fuerzas policiales civiles y los tribunales, es la mejor manera de frenar la violencia a largo plazo.
Para ver por qué, consideremos cómo ha proliferado el crimen organizado violento en toda la región. Las bandas se han hecho con carteras cada vez más lucrativas y diversas. La producción de cocaína se ha duplicado en la última década, mientras que la demanda aumenta en todo el mundo, especialmente en Europa. También son rentables los opiáceos sintéticos, el tráfico de seres humanos, la minería ilegal y el robo de petróleo. El atractivo de estas fuentes de ingresos, combinado con políticas estatales de seguridad equivocadas, ha provocado enfrentamientos entre bandas rivales y la fragmentación de las redes delictivas.
La disponibilidad de potentes armas de fuego, que se introducen fácilmente de contrabando desde el mayor mercado legal de armas del mundo, Estados Unidos, hace que la lucha sea más mortífera. La impunidad es moneda corriente.
Estas condiciones aumentan la violencia, que a su vez daña la democracia y retrasa el crecimiento económico. La delincuencia cuesta a la región, por término medio, alrededor del 3% del PIB, según el Banco Interamericano de Desarrollo: aproximadamente lo que la región gasta en infraestructuras. Esto acelera una espiral de declive. Las economías asoladas por la delincuencia ofrecen menos oportunidades a los jóvenes, lo que aumenta el atractivo de los grupos delictivos, perpetúa la violencia y aumenta los costes.
La mano dura de Bukele ha funcionado -por ahora- porque las bandas de El Salvador eran «pobres y depredadoras», afirma Christopher Blattman, de la Universidad de Chicago. Recurrían en gran medida a la extorsión, se apoderaban de los barrios e instalaban puestos de control, cobrando a quien quisiera pasar. Los asesinatos se dispararon a medida que las bandas se disputaban el territorio, a pesar de que los beneficios eran escasos. El miembro medio de una banda sólo ganaba unos 15 dólares a la semana. A menudo se reclutaba a niños, a veces por la fuerza, porque se les podía pagar mal y los tribunales los trataban con indulgencia. (Entre 2010 y 2014, 219 niños fueron asesinados cuando iban o volvían de la escuela por negarse a unirse a una banda). El modelo de negocio de la extorsión obligaba a las bandas a operar abiertamente en las zonas urbanas más densas para maximizar los beneficios, por lo que eran fáciles de acorralar. Los tatuajes con las insignias de las bandas ayudaban a identificar a sus miembros.
Es posible que parte del descenso inicial de la violencia se debiera a que Bukele compró a las bandas, independientemente de su mano dura. Documentos judiciales sugieren que su administración negoció un pacto secreto por el que los líderes de las bandas recibían dinero, prostitutas y protección frente a la extradición a cambio de apoyar al partido de Bukele en las elecciones y reducir la tasa de asesinatos (el gobierno lo niega). Al romperse la tregua, las bandas perpetraron la matanza del fin de semana y el presidente cambió de táctica, ordenando una represión.
No está claro cuántos líderes de las bandas habían escapado para entonces. En una grabación obtenida por El Faro, un medio de investigación, el principal negociador del gobierno habla con un miembro de una banda poco después de la masacre y dice que él personalmente sacó a un líder de la banda de la cárcel y lo condujo a la vecina Guatemala. El Tesoro estadounidense ha impuesto sanciones al negociador y al director de prisiones de El Salvador.
Muchos de los encarcelados son pandilleros de bajo rango, o simplemente jóvenes con tatuajes. Al menos seis líderes de la principal banda del país, la Mara Salvatrucha, han sido detenidos recientemente fuera de El Salvador y están a la espera de juicio en Estados Unidos.
Cansados de la violencia, los salvadoreños han acogido con satisfacción la represión. Los homicidios han caído de 53 por cada 100.000 en 2018 a 2,4 el año pasado, según datos del Gobierno. En febrero, tras eludir la prohibición constitucional de reelección, Bukele obtuvo un segundo mandato con el 85% de los votos válidos. A continuación fue agasajado en la Conferencia de Acción Política Conservadora, reunión anual de la derecha estadounidense. Los políticos han acudido en masa a El Salvador para conocer el “modelo Bukele”. La represión de Ecuador también tiene un tufillo a él, aunque el Sr. Noboa es más democrático.
Los pilares políticos de la mano dura -encarcelamiento masivo y policía militarizada- pueden agradar al público, pero crean problemas incluso cuando parecen resolverlos. Por ejemplo, las prisiones. Las bandas de la región han convertido las cárceles en “cuarteles generales, centros de reclutamiento y unidades económicas”, afirma Javier Acuña, antiguo asesor de la Dirección General de Prisiones de Ecuador. Emiliano (nombre ficticio), que salió hace poco de la cárcel de Latacunga, al sur de Quito, la capital, relató cómo los presos podían comprar alcohol, sexo e incluso pollo frito entregado por drones si entregaban suficiente dinero o cocaína, la moneda preferida. Las torres de vigilancia carecían de personal; las bandas las convertían en arsenales.
Corrupción, no corrección
En estas circunstancias, meter a más gente en la cárcel no hace sino aumentar el número de miembros de las bandas. Muchos reclusos se unen a una banda para sobrevivir. Cuando João fue encarcelado en la ciudad brasileña de São Paulo en 2008, el primer recluso que conoció le entregó una pastilla de jabón, una muda de ropa, una toalla y un manual de ética que prohibía la violación y el robo. El hombre formaba parte del Primer Comando Capital (PCC), banda fundada tras una matanza policial en una cárcel de São Paulo. João se unió al PCC y ascendió rápidamente. Aunque ya lo ha abandonado, dice que el PCC le cuidó mejor que el Estado. Muchos presos están de acuerdo. A medida que aumentaba la tasa de encarcelamiento en Brasil, la banda se extendía. Hoy es la mayor de Sudamérica, con vínculos con la ‘Ndrangheta, la mafia más poderosa de Italia, y con los capos de la droga de los Balcanes.
Otorgar funciones policiales al ejército también puede ser contraproducente. Los ejércitos están entrenados para defender a los Estados de amenazas extranjeras, no para hacer labores de investigación y rellenar informes policiales. Después de que Andrés Manuel Lopéz Obrador se convirtiera en presidente de México en 2018, disolvió la policía federal y la sustituyó por una Guardia Nacional. También aumentó el presupuesto de las fuerzas armadas en un 150%.
Los resultados han sido desastrosos. El sexenio de Lopéz Obrador ha sido el más sangriento de México en lo que va de siglo. La violencia ha asolado las próximas elecciones, con 63 candidatos y personas relacionadas con ellos asesinados hasta la fecha. La Guardia Nacional es incompetente. En 2018 la Policía Federal incautó unos 2.500 kilos de cocaína. En 2022, la Guardia Nacional logró aproximadamente la mitad, con el triple de personas.
Parte de la idea de recurrir al ejército es que se cree que los soldados son más difíciles de corromper que la policía o los jueces. Sin embargo, esto puede deberse simplemente a que pasan menos tiempo con delincuentes. Una vez que dirigen las prisiones y patrullan las calles, “no hay garantía estructural de que no vayan a ser comprados también”, dice Jan Topic, ex candidato presidencial ecuatoriano. En 2020, Salvador Cienfuegos, un general mexicano que fue ministro de Defensa de 2012 a 2018, fue arrestado en Estados Unidos acusado de colusión con pandillas. (Fue liberado después de que el señor Lopéz Obrador armara un escándalo. Sus abogados dicen que es inocente y que nunca debería haber sido acusado). El 30 de abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la “desaparición” de miles de armas, incluidos misiles, de dos bases militares.
Además de los problemas del encarcelamiento masivo y de la policía militarizada, los principales grupos criminales de América Latina son más ricos y poderosos que los brutos que aterrorizaron a El Salvador. La petrolera estatal mexicana, Pemex, perdió 3.000 millones de dólares por el robo de petróleo durante el mandato de Lopéz Obrador. La banda más poderosa de Colombia, el Clan del Golfo, gana 4.400 millones de dólares al año no sólo con la exportación de drogas, sino también con el tráfico de personas, la extorsión y la minería ilegal, según el grupo de reflexión International Crisis Group. Algunas zonas de la Amazonia se han vuelto más anárquicas a medida que las bandas se disputan el tráfico de animales salvajes, la tala ilegal y la extracción de oro. Mientras que las bandas de El Salvador succionaban el dinero de sus comunidades, estos negocios crean puestos de trabajo y generan efectivo.
Los límites de la fuerza
La cooperación internacional también hace más poderosas a las bandas latinoamericanas. En 2016, la guerrilla colombiana de las FARC, que había controlado el tráfico de cocaína en el vecino Ecuador, firmó un acuerdo de paz con el Gobierno y se retiró. Esto dejó un vacío justo cuando el mercado de la cocaína estaba explotando. Aprovechando la oportunidad, aparecieron grupos mafiosos albaneses, guerrillas colombianas disidentes y las bandas rivales mexicanas de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Subcontrataron a bandas ecuatorianas, a menudo pagando los cargamentos de cocaína con armas de uso militar. La tasa de asesinatos en Ecuador se disparó. Ningún Estado puede derrotar por sí solo a las bandas que operan en su país, porque también actúan en todos los territorios de sus vecinos.
Ante estos retos, Ecuador y otros países latinoamericanos afectados por la violencia de las bandas harían mejor en centrarse en los individuos más salvajes en lugar de intentar desmantelar todas las bandas del crimen organizado a la vez. Un enfoque selectivo, conocido como disuasión focalizada, significa dejar en paz a los grupos menos sanguinarios. “Ninguna fuerza policial del mundo tiene capacidad para perseguir todo a la vez”, afirma Rodrigo Canales, de la Universidad de Boston. “Pero cuando te centras en la violencia extrema puedes hacerle la vida imposible al grupo. Todo el grupo se vuelca en rebajar la violencia”.
Cuando Claudia Sheinbaum, la favorita en las elecciones presidenciales de México, se convirtió en alcaldesa de Ciudad de México en 2017, invitó a policías y académicos de Estados Unidos (incluido el Sr. Canales) a poner a prueba la disuasión focalizada en un barrio llamado Plateros, con 260.000 habitantes y una tasa de homicidios de 22 por cada 100.000 habitantes. Reunieron a los servicios de inteligencia de la policía, la oficina del fiscal general y los servicios sociales, y analizaron los tiroteos mortales.
El equipo identificó a 25 hombres con muchas probabilidades de matar y, a su vez, de ser asesinados, y les ofreció una mezcla de zanahorias y palos. Las zanahorias incluían orientación y, en casos extremos, reubicación. El palo consistía en que los hombres sabían que se les vigilaba constantemente y que se les encontraría rápidamente si cometían un delito. El equipo también creó una base de datos que compara los homicidios y lesiones por arma de fuego con la media de cinco años en Plateros y barrios similares cercanos. En 2023, Plateros se había reducido a nueve homicidios por cada 100.000 habitantes.
A corto plazo, la disuasión focalizada puede reducir la violencia. Pero también podría permitir que las bandas se consolidaran. La paz significa que es menos probable que los residentes se chiven y que el Estado deje en paz a las bandas. Los grupos criminales con más éxito prefieren la paz a la guerra. São Paulo se volvió más segura después de que el PCC se hiciera con el monopolio de la fuerza. En la ciudad colombiana de Medellín, los homicidios cayeron en picado después de que las bandas de alto nivel llegaran a un pacto en 2009. Los datos municipales mexicanos sugieren que los altos niveles de saturación de las bandas pueden hacer que los homicidios disminuyan.
Por eso se necesitan soluciones a más largo plazo. Una vez estabilizado el nivel de violencia, los Estados deberían centrarse en perjudicar los ingresos de las bandas imponiendo costes más elevados. Esto significa depurar las instituciones de funcionarios corruptos y reforzar o crear unidades especializadas para rastrear el blanqueo de dinero y el tráfico de armas. Entre 2016 y 2020 solo hubo 12 condenas por lavado de dinero en Ecuador. En 2022 el gobierno creó una unidad especial para combatir la corrupción y el crimen organizado. La fiscal general, Diana Salazar, dirige una audaz investigación sobre la policía, los políticos y los magistrados que actúan en connivencia con las bandas.
En última instancia, los Estados deben centrarse en reducir la captación de bandas y dar a conocer la cruda realidad de la pertenencia a ellas. La tasa mundial de homicidios entre hombres de 15 a 29 años es de 16 por cada 100.000; en América Latina es de 60. Las escuelas, donde a menudo se recluta a los niños, deben ser el punto de partida. Un artículo publicado el año pasado en la revista estadounidense Science estima que si se redujera a la mitad la tasa de reclutamiento de las bandas en México, las muertes también se reducirían a la mitad. A largo plazo, las bandas tienen más que temer a la Sra. Salazar y a un Estado niñera que a las medidas represivas de los hombres fuertes.
(Agencias)
