*La Tesorería sin Documentación Pública que Muestre en qué se Gastaron los Recursos
*Deciles de Pobreza Aumentaron y se Desconoce Ubicación de las Universidades Benito Juárez
*Espectacular ha Sido el Desvío de Recursos Encabezado por Segalmex
*Invisible la Comprobación de Gastos de las Obras Insignia: AIFA, Dos Bocas y Tren Maya
*Además Regala Petróleo y Utiliza Recursos Públicos Para “Apoyar” a Cuba y Honduras
JESÚS MICHEL NARVÁEZ
A partir del “combate a la corrupción”, el gobierno federal decretó la extinción de 364 fideicomisos, de acuerdo con diversas fuentes consultadas, de los cuales obtuvo cerca de 800 mil millones de pesos sin que hasta ahora se conozca su destino.
Fideicomisos como el Fonden -para desastres naturales, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo -repartible con los Estados de la Federación-; Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios -una bolsa para atender situaciones de crisis financieras-, Fondo de Salud para el Bienestar.
De los desaparecidos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Fondo para Desastres Naturales, revela el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), el gobierno obtuvo 135 mil millones de pesos.
La extinción de 109 fidecomisos decretada “sin estructura” en 2020 bajo la justificación de reasignarlos a temas de salud y financiamiento de programas sociales del gobierno federal, “recuperó” poco más de 86 mil millones de pesos que pasaron a la Tesorería de la Federación que, a su vez, los puso a la disposición del presidente de la República para utilizarlos de manera discrecional, lo que ha ocurrido hasta la fecha.
De ninguno de los fondos en poder de la Tesorería, existe documentación pública que muestra en qué se gastaron los recursos.
Una joya más para la corona del manejo discrecional de recursos desde la Presidencia de la República, es la confiscación de 46 mil millones de pesos de las cuentas “inactivas” de los trabajadores que han cumplido 70 años sin disponer de los recursos que aportaron a lo largo de su vida laboral.
Analistas financieros del sectores público -Cámara de Diputados CEFP y del Senado- y decenas del privado, ha hurgado hasta debajo de las piedras para encontrar los miles de millones de pesos de los que se apropió el Gobierno federal para, presuntamente, atender problemas prioritarios como los de salud -falta de fármacos, personal médico, infraestructura hospitalaria-, ataque frontal a la pobreza y pobreza extrema -Coneval confirma que los deciles de pobreza aumentaron en 8 millones de personas en los últimos cinco años y reconoce que en la extrema se avanzó mejorando su situación-, educación con la creación de la red de universidades Benito Juárez -que nadie sabe en dónde están ubicadas, cuánto cuesta su operación y la plantilla docente además de la matriculación de estudiantes-. Infraestructura -sin contemplar las obras insignia: carreteras, energía eléctrica, puentes, mejoramiento urbano- y, seguridad.
EL DINERO
INVISIBLE
Desde la campaña presidencial, el entonces candidato Andrés Manuel López, acusó que la corrupción le costaba al país 500 mil millones de pesos y que cuando asumiera la Presidencia de la República iniciaría la limpieza “barriendo de arriba para abato” con lo cual los recursos que se ahorrarían con la “austeridad republicana” se aplicarían en programas sociales.
Empoderado con la banda presidencial, repitió -y repite- que la corrupción desaparecería y en su gobierno todo aquel que cometiera un acto que comprendiera de ese orden, sería despedido y consignado ante los jueces para que, en primera instancia, devolviera lo obtenido ilegalmente y después viviera una buena temporada en cualquiera de los reclusorios del país.
Sin embargo, el desvío de recursos ha sido espectacular. Encabeza la lista la empresa Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y le siguen secretarías de Estado, Empresas Productivas del Estado -Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad y recientemente LitioMex- y órganos desconcentrados, sin que se haya detenido mínimamente la corrupción.
El caso de Segalmex es el más publicitado. La Auditoría Superior de la Federación encontró durante la práctica de las auditorías forenses de las Cuenta Pública de 2019, 2020, 2021 y 2022, que millones de pesos no estaba debidamente comprobados y declaró las “observaciones” para demostrar que tienen sustento contable. El monto del desvío o no comprobación ejercido por la entidad que combatiría el hambre con alimentos baratos y distribuidos a nivel nacional, está estimado en 15 mil millones de pesos. El doble de lo que se informó se desvío en la llamada “estafa maestra” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y atribuido a las omisiones de la titular Rosario Robles Berlanga, durante su función como titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social -hoy Bienestar- y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Durante 3 años, la exfuncionaria permaneció en prisión sin recibir sentencia hasta que el Poder Judicial le otorgó amparos que le permiten seguir su proceso en libertad. En 2021 observó el gasto de 820 millones de pesos ejercido por la Secretaría de Educación Pública con Delfina Gómez Álvarez de titular. No se conoce hasta ahora que se haya subsanado la observación.
DEL NAIM AL
TREN MAYA
En la invisibilidad de comprobación de gastos para las obras insignia del gobierno federal: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Refinería Dos Bocas -rebautizada como Olmeca- y el Tren Maya, se estima que los costos duplicaron lo establecido en los proyectos ejecutivos.
Del AIFA, cuya construcción obedeció a la destrucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), se anunció que tendría un costo de 85 mil millones de pesos “con lo que nos ahorraremos 300 mil millones” (AMLO) y los últimos informes “filtrados” no oficiales, revelan que la suma invertida alcanzó los 135 mil millones de pesos.
La Refinería ubicada en paraíso, Tabasco, fue calculada financieramente en 8 mil millones de dólares. La cifra es la original que se dio a conocer oficialmente y para su edificación se licitó internacionalmente. Cuando menos 6 empresas especializadas en la construcción de plantas se refinación participaron. Y al no estar de acuerdo con lo presupuestado, porque estimaron cuando menos 12 mil millones de dólares, el propio presidente mexicano canceló las ofertas y decidió que se haría con empresas mexicanas.
El tope financiero se mantuvo: 9 mil millones de dólares y 5 años para construirla y entrar en operación. Nada de lo planeado se ha cumplido. Han pasado 60 meses y si bien la construcción física esta terminada, todavía no refina un barril de crudo. El costo, oculto, llega a 22 mil millones de dólares. Prácticamente dos veces más de lo aprobado.
Con todo y los elevados costos de las dos obras, la del Tren Maya se lleva el podio. El proyecto ejecutivo consideró 135 mil millones de pesos que comprendía rehabilitación de la existente vía férrea, construcción de estaciones, compra de convoyes, conservación ambiental y energía eléctrica. El compromiso presidencial fue claro: se respetará el medio ambiente y no se destruirán flora y fauna.
Considerada por el presidente López como “la obra más grande del mundo en construcción”, el Tren Maya ha sido la más costosa de las tres. Al cierre del ejercicio fiscal del 2023, se habían invertido 343 mil millones de pesos y aún no estaba terminada,
Para financiar al Tren Maya, el gobierno traslado los recursos asignados a la Secretaría de Turismo al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur -desaparecido por decreto- y en cuatro años utilizó cerca de 300 mil millones de pesos, mientras a la Sectur le dejó no más de 5 mil millones anuales.
La Auditoría Superior de la Federación reveló que en la Cuanta de 2020 y 2021, faltaba documentación que sustentara el uso de los recursos públicos. Hizo públicas las observaciones y como en todos los casos, no se conoce si fueron solventadas o no.
INSUFICIENTES LOS
INGRESOS FISCALES
El Sistema de Administración Tributara, SAT, ha tenido tres titulares: Margarita Ríos Farjart, Raquel Buenrostro y el actual Antonio Martínez Dagnino. Desde el arribo a la institución la ahora titular de Economía, endureció el cobro de impuestos a grandes empresas y obtuvo miles de millones de pesos que permitieron el incremento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, la recaudación ha sido insuficiente para cubrir los costos de los programas sociales: Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembradores de Vida, Becas y Pensión Universal y el desarrollo de las obras insignia del gobierno federal.
En el PEF se destinan los recursos para Pemex y la CFE y, en el caso de la petrolera, la inyección de recursos tomados de otros ramos, alcanza 806 mil millones de pesos.
Aunque oficialmente se afirma que se avanza en el desarrollo “sin aumentar la deuda pública”, la realidad muestra lo contrario.
Además de haber extinguido fideicomisos y obtener 800 mil millones de pesos de las bolsas con que contaban, en el PEF para el ejercicio de 2024 se propuso y lo avalaron los diputados, un déficit fiscal de 5.6% del PIB, lo que representa un billón 200 mil millones de pesos.
En los Precriterios de la Secretaría de Hacienda para 2024-2025, se reconoce que la deuda pública se incrementó.
El Centro de Estudios de las Fianzas Públicas de la Cámara de Diputados, a (CEFP) dio a conocer que “al Cuarto Trimestre de 2023, la deuda bruta del Gobierno Federal ascendió a 12 billones 698 mil 409.9 millones de pesos (mdp), lo que significó un incremento en términos nominales de un billón 69 mil 339.6 mdp, 3.5 por ciento real comparado con diciembre de 2022”.
GASTAR MÁS Y MAL
El presidente López ha criticado acremente la creación del El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y ha señalado que es una deuda que todavía se sigue pagando después de 34 años de su creación.
Surgido como antídoto a la nacionalización de la banca decretada en septiembre de 1982 por el presidente José López Portillo, cuyos resultados pusieron en riesgo el ahorro de millones de personas, en 1990, con Carlos Salinas de Gortari se estableció el Fobaproa -no con Ernesto Zedillo como asegura el presidente mexicano que solamente le cambió el nombre y lo rebautizó como Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)- y se evitó una réplica de “El Corralito” de Argentina.
Con el crecimiento la deuda pública, fomentado por el déficit fiscal de 2024, a los mexicanos les costará pagarla durante los próximos 30 años.
Por ello, para terminar sus obras y mantener sus programas sociales, el presidente ha echado mano de recursos de fideicomisos y ahora de las Afores, con la justificación de que se utilizarán los 46 mil millones de cuentas inactivas -el monto podría triplicarse en los próximo cuatro meses- para beneficiar hasta “calculo unos 28 millones de pensionados”.
Por cierto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López, además de los gastos formales y justificables -en la mayoría de los casos en total opacidad-, también utiliza recursos públicos para “apoyar” a países como Cuba y Honduras, tema que abordó en sus matinales conferencias.
Finalmente hay otro rubro no autorizado: regala petróleo.
