Morena usa su mayoría y aprueba limitar efectos generales en la Ley de amparo

La Cámara de Diputados aprobó la reforma que limita los efectos de la suspensión en el juicio de amparo, por lo que el dictamen está listo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo firme y publique el decreto para su entrada en vigor.

Sobre el amparo, se agregó un apartado que dice:

“Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.

En el artículo 129 se eliminó el último párrafo que dice “El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”.

El dictamen destaca la necesidad de evitar que las y los juzgadores continúen aplicando suspensiones a normas sin un análisis ponderado antes de las sentencias definitivas, retomando un reclamo del presidente López Obrador y de Morena.

La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) indicó que el objetivo es que tratándose de los juicios de amparo que se resuelven en temas de inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión que dicte fijará efectos generales, como actualmente se hace.

Ello, dijo, como una medida que permita garantizar el respeto irrestricto a la separación de poderes y al principio de presunción de la constitucionalidad de las leyes que se aprueban en el Congreso.

Por el PAN, la diputada Lizbeth Mata Lozano expuso que la reforma es inconstitucional, por lo que anunció que votarán en contra “porque quieren dejarnos desprotegidos frente al régimen, porque pretenden perpetuar el abuso y la ilegalidad y porque la razón y la verdad están de nuestro lado y hoy su mayoría impone esta nueva injuria. Nos veremos en la Suprema Corte de Justicia”.

Puntualizó que el dictamen disminuye el derecho de acceso a la justicia, elimina un mecanismo de protección que hoy ya existe y suprime de la ley el análisis ponderado que cada juez tiene para hacer una apariencia del buen derecho y del interés social. “Quieren lavar la cara al régimen de arbitrariedades e ilegalidades que está realizando”.

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