Información y Democracia

 

*Inexistente el Gabinete Espejo; no hay

Debate con las Oposiciones

*Producen Equilibrio del Poder Acotado;

Temor por la Transparencia

*Los Candidatos, Parecen Modelos de

Pastas Dentales y ¿su Musiquita?

 

EZEQUIEL GAYTÁN 

 

Una dupla indisoluble es la de la democracia y la información. No puede haber democracia sin información, pues la democracia significa entre otras cualidades la de sufragar con conocimientos, certidumbre, conciencia y responsabilidad acerca de la opción que se tiene ante un tablero de posibilidades partidistas. De ahí que el fortalecimiento de la democracia con base en la información se despliega en varios planos, tales como sufragar, el acceso a la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto. Eso significa que un ciudadano tiene a su disposición elementos cualitativos y cuantitativos que le brindan una visión de evaluación, contrastación y ponderación. Consecuentemente la información es poder y el poder es decidir. A mayor información mayor acercamiento social con la realidad política, jurídica, social, administrativa y económica que se desea mejorar, pues precisamente la democracia también va entrelazada con el concepto del desarrollo integral.

 

La democracia tiene el valor agregado de aspirar a la superación constante de la ciudadanía mediante el cotidiano refrendo o pacto social que los ciudadanos ejercemos día a día al convivir cívica y respetuosamente y de ahí crear las oportunidades sociales que se manifiestan en demandas y necesidades sociales. Léase, la democracia es también la articulación entre la sociedad políticamente organizada con las instituciones de la Administración pública a fin de diseñar acciones o políticas públicas colaborativas y coordinadas de trabajo entre los diversos actores sociales. Para lo cual se requiere ineludiblemente de información si lo que se desea es construir consenso, gobernanza y saber escuchar a todas las partes. 

 

Además, la democracia y la información son el deseable equilibrio del poder acotado institucionalmente mediante la materialización de la división de poderes con sentido social, político, jurídico, administrativo y económico. Es, en pocas palabras, vivir en el Estado de Derecho y decidir a tiempo y hacer correctamente lo que pensamos que es lo correcto. Con lo cual la información debe tener una serie de atributos tales como la veracidad, la oportunidad, la utilidad, sin contaminaciones y con fuentes identificables. Los argumentos y criterios que requerimos en una democracia se deben sustentar en información oportuna, veraz y confiable, aunque, en efecto, muchas veces la percibimos y decodificamos de manera subjetiva.  

 

Por lo anterior, el derecho a saber y el derecho de petición son derechos humanos y los gobiernos están obligados, en una democracia, a garantizarlos eficazmente y respetarlos. Son sustentos y pilares que encontramos explícitamente en los artículos seis y ocho de nuestra Constitución Política. Por ende, todo aquello que derive en el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa debe sustentarse en información, ya sea una elección, un referéndum, un plebiscito o una revocación de mandato.

 

El problema es que a la actual gestión le incomoda de sobremanera ser transparente y rendir cuentas. Veamos, el tabasqueño, antes de asumir la investidura presidencial organizó un llamado plebiscito mediante el cual propuso cancelar la obra del aeropuerto de Texcoco bajo el argumento de que se trataba de un nido de corrupción. Empero, se comportó de manera críptica al negar debates que nos informaran a la sociedad acerca de las ventajas y desventajas hidráulicas, aéreas, ecológicas, económicas y comerciales de continuar la obra o cancelarla. Lo que hizo fue proporcionar un poco de información sesgada y le pidió a la ciudadanía que sin mayor conocimiento se manifestara. Jamás explicó que México necesita un aeropuerto de al menos 150 terminales y ya sabemos que lo que construyó fue uno de doce. Otro ejemplo que nos habla de la importancia de la información lo encontramos en las encuetas a mano alzada que tanto le gustan al presidente. En esos ejercicios de asamblea estudiantil el licenciado López Obrador arenga en favor o en contra de una obra pública determinada y luego sin más información que la proporcionada unilateralmente por él, les pide a los presentes, sin debates y sin oportunidades a que otras voces se manifiesten, que levanten la mano en caso de estar de acuerdo con su postura. Consecuentemente desde la cúspide del poder del Ejecutivo Federal se toma la decisión. Finalmente, un tercer ejemplo acerca de lo trascendental de la información en una democracia lo encontramos en la figura de la “revocación de mandato”. Dicho tipo de la democracia participativa se sustenta, excepto en México, en los debates que se suscitan a través de la existencia de los llamados Gabinetes Espejo. Es decir, la tesis es que en la Cámara de Diputados exista un cuerpo colegiado integrado por representantes populares de la oposición y que tienen el derecho de acceder a la misma información que sus equivalentes en el poder Ejecutivo. Por eso se le llama espejo. La idea es que, en una fase previa a la fecha de la revocación, se organicen debates públicos y sean transmitidos en cadenas de alcance nacional y frente a frente debatan el titular de una secretaría de Estado con el diputado respectivo. Entonces la ciudadanía tendría oportunidad de sopesar y evaluar, por un lado, los informes de los secretarios y, por el otro, los de los opositores. La confrontación del debate versaría, debido a que ambas partes poseen la misma información, respecto a las decisiones tomadas y sus consecuencias. Quedaría de manifiesto y del dominio público el ejercicio democrático informado. Posteriormente la gente podría, después de contrastar y confrontar, acudir a votar. 

 

He explicado, con tres ejemplos del actual sexenio, la relevancia de la información en los ejercicios de la vida democrática de una nación. Las conclusiones saltan a la vista. Vivimos una administración proclive a la opacidad democrática y lo peor es que se nos quiere vender que las conferencias mañaneras son ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. Algo totalmente fuera de contexto debido a que no es un ejercicio sistemático, consistente y las tasas de crecimiento o de decrecimiento que se nos muestran en las gráficas tienden a ser interpretadas unidimensionalmente por los titulares de las dependencias y entidades con lo cual lo que destacan son justificaciones ideologizadas y no las explicaciones razonadas. Así, todo es culpa del neoliberalismo.

 

Lo anterior nos lleva a otro análisis. La explicación o, en su caso, la justificación de las razones por las cuales se toman las decisiones. De entrada, toda decisión en la Administración pública se analiza bajo el contexto de, al menos ocho rubros. Los cuales son preguntarse si el tema está claramente diagnosticado. A partir de ahí es fundamental saber si la decisión que se habrá de tomar está enmarcada en el derecho, luego saber si se cuenta con los recursos financieros suficientes. Posteriormente hay que examinar si es técnicamente posible, luego si es administrativamente factible. Acto seguido si es ecológicamente sustentable. También si el impacto social es el ansiado y finalmente si es políticamente deseable. Si alguna de las respuestas es negativa, lo prudente es no decidir en esa dirección. Lo que no se debe de hacer es insistir en un rumbo determinado por motivos partidistas o postergar la decisión para más adelante. Todo lo cual, por supuesto, debe ser información pública y accesible a cualquier ciudadano.

 

También surge la pregunta respecto a cuándo la información gubernamental es o no es un asunto de seguridad nacional. Al respecto la Ley General de Transparencia tipifica los casos de la información reservada y clasificada. Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional, aunque no define el concepto, si acota lo que debe entenderse por seguridad nacional. Por lo tanto, efectivamente, todo gobierno se reserva asuntos y los clasifica a fin de evitar vulnerar la gobernanza y el desarrollo. Es decir, la garantía de la marcha de un buen gobierno también está en la protección y defensa de sus ciudadanos. Es un tema delicado y con muchas aristas, pues los criterios de clasificación son subjetivos. Sin embargo, en lo general, la sociedad entiende que existe información militar, económica, de infraestructura y de asuntos internacionales que requieren tratamiento especial. Lo que es impropio e incluso desaseado es meter en el mismo cajón temas vinculados con el destino de nuestros impuestos cuya información si debe estar al alcance de la ciudadanía, tal es el caso del costo de las vacunas contra el COVID o lo que se ha invertido en el tren maya o en el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas.

 

Una sociedad a la que se le oculta información institucional sin más criterio que el de la imposición del poder por el poder es propio de un gobierno con proclividades autocráticas, politiquero e hipócrita si en su Constitución se autoproclama nación democrática. Una sociedad que es arrinconada al mundo de la opacidad por un gobierno tiene varias explicaciones. Tal vez piensa paternalmente que sus gobernados son inmaduros y no entienden razones de Estado, podría ser que considera que solo el partido en el poder y su nomenclatura tienen la verdad absoluta y que los conceptos del bien y del mal obedecen a la idea moral de su caudillo. Ocurre que tal vez le incomoda la transparencia, la rendición de cuentas y rehúsa a responsabilizarse como gobierno abierto. No tengo la respuesta, pero algo me queda claro, a mayor opacidad mayor posibilidad de impunidad y consecuentemente se abren de par en par las puertas de la corrupción. Luego entonces una sociedad democrática es una sociedad informada. En caso contrario será una aldea tribal aislada del mundo y fácilmente presa de mitos y fantasías propios del mago de Oz. 

 

Información y democracia son una dupla que requiere ejercitarse y por lo mismo debemos impedir, en calidad de ciudadanos, que el actual gobierno acote al INE, al poder Judicial, al INAI y a las instituciones de la República vinculadas con la información y que nos regrese a la edad media convencida de que la tierra es plana y que el universo gira a nuestro alrededor.      

 

Empero, tristemente observo que también la información que difunden los partidos políticos sin importar el nombre de las o el candidato se destacan por hacernos llegar frases vacías y buenos deseos sustentados en piadosas intenciones, pero sin el núcleo duro que demanda la información. Es decir, son mensajes ociosos que no responden a las nueve preguntas básicas de la argumentación: qué, quién, cuándo, cuánto, dónde, cómo, cuál, por qué y para qué. A lo que le podemos sumar un debate singularizado por la oquedad y la superficialidad.  

 

La información que los partidos nos ofrecen acerca de sus candidatos a todos los cargos elegibles es una retahíla de cancioncitas o tintineos pegajosos, mensajes de promesas de novio adolescente desesperado o de fotos de las y los candidatos que parecen modelos de pastas dentales. La información es algo serio si lo que se desea es asentar el conocimiento que nos permita discernir y debatir racionalmente al dejar de lado la opacidad que por cierto tanto ha caracterizado a la actual gestión.  Más aún, la llamada sociedad del conocimiento no lleva ese nombre debido a que podemos tener acceso a datos mediante las tecnologías de la información y la comunicación, sino a que tenemos la oportunidad y la posibilidad de ser críticos y autocríticos de la realidad. 

 

La historia registra con orgullo al siglo XVIII como La Ilustración o Siglo de las Luces por la confluencia de corrientes de pensamientos sustentadas en los debates, la razón, el uso de los métodos científicos, la divulgación del saber y la idea de la participación de la sociedad mediante la igualdad jurídica y la exigencia de la participación social. De ahí que los enciclopedistas desplegaron la idea del conocimiento y de la información en favor de la humanidad y en contra de uno de sus peores enemigos: la ignorancia. Esas ideas revolucionarias siguen vigentes y por lo mismo es indispensable que el gobierno lopezobradorista abra sus archivos y que los partidos políticos obliguen a sus candidatos a que se nos proporcione información si lo que quieren es construir una sociedad democrática, empoderada y participativa. 

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