A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
¿Y después de las elecciones qué?
Depende quien gane, aunque en México es común que la historia se repita, sobre todo cuando se trata de procesos electorales y de las acciones de la delincuencia que en estas etapas participa activamente.
Como dijeran Felipe de la Mata Pizaña y Nancy Correa Alfaro (Magistrado y Secretaria de Estudio y Cuenta, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), respecto a las elecciones de 2021 en Michoacán:
“La violencia por grupos criminales en las elecciones es un elefante en el cuarto de la democracia mexicana y visibilizarla es el primer paso para remediarla”.
De tal manera lo señalaron después de que el Tribunal Electoral hubo de resolver la impugnación contra la validez de la elección a la gubernatura de Michoacán.
Ellos escribieron sobre aquel caso:
“El asunto implicaba responder diversas interrogantes: ¿se acreditaron hechos de violencia en el proceso electoral?; ¿fueron generalizados y determinantes para el resultado de la votación?; ¿debíamos adoptar alguna medida preventiva?”
En aquel entonces fueron cuatro municipios los que estuvieron en el ojo del huracán debido a la violencia desatada y el temor de los pobladores, quienes en muchos casos prefirieron ausentarse de las urnas.
Sí, la libertad del sufragio fue afectada y como consecuencia la nulidad fue la declaratoria del Tribunal.
Como ellos explicaron:
“La nulidad de una elección es la pena máxima para un ejercicio democrático de la ciudadanía, por lo que, para considerar que una irregularidad es determinante para anular una elección debe constatarse que sea grave y generalizada o sistemática, de forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral”.
PREPARÁNDOSE
PARA LAS URNAS
Seguramente en dicha institución y en las demás que tienen que ver con las votaciones y sus resultados ya se preparan para la elección del próximo 2 de junio. Sólo falta una cuarentena y los hechos violentos en varias entidades de la República no exhiben tranquilidad, sino por el contrario una violencia desatada en contra de candidatos a todos los cargos de elección popular.
Han dicho los especialistas que fortalecer el gasto público en seguridad pública puede contribuir a promover el crecimiento económico en las entidades federativas, mientras que la inseguridad pública puede desincentivar la inversión, y con ello se puede generar un impacto negativo en la generación de empleo y el crecimiento económico.
Eso ha estado sucediendo un día sí y el otro también, por lo cual muchos de los candidatos no responden a las expectativas de los ciudadanos, sino a las influencias gubernamentales o del crimen organizado.
En este 2024 cabe perfectamente lo que publicara en junio de 2012 el Colegio de México, en el texto “El crimen organizado en las elecciones”:
“Hoy los grupos que operan fuera de la ley se han convertido en un riesgo latente para nuestra incipiente democracia. La posibilidad de nuevos atentados contra candidatos o del apoyo sistemático de grupos criminales a favor de una fuerza política en los procesos electorales, que cada vez parece menos remota, implicaría un gran desafío para nuestra estabilidad política.
“Pero antes de adoptar una posición alarmista o de desestimar la capacidad del crimen organizado para corromper nuestra democracia, es necesario preguntarse qué buscan los criminales cuando intervienen en una elección.
“El crimen organizado puede tener injerencia en elecciones por varias razones. En primer lugar, hay casos en los que los criminales intimidan candidatos en función de sus propios intereses — generalmente con el propósito de contar con autoridades pasivas que les permitan trabajar— u operan en contra del candidato o los candidatos con los perfiles que no les resultan convenientes.
“En otros casos, las organizaciones criminales intervienen en estos procesos como “maquinarias electorales” que venden su apoyo a algún candidato (ya sea con recursos, movilización de votantes o mediante agresiones en contra de los otros candidatos o sus simpatizantes).
“Este segundo caso —que implica un involucramiento más hondo del crimen en la vida política— constituye una variante de un servicio característico de las mafias: la protección en contra de la competencia, que se ofrece lo mismo para negocios y organizaciones gremiales que para candidatos y partidos políticos”.
En este trabajo, el autor señala lo que sigue vigente: “…la presencia de mafias que operan en varias regiones del país no debe confundirse con un control del crimen organizado sobre los procesos electorales. En primer lugar, es necesario destacar que los principales intereses económicos de las mafias (la extorsión a establecimientos mercantiles y el mercado de narcomenudeo) se circunscriben al ámbito local.
Asimismo, considera… “…la policía municipal sigue siendo la principal corporación con la que las mafias locales deben lidiar para realizar sus actividades. En la mayor parte del país los alcaldes tienen control sobre la estructura de la policía municipal, pues conservan las facultades de nombrar y remover libremente a los directores municipales de seguridad pública”.
Y como advertía la institución en aquellos tiempos y hoy doce años después se ajusta a los recientes hechos:
“…de forma indirecta, el crimen organizado sí será un actor central en el presente proceso electoral federal. La violencia y la inseguridad han sido un tema central de las campañas, e inevitablemente tendrán un impacto sobre las preferencias de los electores. Los datos sugieren que la violencia del crimen (que se correlaciona con la extorsión y otros delitos de alto impacto) ya tuvo un resultado durante las elecciones previas en las preferencias de los electores”.
Indudablemente las novedades que se presenten calarán hondo en los ciudadanos, ya que la inseguridad pública no sólo afectará al proceso electoral, sino que puede contribuir a desincentivar la inversión privada, lo cual impacta negativamente en la creación de empleo y el crecimiento económico.
