La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, destacó que los derechos de las mexicanas y los mexicanos no pueden depender de las prioridades que establezcan las agendas de quienes ostentan el poder político, por el contrario, los derechos político-electorales son irrevocables y deben ser defendidos independientemente de la conformación de las fuerzas políticas en el país.
En la conferencia magistral El acceso a la justicia para poblaciones históricamente discriminadas que impartió en el marco de la Jornada por la defensa de los derechos político-electorales subrayó que la justicia electoral permite remediar la vulneración y violación a estos derechos.
La magistrada de la Sala Superior del TEPJF agregó que por las grandes aportaciones que hace para la construcción de una sociedad mexicana incluyente, la justicia electoral no puede ser el privilegio de sólo algunas personas y tampoco debe depender de su disponibilidad, de ahí parte la importancia de la creación de la Defensoría Pública Electoral, que garantiza un acceso a la justicia gratuito y altamente profesionalizado.
En el diálogo con organizaciones de la sociedad civil que compartió con la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, María Guadalupe Silva Rojas, señaló que los grupos históricamente discriminados en el país siguen encontrando obstáculos para ejercer sus derechos político-electorales, en gran parte, dijo, a la resistencia de actores que, desde posiciones privilegiadas, invisibilizan las necesidades de quienes están en una situación de vulnerabilidad y les impiden acceder a los espacios políticos que les pertenecen.
En este sentido, aseveró que el acceso a la justicia es fundamental y primordial para garantizar el ejercicio real de cualquier derecho.
Indicó que hace ocho años se creó la Defensoría Pública Electoral para saldar la deuda del Estado con los pueblos y comunidades indígenas a los que no se les reconocían sus derechos político-electorales, sin embargo, de manera inmediata resultó evidente que la defensoría debía asumir una perspectiva de género y, también, un enfoque interseccional.
Reconoció el trabajo de las y los defensores públicos electorales ya que, sostuvo, han hecho posible el sueño de participación política para muchas personas de acceder a la justicia y de ser escuchadas por un juez, al referir que las normas han sido insuficientes para transformar la vida cotidiana y lograr una democracia incluyente y de calidad.
Janine Otálora expresó que lo que hacen las defensoras y los defensores es una magia que hace realidad un sueño: primero, el de ser escuchado y, segundo, el de poder participar en la conducción política de los asuntos y poder representar al grupo en situación de vulnerabilidad al que uno pertenece, así como exigir en las políticas públicas, el respeto a esta dignidad.
Durante la Jornada por la defensa de los derechos político-electorales, coordinada por la Defensoría Pública Electoral del TEPJF a cargo de Marina López Santiago, se llevaron a cabo las mesas de análisis “¿Qué hacen las instituciones electorales ante afectaciones a los derechos político-electorales de poblaciones discriminadas históricamente?” y “Pendientes para el acceso y ejercicio de los derechos político-electorales de personas en situación de vulnerabilidad”.
