Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Hay informaciones que merecen estar en la primera plana de los diarios o en las entradas de los noticieros de radio y televisión. En las redes sociales “no se pierden una” y dan rienda suelta a sus encontradas posturas.
Hubo una la semana pasada que tácitamente pasó inadvertida y que refiere la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que frena las aspiraciones de “apoyo electoral” en el presente proceso y que está bañado por violaciones de las instituciones gubernamentales omitiendo las medidas cautelares del INE y en el mayor de los casos ratificadas por el TEPJF.
El documento emitido por el Tribunal, cita:
“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidó, por unanimidad de votos, el mecanismo de seguimiento a las campañas electorales implementado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dejó sin efectos el Primer Informe sobre la violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, con motivo de que los actos se relacionan directamente con la materia electoral”.
En otro párrafo precisa:
En sesión pública presencial, la Sala Superior, a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, determinó que el mecanismo de vigilancia a las campañas electorales implementado por la CNDH carece de validez y efectos jurídicos, porque no tiene atribuciones para conocer de asuntos en materia electoral o que sean de la competencia exclusiva de las autoridades electorales.
Se trata de un freno de aire y con el cual detienen el proselitismo emanado del cerebro (¿) de la persona que cobra como presidenta del otrora “órgano autónomo constitucional”. Rosario Piedra, colocada en el puesto de manera irregular, protestó la sentencia y, como perico poblano, repitió lo que se dice todos los días desde el púlpito presidencial: Me quieren silenciar… me quieren callar.
El tema salió a flotación porque como máxima cabeza del organismo, dedicó su trabajo a acusar a todos aquellos que cuestionan a la candidata oficialista a la Presidencia de la República. Ella sí quiso callar, quiso silenciar las voces críticas y buscaba -tiempo pasado- seguir utilizando recursos públicos para apoyar a su “amiga”.
Conforme a las facultades conferidas a la CNDH, tiene prohibido estrictamente entrometerse en asuntos electorales, ya federales, ya locales. El Pleno de la Sala Superior -votó por unanimidad- estableció la raya que no debe rebasar la señora ¿Roca?: los magistrados consideraron que las atribuciones de la CNDH en el ámbito de la democracia se relacionan con su promoción, el análisis de las condiciones políticas del país y el estudio de circunstancias históricas, por lo que la calificación de conductas mediante el establecimiento de mecanismos de vigilancia se encuentra fuera del ámbito de sus facultades.
Luego, entonces, como autoridad tiene la obligación de apegarse al marco jurídico que señala los impedimentos y evita la concentración de poderes y de autoridades en los procesos electorales, más en este que el huésped temporal de Palacio Nacional se juega la “vida… política”, Y quiere vivir muchos, muchos años más haciendo que no hace pero lo hará: manejar a quien lo sustituya si es que gana su corcholata.
Al avanzar el proceso electoral rumbo al 2 de junio -faltan 61 días-, desde Palacio Nacional
Hasta las presidencias municipales gobernadas por Morena, se lanza la instrucción: hay que ganar cueste lo que cueste. Seguramente se incluyen vidas y posiciones políticas.
Y por ello secretarios de Estado, gobernadores, congresistas y más, hablan de los candidatos, de las obras, de los beneficios y del continuismo para que no “regresen los de antes”.
El reclamo de ayer a cargo del showmen de los monólogos matinales: un magistrado quiere censurar mi libro, el último. El argumento es el tratamiento dado a Claudia Sheinbaum. La pregunta es: ¿se vale aprovechar la libertad de pensamiento a través de un libro que es de lectura obligatoria para todos los morenistas?
Usted saque sus conclusiones.
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