Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
El sábado de gloria de abril en 1954, se generó una noticia que, de haberse dado antes, habría estallado una crisis económica.
El presidente Adolfo Ruiz Cortines decretó la depreciación del peso frente al dólar que pasó de 8.65 a 12.50 y esa paridad se mantuvo durante 22 años.
La acción presidencial fue bautizada como “sabadazo”.
Y se mantiene el concepto y los presidentes y mandatarios estatales, así como las policías de los niveles de gobierno, lo aplican a plenitud y dejan a las empresas y personas en estado de indefensión. Si el decreto entra en vigor el día de su publicación y producen afectaciones, la lluvia de amparos no se haca esperar.
El último -registrado- sabadazo de gloria corrió por cuenta del jefe de gobierno -sustituto. Martí Batres, quien hizo pública la entrada en virgo a las reformas Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, con las cuales se obliga a los propietarios de mascotas -mayormente perros y gatos- las inscriban en el Registro Único de Animales de Compañía, que es obligatorio, gratuito y que se podrá obtener a través de la plataforma de la Agencia de Atención Animal. Por cierto, ya no serán llamadas mascotas domésticas.
Una medida en apariencia correcta, porque impedirá que algunos canes de compañía no se queden sin vacunar.
Sin embargo, cuando se quiere ingresar a la Agencia de Atención Animal emerge un problema casi irresoluble. El primer paso, es fácil con un inconveniente: además del correo electrónico hay que entregar la contraseña. ¿Para qué? Y cuando sale en la pantalla su operación ha sido exitosas y se pasa al segundo nivel y se vuelve a pedir el correo y la contraseña, la respuesta es: la contraseña es inválida.
Y de ahí no se pasa.
Como buena intención lo es. El pero, el maldito pero, es que sin el registro es probable que llegue una “julia canina” y “aprehenda” al perro y, por supuesto al propietario por no tener las “placas” de registro” y “pasear” sin la “tarjeta de circulación”. El otro problema que se advierte, es que los paseadores, que abundan ante la falta de tiempo de los propietarios para oxigenar a su mascota doméstica, tendrán que registrarse. Quien sabe en dónde y para qué.
Son restricciones no para mejorar el trato animal como lo presume el jefe de gobierno -sustituto- sino para tener una nueva fuente de ingresos que, en las más de las veces, será producto de los afilados colmillos elementos de la “policía canina”.
A diferencia del rigor con que se quiere tratar a los propietarios de mascotas domésticas y que por regla general obtienen cariño, comida y atención veterinaria sin descartar a los salvajes que los arrojan a los cazos de carnitas con aceite hirviendo -a esos que los fusilen-, la reforma en comento autoriza la corrida de toros y las peleas de gallos, en donde los animales reciben dolor hasta terminar muertos. Los primeros en los rastros… los segundo en alguna pollería de mala muerte.
Los toros, la calamidad de los ambientalistas, son un pingüe negocio al igual que la pelea de gallos en donde se “apuesta a la mujer y en ocasiones hasta la vida”, en el caso de los animales domésticos no hay mordida humana solo canina.
En fin: en la información no se indican las sanciones, pero sabemos cómo se las gastan los que gastan nuestros impuestos.
¡Sabadazo canino!
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