Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Quienes ocupan los cargos de consejeros y magistrados electorales; aquellos que se desempeñan como comisionados en órganos autónomos, tienen la obligación de cumplir a cabalidad -en ocasiones no lo hacen y pierden credibilidad- con las funciones que aceptaron llevar a cabo.
Sin embargo y a pesar de que la Constitución establece que la ley se aplica por igual a todos los ciudadanos que la infringen, fueren multimillonarios, millonarios, clasemedieros o de plano pobres en extremo, hay quienes se irritan por las medidas cautelares o sentencias de cumplimiento obligatorio y consideran a las Instituciones el regreso de “la Santa Inquisición”.
Los muy ricos cuentan con despachos de abogados que lo mismo son penalistas que financieros y pueden enfrentar las decisiones legales e ilegales a través de los tribunales y en última instancia corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacer valer las sentencias. Los servidores públicos, desde el presidente de la República hasta el jefe de departamento, no están excluidos del cumplimiento de las leyes. Por el contrario, son los más obligados a obedécelas.
Aquellos servidores públicos -de alguna manera se les debe denominar- que cuentan con fuero, están obligados a entender que la protección no los exime de ser sancionados ya sea por la vía administrativa, penal o civil e incluso, son sujetos de recomendaciones públicas.
Ser parte de los órganos autónomos constitucionales formaba parte de una burocracia dorada, no tanto por los beneficios que se obtenían, sino por el poder que les confirió la Constitución y que les permite frenar acciones presidenciales, hacer recomendaciones a los legisladores, cuestionar el ejercicio de la justicia, enfrentar a grandes empresas que violan las leyes, entre otras tantas actividades y facultades.
Aplicar la expresión todo lo que comienza termina, encaja como “anillo al dedo” en el gobierno de la mal llamada cuarta transformación.
Al INE se le acusa de parcialidad cuando las decisiones que toma son todo lo contrario. Su responsabilidad en un proceso electoral, del tamaño que fuere, es garantizar la equidad y obligar a quienes detentan poder público, a no inmiscuirse. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se le menciona como la cabeza del complot para anular las elecciones próximas. Al INAI se le señala de ser protector de los corruptos, siendo que gracias a su función se descubrió, por ejemplo, la Casa Blanca que generó otro escándalo al gobierno de Enrique Peña Nieto. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le etiqueta como el órgano que no hace justicia y, bajo el argumento de “a mí no me vengan con que la ley es la ley” protege a los delincuentes de cuello blando. A la Cofece se le endilga ser responsable de frenar el crecimiento de Pemex.
Es un rosario de descalificaciones hacia los órganos autónomos por cumplir con sus responsabilidades.
Los integrantes de todos ellos, tienen 90 por ciento de capacidad y probablemente cero de lealtades. Porque no fueron nombrados por un hombre o mujer, sino por el Congreso de la Unión en apego a la ordenanza constitucional.
Eso lo entiende un estudiante de mediana calidad. Sin embargo, parece que en el púlpito guinda, ubicado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, cualquier medida que frene el abuso de poder, es un acto de la “Santa Inquisición”. Claro, el que ocupa el tiempo del Estado para su show matinal, arroja la piedra y esconde la mano. Cambia de criterio -es lo hubiere- como ropa interior las hoy llamadas scorts. Y su interpretación de la Chimoltrufia es de primera: yo como digo una cosa digo otra.
Quizá por estar en Semana Santa cobra relevancia la afirmación. Y, ante los atropellos que se repiten cotidianamente, los responsables de las áreas sensibles, deben y lo hacen, imponer la legalidad.
Es de dudarse que se encapuchen para dictar sus sentencias o medidas cautelares.
Los encapuchados están en otros espacios de poder.
Quizá tener un cargo en esas condiciones, es más castigo que premio.
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