El Gobierno de México rechazó la entrada en vigor de una ley de Texas para frenar el flujo de personas migrantes «mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante». La ley Abbott ya es de aplicación obligatoria, aunque sea temporalmente.
En un comunicado oficial, el Gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reprobó la medida al difundir un comunicado.
Esto ocurre cuando la Corte Suprema de Estados Unidos se negó el martes a bloquear una ley de Texas respaldada por los republicanos que permite a autoridades policiales del estado detener a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera desde México, rechazando una petición del Gobierno del presidente Joe Biden.
La administración de Joe Biden había pedido a los jueves de la Corte Suprema que congelaran una orden judicial que permitía la entrada en vigor de la ley de Texas mientras su impugnación del estatuto proseguía en instancias inferiores.
La ley, conocida como SB 4, viola la Constitución y la legislación federal al interferir con el poder del Gobierno estadounidense para regular la inmigración, ha argumentado Washington. Firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en diciembre, otorga a los funcionarios locales poderes delegados durante mucho tiempo al Gobierno federal.
Greg Abbott, aseguró que la normativa era necesaria debido a la incapacidad del presidente para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada o reentrada ilegal. En una conferencia de prensa el 18 de diciembre afirmó que «la inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte».
La Casa Blanca también rechazó la decisión del Tribunal Supremo del país de permitir que se aplique una polémica ley migratoria que da a las autoridades en Texas el poder de detener y expulsar a personas que consideren «sospechosas» de haber cruzado la frontera sur de manera irregular.
En un comunicado, la portavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, criticó la decisión de los magistrados del máximo tribunal y tildó la legislación, conocida como SB4, de «inconstitucional».
La normativa «no solo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur».
México solamente se pronunció en contra y nada más.
