La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este 19 de marzo, en una votación dividida, la entrada en vigor de una ley de Texas que permite a las fuerzas de seguridad del estado detener a las personas de las que sospechen que entraron ilegalmente en Estados Unidos desde México.
La decisión despeja el camino a la controvertida ley SB4 —aprobada el año pasado por la legislatura de Texas, controlada por los republicanos— pero no es una decisión definitiva, y el caso podría volver al alto tribunal, señaló el portal The Hill.
El Gobierno de Biden ha estado tratando de impedir la aplicación de esta ley y había instado a los jueces a bloquearla, con el argumento de que se trata de una «intrusión sin precedentes en la aplicación de la ley federal de inmigración.»
Firmada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, la ley convierte la inmigración ilegal en un delito estatal, lo que permite a las fuerzas del orden estatales y locales detener a los inmigrantes indocumentados, que podrían ser deportados o encarcelados por orden de un juez.
México responde categóricamente
Ante la reanudación de la ley texana, el Gobierno de México señaló que esa medida viola los derechos humanos de las personas desplazadas.
«México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano», indicó la Cancillería mexicana en un comunicado.
«México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio (…) En ese sentido, México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas», advirtió.
Por su parte, la canciller mexicana Alicia Bárcena afirmó que «la protección y apoyo a nuestros connacionales es la prioridad».
La migración como conflicto interno de EEUU
La batalla sobre la ley migratoria de Texas es una de varias entre la gubernatura de Texas y la Administración federal de Joe Biden sobre qué tan lejos puede ir el estado para vigilar y reforzar la seguridad en la frontera con México e impedir los cruces ilegales.
El gobernador Abbott ha señalado que hay «una invasión» de migrantes en la frontera de Texas con México y ha implementado una serie de medidas como colocar alambres de púas y boyas en el río Bravo para disuadir la entrada de migrantes al territorio estatal.
Las tres jueces liberales integrantes de la Suprema Corte de Justicia —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— criticaron la decisión de la mayoría de poner en vigor la ley.
«Hoy, el Tribunal invita a un mayor caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración», escribió la juez Sonia Sotomayor, acompañada por Brown Jackson.
En su defensa de la ley, Texas alegó que el Estado tiene el derecho constitucional a defenderse y que la Administración Biden no estaba dispuesta o era incapaz de defender la frontera.
La Casa Blanca expresó este lunes su desacuerdo con la decisión de la Suprema Corte. «Estamos fundamentalmente en desacuerdo con la orden del Tribunal Supremo que permite la entrada en vigor de la ley dañina e inconstitucional de Texas», dijo la vocera de la presidencia de EEUU, Karine Jean-Pierre.
«La SB4 no sólo hará que las comunidades de Texas sean menos seguras, sino que también supondrá una carga para las fuerzas del orden y sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur», afirmó la portavoz de la Casa Blanca.
«La SB 4 es sólo otro ejemplo de funcionarios republicanos que politizan la frontera mientras bloquean soluciones reales. Seguimos centrados en la entrega de los cambios políticos significativos y los recursos que necesitamos para asegurar la frontera – es por eso que seguimos pidiendo a los republicanos del Congreso para aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza, el conjunto más duro y más justo de las reformas fronterizas en décadas», agregó.(Sputnik)