* De acuerdo co0n el índice de Estado de Derecho en México (2022-2023) del World Justice Project, la capital del país es la entidad con el Poder Judicial más corrupto en el país
La propuesta de reforma judicial presentada por el Presidente López Obrador, ha ignorado la dimensión local. La omisión es grave porque es allí donde la justicia es más deficiente en nuestro país y donde se presentan los casos más escandalosos de corrupción. Uno particularmente serio –que ha recibido escasa o nula atención– es el de la Ciudad de México.
En el índice de Estado de Derecho en México (2022-2023) del World Justice Project, la capital ocupa el último lugar por la calidad de su justicia penal y civil, y figura como la entidad con el poder judicial más corrupto en todo el país.
Que esto ocurra en una ciudad tan importante para la inversión privada, nacional y extranjera; en una de las urbes de mayor conciencia crítica y donde gobierna la izquierda desde hace tantos años es algo que debiera preocupar a todos.
Imposible no apuntar hacia el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, quien desde hace tiempo es señalado por encabezar una presunta red de jueces y magistrados sobre quienes tiene un control absoluto y directo y con los que administra, sin pudor ni recato, el negocio de la justicia en la Ciudad de México.
Según diversas fuentes, el magistrado Guerra heredó y ha reproducido el modus operandi de Edgar Elías, un auténtico mercenario del poder judicial que convirtió a la justicia en un auténtico mercado.
Desde entonces, cualquier abogado sabe que en la capital del país las sentencias en las que se juegan las mayores sumas de dinero se compran y venden al mejor postor.
Sucesivos jefes de gobierno han encontrado en la cabeza del Tribunal –ayer en Elías, hoy en Guerra– un aliado privilegiado para ejercer un control político sobre el aparato judicial, y así sacar los asuntos que más les preocupan.
Este arreglo –que lo mismo le resultó útil a Mancera, a Ebrard, a Sheinbaum y hoy a Batres— tiene una perversa contracara: si por un lado le ha permitido al Ejecutivo local llevar la fiesta en paz con los jueces, también los ha forzado, a ellos y a su partido, a mirar a otra parte ante los negocios que se operan desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx.
Según despachos de litigantes entrevistados para esta columna, desde que aterrizó en la presidencia del Poder Judicial local, en noviembre de 2018, Guerra ha fungido como la cabeza una presunta red de corrupción y tráfico de influencias –no demasiado diferente a la que en su momento impulsó Elías–, y de la que se ha beneficiado personalmente con total impunidad, particularmente por medio de unos 40 jueces y magistrados que se prestan a cualquier cosa que les pida.
Reconocidos litigantes señalan que el magistrado Guerra suele recurrir a Karen, su secretaria particular, o a Víctor Hugo González, un juez de control con licencia que funge como su asesor, para girar instrucciones a los jueces.
Algunos le son particularmente leales, como es el caso de Héctor Fernando Rojas Pacheco, Sergio Acevedo Villafuerte y Júpiter López Ruiz, sobre quien ya existen múltiples versiones de abusos.
Sobran ejemplos de presuntos casos de corrupción en los que podría estar implicado el magistrado Guerra. En el libro “Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T”, fuentes de la cooperativa Cruz Azul narran con todo detalle cómo el día 9 de marzo de 2021, a las 9.30 de la mañana, en las oficinas del Tribunal Superior de Justicia en avenida Juárez, el magistrado Guerra, junto a uno de sus colaboradores más cercanos, recibió de manos de David Cohen, abogado de Billy Álvarez, 14 millones de pesos para frenar cualquier solicitud de aprehensión en contra de su cliente, cosa que finalmente no cumplió.
En toda la trama legal de Cruz Azul, además, pueden observarse fallos de dudosa legalidad por parte de unos 10 jueces y magistrados al servicio de Guerra que no podrían explicarse sino por actos de corrupción.
Los negocios de Guerra y su red han empezado a llamar la atención del presidente López Obrador, desde que un periodista le planteó en una mañanera cómo el juez 18 civil de la CdMx, Marcial Enrique Terrón Pineda, en posible contubernio con algunos funcionarios de Pemex, podría estar también involucrado en un presunto desfalco a la paraestatal por más de mil 80 millones de pesos (¡el equivalente al presupuesto anual del Inai!) a una empresa ligada a Miguel Ángel Yunes; esto como parte de un pleito entre particulares.
