El Crecimiento más Bajo de Recursos  Públicos en los Últimos Cuatro Sexenios

A la Vuelta de la Esquina

IVÁN RUIZ FLORES

¡Cuidado!: Cuando el río suena, agua lleva.

Eso dice el dicho. Y viene a cuento, porque México Evalúa, así como el observatorio económico “Centro de Pensamiento y Análisis México, ¿cómo vamos?” y el centro de investigación en política pública Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), han avalado a los especialistas que advierten acerca de una de las características del actual sexenio en declive, la cual será haber tenido “el desempeño más bajo de los últimos cuatro en cuanto a crecimiento de los recursos públicos”.

No es todo, expone además que, al quinto año de Gobierno, se acumula un incremento real de los ingresos totales del sector público de apenas 6.7% (443 mmdp a precios de 2023), frente a 2018. 

“En contraste, durante el sexenio del presidente Peña Nieto los ingresos aumentaron 14.7% (847 mmdp), durante el sexenio del presidente Calderón 20.3% (971 mmdp) y en el del presidente Fox 45.7% (1.5 billones)”, precisa. 

Además, en materia de oro negro… 

“Los ingresos petroleros sumaron 1.08 billones de pesos en 2023, 31% (484 mmdp) menos que en 2022, lo que representa el segundo menor monto en los últimos 15 años. Detrás de la caída está la reducción del precio del petróleo y la apreciación del tipo de cambio, pero también el estancamiento de la producción de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex). De estos ingresos sólo el 32% le correspondió a la Federación –la menor proporción registrada desde el año 2000– debido a la reducción de la carga fiscal de Pemex”. 

Para estos especialistas, ante el desempeño de las finanzas el año pasado y los planteamientos dados a conocer acerca del Paquete Económico de 2024, no se asegura la estabilidad fiscal en el futuro, “ni garantizan los derechos de los ciudadanos en el presente”.

  Explican, por ejemplo:  

“No obstante que la recaudación tributaria ha llegado a máximos históricos, no ha sido suficiente para compensar la reducción de los ingresos petroleros. Como consecuencia, se han hecho recortes discrecionales a sectores vitales como la salud pública, la educación y la seguridad”.

DECRECIENTES RECURSOS

PARA LOS GOBIERNOS

Una advertencia es que, como no se ha podido limitar el endeudamiento creciente, el mismo podría volverse insostenible en el mediano plazo. También alertan de que por vez primera el gasto federalizado, es decir los recursos que se transfieren a los gobiernos locales, ha ido decreciendo conforme avanza el sexenio, que en este 2024 concluye.

Además, señalan lo sucedido en 2023 cuando los ingresos crecieron “pero no lo suficiente”: 

“…al cierre del año pasado, los ingresos del sector público llegaron a 7.04 billones de pesos, un aumento de 1% (71 mil millones de pesos –mmdp–), en términos reales, frente a lo logrado en 2022, pero se quedaron 1.2% (84 mmdp) por debajo de la meta: el segundo mayor retraso del sexenio. De hecho, en los últimos 20 años, sólo en 2020, en el contexto de la pandemia de covid-19, los ingresos totales se habían quedado por debajo del objetivo en 3.3% (221 mmdp)”, especificaron.

En sus señalamientos hay varias cuestiones muy preocupantes, como lo es que en México “no existe un plan para sustituir la caída de los ingresos petroleros”.

Lo explican: 

“En lo que va del sexenio, se acumula una caída de 14.5% (183 mmdp) de los ingresos petroleros, que se suma a la disminución de 44.4% (1 billón) registrada durante el sexenio del presidente Peña Nieto. De esta forma, las finanzas públicas se han ‘despetrolizado’ aceleradamente: al cierre del sexenio del presidente Fox el 40% de los ingresos provenían del petróleo; al término de la gestión del presidente Calderón la proporción era de 39%, y con Peña Nieto de 19%”.

Pero… en 2023 los petroleros aportaron sólo el 15% del total de ingresos.

El asunto es además que la reducción de la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) que el Gobierno está obligado a cobrar a Pemex “también ha contribuido a debilitar los ingresos petroleros que financian el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)”. 

Y agregan:

“El Gobierno federal ha postergado también el pago de este derecho a través de resoluciones misceláneas. Estas decisiones se tomaron de manera discrecional sin consultar al Congreso o aplicar mecanismos para subsanar los menores ingresos a repartir entre las entidades federativas”.

Lo fundamentan:

“Tan sólo por transferencias financieras, Pemex ha recibido, entre enero de 2019 y septiembre de 2023, la cantidad de 993 mmdp, y por la reducción del DUC, 457 mmdp. Pese a este esfuerzo fiscal de parte del Gobierno, la empresa no ha mejorado su situación patrimonial: durante el sexenio del presidente Peña Nieto por cada peso de activos, la empresa tenía pasivos de un peso con 50 centavos. 

“Con AMLO, al cierre de 2022, por cada peso de activos se cuenta con pasivos de dos pesos y al tercer trimestre de 2023 por cada peso de activo había pasivos de 1 peso con 70 centavos. Este debilitamiento obligará al Gobierno a seguir otorgándole recursos vía aportaciones de capital o estímulos fiscales, lo que disminuirá los recursos disponibles para proveer bienes y servicios en áreas como salud, educación y seguridad pública”.

Es preocupante porque, además, aseguran que los ingresos tributarios tuvieron un incremento del 12%, “pero fueron insuficientes para compensar los bajos ingresos petroleros, y también fueron menores a lo programado. Al cierre del año 2023, los ingresos provenientes del cobro de impuestos sumaron 4.5 billones de pesos, el mayor monto jamás registrado. Además, tuvieron un crecimiento anual de 12.4% (497 mmdp), el mayor desde 2015. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda fue demasiado optimista al estimar una recaudación mayor (4.6 billones de pesos), por lo que los ingresos tributarios quedaron por debajo de lo programado en 2.2% (103 mmdp)”.

VULNERADA LA POSIBILIDAD DE 

DESARROLLO DE LAS FAMILIAS

Claramente, el asunto es que tal y como los avezados señalan: “Ante los menores ingresos públicos, se han aplicado recortes discrecionales al gasto público, vulnerando las oportunidades de desarrollo de las familias y la calidad de vida de la población”.

Al hacer una revisión de las políticas llevadas a cabo, también precisan sobre el recorte en salud, que estuvo centrado particularmente en los sistemas que atienden a las personas sin seguridad social. 

“En 2023, la Secretaría de Salud (SSA) sufrió un recorte de 49.5% (103.8 mmdp) frente al calendario aprobado. Si bien este recorte está relacionado con la transición del Insabi al IMSS-Bienestar, el gasto adicional de esta nueva institución de salud fue de 48.2 mmdp, con lo cual no se compensa ni la mitad del recorte a la SSA, y posiblemente siga dejando sin servicios de salud a millones de mexicanas y mexicanos”.

En fin, ante tantos problemas, estos especialistas hacen un llamado a las y los legisladores “para establecer los cambios necesarios en las legislaciones pertinentes, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y garantizar los derechos de la población. 

“Asimismo, se les exhorta a considerar la delicada situación de las finanzas públicas al momento de discutir las propuestas de reformas constitucionales presentadas el 5 de febrero del presente año”. 

¿Por qué?

“En particular preocupa que las iniciativas de reforma no contemplan evaluaciones de impacto presupuestario, tal como lo marca el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFRH), ni consideran un análisis integral de los rezagos y necesidades en términos del progreso social para la población.

Ante la problemática, la exhortación es:

– “Fijar controles al Gobierno para que el Congreso le autorice al Ejecutivo renuncias recaudatorias que afectan los ingresos públicos (como la reducción del DUC a Pemex). 

– “Establecer medidas para compensar los ingresos y el gasto federalizado, cuando se realicen renuncias recaudatorias. 

– “Condicionar los apoyos del Gobierno federal a favor de Pemex a una mejora en la gobernanza de la empresa, modelo de negocio y situación financiera.

También: 

“Crear un Consejo Fiscal que evalúe la política fiscal, con capacidad para hacer estudios de impacto presupuestarios sobre las propuestas de políticas públicas o renuncias recaudatorias planteadas por el Ejecutivo o Legislativo, considerando en todo momento el contexto macroeconómico”.

Todo lo señalado tenemos ¡uff!

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