*Obras no Demandadas y Excesivamente
Costosas
*Nadie Pidió el Tren Maya o la Refinería de
Paraíso
*Preocupa Toma de Decisiones de Populistas
sin Consulta
EZEQUIEL GAYTÁN
México es un país que históricamente ha sido gobernado por lo que los clásicos de la teoría de la Administración pública denominan políticas de gobierno, es decir, decisiones verticales descendentes, usualmente legales y legitimas y se caracterizan por ejecutarse desde la autoridad hacia la sociedad sin escuchar las demandas sociales, pues los servidores públicos creen saber qué necesita la comunidad y paternalmente se les entregan bienes y servicios bajo el manto del interés público, aunque en ocasiones se trate de decisiones unilaterales, unidimensionales y subordinadas a los intereses del partido que gobierna. Es cierto, es de justicia reconocerlo, que en otros momentos esos actos de autoridad fueron correctos. Sin embargo, no había ni hay una clara diferenciación entre demanda y necesidad social. En otras palabras, los gobernantes las consideran sinónimos. Pero no es así, la sociedad puede tener necesidades y, a la vez, puede demandar algo que no está en las prioridades de la agenda gubernamental. De ahí que nacieran las políticas públicas. Léase, un espacio público de encuentro y articulación entre demandas y necesidades sociales en el cual las prioridades y las estrategias son producto de la concertación social.
Dicha concertación o acuerdos de colaboración entre la sociedad y el gobierno fortalecen la vida política de una nación, pues por un lado amalgama el diálogo entre las partes y, por el otro, fortalece la vida democrática ya que empodera a la sociedad y lo más importante la corresponsabiliza en la implantación de la política pública, así como en el cuidado de los bienes y servicios que se generan.
Las políticas de gobierno y las públicas son, por lo mismo, complementarias, necesarias y coordinadas. Las primeras siguen siendo vitales de la vida pública de una nación, pues hay situaciones y responsabilidades que no pueden ser consultadas, sino que requieren de la decisión firme, formal, legal y ejecutiva de un gobierno. Más aún, pueden ser medidas que carecen de popularidad, pero en la vida de las naciones se registran millones de casos en los cuales esas decisiones amargas son las correctas. Lo que nos lleva al dilema difícil y sutil acerca de cuándo y cómo implementar una política de gobierno y cuándo y cómo configurarla como una política pública. Tal vez en esa comprensión es donde la figura del estadista aparece.
El siglo XXI mexicano en materia política se ha caracterizado hasta el momento por la desilusión de la democracia. Los expertos analizan con preocupación el tema, pues ese fenómeno también ocurre en Latinoamérica y de ahí algunas organizaciones no gubernamentales ven con preocupación el desencanto social en la política, en el gobierno, en el parlamentarismo plural y en los partidos políticos. Lo cual es entendible y explicable, sobre todo porque la calidad de vida no ha impactado como se deseaba. Consecuentemente es que el populismo de izquierdas y de derechas ha resurgido y entre sus propuestas destacan el poder omnímodo en la figura presidencial, el deseo de parlamentos monocromáticos del partido oficial, el predominio del poder ejecutivo sobre los otros poderes y, por supuesto, el manejo de la maquinaria abrumadora de la burocracia ajena a las políticas públicas.
El caso de la gestión lopezobradorista es un claro del alejamiento de las políticas públicas y el regreso a actos de políticas de gobierno. Ahí tenemos los ejemplos del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, obras que nadie demandaba, ni demanda y que nos han costado miles de millones de pesos. En paralelo, es cierto, necesitamos un aeropuerto de clase mundial con 150 terminales y se nos entregó una terminal aérea de apenas doce terminales. En conclusión, el presidente López Obrador ha demostrado su incapacidad de distinguir demandas y necesidades sociales y también ha sido ineficaz en aplicar políticas públicas en materia social, como es el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro o el de Sembrando Vida, los cuales son buenas ideas, pero planeados precipitadamente, con improvisaciones en el camino, sin definiciones específicas de controles y evaluaciones en las que predominan los criterios políticos sobre lo técnicos.
Estamos en el epílogo de la gestión lopezobradorista y somos testigos de la imposición del plan de gobierno del presidente López Obrador a su posible sucesora. Leemos una oferta de reforma política que excluye a las minorías, otra que fortalece a las fuerzas armadas en materia de seguridad pública y una más que propone la desaparición de facto de la transparencia y la rendición de cuentas. Léase, el tabasqueño quiere regresar a las políticas gubernamentales, llevar a su mínima expresión las políticas públicas con la consecuente marginación de la sociedad de los espacios públicos e imponernos la hegemonía de un partido de Estado.
