Los Dados de Dios
NIDIA MARIN
¿Iniciaron en México las guerras territoriales del crimen organizado para controlar el mercado en el próximo sexenio?, se preguntan miles de ciudadanos, ante los múltiples asesinatos de candidatos, aspirantes a candidatos y políticos de diversos partidos que han roto récord en año electoral 2024.
A la orden del día están actualmente los crímenes de aspirantes a una candidatura, ya sea que buscaban una regiduría, ser síndicos, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales o federales y senadores.
Tampoco la tienen segura aquellas que pretenden sentarse en la Silla del Águila y aquel (¡hic! ¡hic! ¡hic!) que va solamente de música de acompañamiento para “la grande”.
El récord de otros años, cuando se efectuaron procesos electorales, se está rompiendo. En enero, por ejemplo, sumaron cinco aspirantes a una candidatura asesinados, pero en el actual febrero, no se queda atrás.
La sangre que está corriendo, hasta ahora, es en ocho estados (Zacatecas, Morelos, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Chiapas y Jalisco) y amenaza con abarcar más de media República, sobre todo en aquellas entidades donde quien manda es el narco.
A la fecha ya no es solamente la intimidación, coacción o represión, sino el asesinato en contra de estos mexicanos.
La intervención de varios grupos en los comicios es clara. Pareciera que por ahora, será por lo menos más impactante la cifra, por lo que está ocurriendo, comparado con lo sucedido en 1994 por el asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República en 1994, Luís Donaldo Colosio Murrieta y en 2010, el crimen en contra el aspirante también tricolor a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
Sobre este tipo de terrible temporada que vivimos y todo indica seguiremos viviendo en México, dice Víctor Antonio Hernández Huerta (profesor visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su trabajo “Candidatos Asesinados en México, ¿Competencia Electoral o Violencia Criminal?”
LAS CIFRAS EXHIBEN
LA TRISTE REALIDAD
Por ejemplo, sobre los pasados comicios en los cuales ganó Morena la Presidencia de la República precisa:
“El conteo que realizamos arrojó que, entre el 8 de septiembre de 2017 -inicio del proceso electoral federal- y el 27 de junio de 2018 -fin de las campañas electorales-, fueron 48 los políticos asesinados; 20 eran candidatos ya con registro oficial y 28 precandidatos. Si comparamos la cifra de 2018 con otros procesos electorales federales y locales de los últimos diez años en México observaremos un dramático crecimiento en el número de candidatos asesinados. En procesos electorales anteriores (federales y locales) la cifra osciló entre dos y ocho candidatos asesinados”.
Además, explica elocuentemente:
“De los 48 políticos asesinados, 26 aspiraban a una presidencia municipal, ocho a una regiduría, diez a una diputación local y dos más a una diputación federal. Estas cifras, conforme a la establecido en la literatura (Albarracín, 2018), ponen en evidencia que las víctimas fueron en su mayoría candidatos a puestos a nivel local. Por otra parte, las cifras de estos asesinatos muestran que, del total de candidatos asesinados, 41 eran hombres y siete eran mujeres. Esto nos hace suponer que los asesinatos no son del todo aleatorios, ya que si lo fueran observaríamos una proporción similar de asesinatos entre hombres y mujeres debido a que en México se ha logrado que se postule una misma proporción de candidatos y candidatas como consecuencia de la adopción de cuotas de género, e incluso más recientemente por la adopción de la paridad de género (Freidenberg y Alva, 2017).
Más el tiempo pasa y como el erudito dice:
“La literatura reconoce al menos cuatro razones por las que las organizaciones criminales atacan a políticos en funciones o a candidatos. En primer lugar, los traficantes alrededor del mundo usualmente evitan la confrontación abierta, y prefieren técnicas menos visibles (como la corrupción) para minimizar los impactos de la actuación policial y la aplicación de la ley; pero cuando el Estado emprende medidas represivas de forma indiscriminada, los narcotraficantes responden atacando violentamente a agentes estatales.”
También expone:
“En segundo lugar, las guerras territoriales entre diferentes organizaciones criminales inducen a los carteles a modificar la balanza del juego electoral para capturar a los agentes del Estado, y con ello obtener una ventaja para controlar el mercado. Los políticos pueden convertirse en el blanco de la violencia criminal cuando deciden no cooperar con organizaciones criminales y combatir mercados ilícitos (Albarracín 2018). En consecuencia, los grupos criminales hacen uso de la violencia para infundir temor entre los votantes y afectar negativamente la participación electoral (Ley, 2018. Trelles y Carreras, 2012, muchas veces con el propósito de disminuir las posibilidades de victoria de adversarios políticos en zonas sobre las cuales ejercen un control territorial (García Sánchez 2016)). En casos extremos tratan de eliminar la competencia electoral mediante amenazas o asesinatos a políticos rivales (Albarracín, 2018; Daniele y Dipoppa, 2017; Ponce 2019)”.
Precisa:
“Cabe mencionar que la política electoral criminalizada, en la que hay un uso intencional de la fuerza por grupos criminales para influir en la política, es predominantemente un fenómeno local. La política electoral criminalizada puede ocurrir a nivel nacional o regional, pero se requiere un Estado de derecho débil y una limitada rendición de cuentas ante la sociedad civil para que resulte atractiva para los grupos criminales (Albarracín, 2018)”.
Ni como decir que no al planteamiento.
Lo terrible es que aún faltan 71 días para el proceso electoral en México.
¿A cuántos políticos asesinarán en ese lapso?
¿Cuánta sangre continuará derramándose en México ante la pasividad de las autoridades?
