La solicitud de imputación de cargos de terrorismo al expresidente catalán y la investigación de sus supuestos lazos con Rusia buscan en realidad torpedear la ley de amnistía y provocar la caída del Gobierno de Pedro Sánchez, explican a Sputnik politólogos y juristas, que ven en la actuación judicial una quiebra de la separación de poderes.
La decisión de la Junta de Fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) de pedir la imputación del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, al admitir la existencia de indicios de delitos de terrorismo en las acciones de protesta protagonizadas en 2019 por la plataforma Tsunami Democràtic tras la sentencia que dictó penas de cárcel contra los líderes del proceso catalán de independencia, está complicando la tramitación de la ley de amnistía.
Si el TS terminara por asumir la investigación por terrorismo contra Puigdemont y el resto de imputados, la negociación entre el PSOE y Junts sobre la ley del perdón para los independentistas catalanes se tensará aún más, pues podría ser un obstáculo insalvable para llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, Junts podría retirar su apoyo al Gobierno, por lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez caería.
En contra de la tesis mantenida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la mayoría de los fiscales de la Junta avala de este modo las consideraciones del juez Manuel García Castellón, que recientemente prorrogó seis meses la instrucción del caso Tsunami Democràtic para completar las diligencias pendientes, como son el esclarecimiento de la financiación de la plataforma Tsunami Democràtic y la toma de declaración de los familiares del fallecido durante las protestas.
Recordamos que Tsunami Democràtic organizó en otoño de 2019 una protesta masiva que bloqueó el aeropuerto barcelonés de El Prat, donde un ciudadano francés murió a consecuencia de un infarto. El juez García Castellón cree que las acciones de la plataforma, a cuyo frente sitúa a Puigdemont, buscaban comprometer la estabilidad «económica, social, empresarial e institucional» de España, según consta en el texto expositivo que remitió al TS.
Además, la solicitud de imputar a Carles Puigdemont delitos de terrorismo viene precedida de la decisión de un juez de Barcelona de extender por seis meses la investigación de la llamada «trama rusa del procés«, esto es, la supuesta vinculación y apoyo de Rusia a la causa independentista catalana, cuestión que Moscú y el propio Puigdemont han desmentido reiteradas veces y sobre la que los indicios parecen apuntar en realidad hacia otras direcciones, como la influencia de George Soros a través de sus fundaciones e incluso la injerencia de Estados occidentales, según las investigaciones del profesor Juan A. de Castro.
Según el juez Joaquín Aguirre, Rusia ofreció «soporte económico y militar» al entorno de Puigdemont para así desestabilizar «la democracia y la Unión Europea». Aguirre, que ofreció detalles de su investigación durante una entrevista concedida al canal de televisión alemán SWR, mantiene que el expresidente catalán y su círculo más cercano mantuvieron «estrechas relaciones personales» con representantes de los servicios secretos rusos y con políticos alemanes e italianos de extrema derecha.
La redacción actual de la proposición de ley excluye de la amnistía los delitos de «traición y contra la paz o independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional». Aunque según el propio auto del juez no hay indicios de que los independentistas transmitieran a Rusia información confidencial ni pactaran acuerdo alguno, Puigdemont y otros investigados podrían no beneficiarse de la media de gracia, máxime cuando es probable que el TS acepte la imputación de delitos de terrorismo.
¿Amnistía boicoteada?
El diseño de la ley de amnistía y la brega jurídica suscitada en torno a ella y a Puigdemont protagonizan la agenda política interna española y copan los titulares de prensa. En esta situación, las posiciones de los principales partidos del arco parlamentario son encontradas y la resonancia que producen las decisiones judiciales están creando «un caldo de cultivo de polarización cada vez mayor», en palabras de la politóloga Paloma Román.
En diálogo con Sputnik, esta profesora de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) afirma que estas cuestiones «no preocupan realmente» a la ciudadanía española, pues los problemas que en verdad les afectan en su día a día son otros. «Pero parece que el ruido se ha adueñado de la escena política», señala.
«Lo que se está librando en realidad es que algunas fuerzas políticas aún no han digerido bien los resultados de las elecciones del 23 de julio. Esto es lo fundamental. Por eso, en el fondo, se está intentando derribar al gobierno surgido tras aquellas elecciones», sostiene P. Román.
La fuerte oposición del Partido Popular y Vox a la medida de gracia halla eco en la judicatura, muchos de cuyos representantes han llegado a airear sus posiciones. «Ha habido jueces que han opinado en público y que han intentado interferir en el proceso legislativo, lo cual atenta contra la separación de poderes», recuerda a Sputnik Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla (US), que advierte una «evidente» intromisión del poder judicial en el legislativo
«Se intenta boicotear la ley de amnistía y acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Esto es lo que hay detrás de las actuaciones del juez Joaquín Aguirre en Barcelona y del juez Manuel García Castellón en Madrid. Son jueces que están actuando como activistas políticos», asegura.
Para Urías, la situación está dominada por un «activismo judicial» que ha acabado por convertir a los teóricos árbitros neutrales de las disputas en «actores políticos», extralimitándose del papel que les reserva la Constitución de vigilancia del cumplimiento de las leyes. «Hay jueces que han decidido asumir el papel de defensores de la unidad de España frente a Cataluña», explica este exmagistrado, que ubica su acción en el contexto de las condenas a los líderes independentistas y a las medidas adoptadas «entonces y ahora».
«Se refleja un estado de ánimo en el poder judicial español y en la Fiscalía de personas que creen que su papel es hacer política. Creen que por haber aprobado una oposición, son más legítimos que el Parlamento elegido por el pueblo. Y están enfrentando su poder, que es de aplicar la ley, para ir contra la ley, boicoteándola. Es una ruptura total de la división de poderes en España», asegura.
Terrorismo: ¿palabras mayores?
La posible imputación por delitos de terrorismo a la cúpula independentista catalana planea sobre una situación social en España y la UE dominada por las fuertes protestas de sus agricultores y ganaderos, en forma de cortes de carreteras y vías de comunicación. Nadie califica de «terrorismo» estas últimas acciones, pero sí las de Tsunami Democràtic.
El problema, explica Joaquín Urías, es que los jueces se amparan en la definición «en términos muy amplios» de tal delito en el Código Penal español. «Porque de acuerdo a su definición, cualquier acto de protesta destinado a alterar la paz social, cualquier acto de desobediencia civil, puede ser calificado de terrorismo», afirma. Y de resultas de su «mala redacción», cabría entonces una utilización política. «Pero no porque los jueces crean que es terrorismo de verdad, sino porque quieren hacer política de esto».
Para el politólogo Víctor Prieto, la imputación de cargos de terrorismo responde a dinámicas propias de la política española de los últimos años y a «una determinada manera de entender el Estado» por parte del poder judicial, el cual «se arroga» el papel de «autoprotección» del Estado. «Es una forma de proceder propia de sistemas políticos en crisis, como ya hemos visto muchas veces, por ejemplo, en países latinoamericanos», explica a Sputnik.
A su juicio, la tipificación como terrorismo supone aludir a una categoría institucional cuya dialéctica se ha construido sobre la lucha antiterrorista contra la banda ETA. «El PP, en el nivel discursivo, y el Poder Judicial, en el plano jurídico, no hacen otra cosa que echar mano de un significante sobredeterminado en nuestra historia reciente para negar al otro y, por ese camino, bloquear las posibilidades de cualquier cambio sustancial», sostiene.
«Esta estrategia ha necesitado siempre, para ser efectiva, de la participación del PSOE, y esto es lo que se ha roto desde hace unos años. El fin de ese consenso, que estrechó la democracia española durante años, es la principal amenaza para una derecha echada al monte», afirma Prieto.
«El problema [de la tipificación como terrorismo] es que se utiliza como munición política, sin saber muy bien su alcance y sin reparar en matices ni consideraciones. Sobre todo en un país como el nuestro que tanto ha sufrido por esa cuestión», conviene Paloma Román, que lamenta la utilización del terrorismo y la alta traición para incrementar «los decibelios» del ruido de la tensión política, cuyo fin sería provocar la caída del Ejecutivo de Sánchez.
¿Alta traición y trama rusa?
El juez Aguirre ha llegado a avanzar que, fruto de una presunta colusión de Puigdemont y su entorno con los servicios especiales rusos, estos incluso le habrían comunicado el inicio del conflicto en Ucrania, los problemas del suministro energético y la previsión de una guerra entre la UE y Rusia.
Moscú siempre ha negado cualquier injerencia en Cataluña, y en España tal posibilidad ni mucho menos es admitida con unanimidad. De hecho, a finales de 2017, los altavoces mediáticos de esta teoría no pudieron probar sus acusaciones ante una comisión de investigación del Parlamento Británico sobre la influencia de las noticias falsas durante la campaña del Brexit.
Pero la imputación de un delito de traición también invalidaría a los líderes independentistas como beneficiarios de la ley de amnistía. «Las dos imputaciones parecen claramente guiadas para interferir en la ley de amnistía, que dice que no será de aplicación en delitos de terrorismo y traición. Porque la ley dice que cuando un delito sea muy grave, no se amnistiará, partiendo que es algo que no se ha producido durante el procés«, declara Urías.
«Estos jueces han aprovechado que la ley dice que ni por traición ni por terrorismo habrá amnistía, y entonces uno ha dicho que ve terrorismo, y otro dice que ve traición. ¿Para qué? Para que en caso de aprobarse la ley, puedan perseguir a Puigdemont y que nunca pueda volver a España. Es también una manera de presionar a Junts para que rompa con el presidente Pedro Sánchez, porque este no le podrá garantizar que no será perseguido en España cuando regrese. Esa es la estrategia», asegura este jurista.
En su opinión, las imputaciones obedecen a una suerte de conexiones indirectas de las que se extraen conclusiones dudosas. «García Castellón dice que Puigdemont conocía a alguien que a su vez conocía a no sé quién que organizó el Tsunami y que alteró la paz pública, luego es terrorismo. Y el juez Aguirre, igual; se agarra a unas declaraciones antiguas donde otro decía que Rusia estaba detrás. Pues ya está, acusado de traición», resume Urías, para quien el objetivo de prorrogar la instrucción del llamado «caso Voloh» es sacar a Sánchez del poder.(Sputnik)
