Luego de que una juez federal con sede en Toluca determinó este sábado otorgar el beneficio de libertad condicional a ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que presentará “de inmediato” los recursos correspondientes contra esta determinación judicial.
El organismo que encabeza Alejandro Gertz Manero también rechazó tajantemente la resolución de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo y magistrados del tribunal colegiado que, acusó, “concedieron ventajas indebidas y desconocieron resoluciones que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa”.
“Esta conducta procesal, notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, es usada por algunos medios de manera parcial y engañosa”, denunció la FGR.
La institución subrayó que los recursos correspondientes que presentará de inmediato son para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas”, y puntualizó que también iniciará acciones que castigan como delito hechos cometidos contra la administración de la justicia, “entorpeciéndola y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.
Ayer, la jueza federal con sede en Toluca, Estado de México, concedió libertad provisional a ocho militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, que estaban recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A.
La jueza Duarte Cedillo determinó que dichos elementos castrenses continúen su juicio en libertad a cambio de una fianza de 50 mil pesos, de la firma periódica de los procesados y de entregar sus pasaportes.
Los militares tenían una medida cautelar que los mantenía en prisión preventiva oficiosa por el presunto delito de desaparición forzada.
Apenas el pasado 11 de enero, madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de intentar dividirlos y de querer retomar la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre este caso.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, denunció que el primer mandatario, desde sus conferencias matutinas, ha intentado una y otra vez “dinamitar la unidad de las madres y los padres de familia”.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el abogado recalcó que López Obrador no ha cumplido su compromiso de abrir los archivos faltantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el caso Ayotzinapa, sobre todo 800 folios que solicitó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Estamos solicitando una información muy concreta, referente a una línea de investigación donde se revisaron archivos militares, donde hacen falta 800 folios, específicamente uno, que habla del traslado de algunos normalistas de la barandilla municipal de Iguala a Lomas de Coyotes. Y también estamos solicitando la comunicación completa y las intervenciones sobre estas conversaciones”, sostuvo.
Vidulfo Rosales recalcó que incluso la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha admitido la existencia de esos folios, cuando estaba al frente de esa instancia el exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
