La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer otra reforma al sistema de pensiones tiene tintes electorales y de concretarse representaría mayores presiones para las finanzas públicas, aseguró Abraham Vela Dib, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
En entrevista Vela Dib aseguró que antes de hacer más modificaciones al sistema de pensiones, como las que se hicieron en 2020, se deben mejorar o atender otras áreas como las del ahorro voluntario, edad de jubilación o la informalidad laboral.
“Ofrecer mayores pensiones sin considerar una reforma fiscal integral sería irresponsable desde el punto de vista de las finanzas públicas. Hay manera de mejorar el sistema a través de las cuentas individuales; pensar en un sistema de reparto o en una Afore única, sería un error enorme”, añadió el expresidente de la Consar.
El domingo, el presidente López Obrador anunció que enviaría una propuesta de reforma a la ley de pensiones aprobada en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, pues es “completamente inhumano” que un trabajador, después de 30 años en activo, reciba hasta la mitad de su salario al jubilarse.
“Eso ya no va a continuar así, voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores”, comentó el mandatario durante una ceremonia por el 117 aniversario de la Huelga de los Obreros de Río Blanco, Veracruz.
Vela Dib recordó que cuando se elaboró la reforma a la Ley del SAR en 2020, se propuso implementar un modelo similar al del Reino Unido en donde los trabajadores eligen cuál es el monto de sus aportaciones, que pueden ir desde 1.15 y hasta cinco por ciento de su sueldo, pero fue desechado.Y si bien en México actualmente existen esquemas como el ahorro voluntario que permiten elevar el saldo de las cuentas individuales de los trabajadores, no son ampliamente difundidos a la población, según el exfuncionario de la Consar.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que entre enero y noviembre del año pasado, el gobierno federal desembolsó más de 1.2 billones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones de trabajadores del sector público.
Para 2024, la dependencia proyectó un costo aproximado de dos billones de pesos y, según los expertos, crecerá paulatinamente en los próximos años por lo cual es urgente una reforma fiscal o encontrar un mecanismo de financiamiento para este rubro. A decir de Carlos Ramírez, socio consultor de Integralia Consultores, una reforma en pensiones debería estar acompañada de cambios fiscales para aliviar las presiones financieras del país.
“En un último año de gobierno y a cinco meses de las elecciones, no se discutirá nada positivo. Claro que se requiere una reforma en pensiones, pero tiene que ser elaborada y discutida con calma y tomando en cuenta diversos factores”, comentó el también expresidente de la Consar.
Desde su perspectiva, los retos pendientes en la materia son cómo incorporar a los trabajadores independientes a un esquema de jubilación y mejorar la parte operativa de las Afores.
“Todo eso pudo hacer el presidente en la reforma de 2020 y no quiso; la reforma pudo ser mucho más amplia, mucho más ambiciosa y no lo fue por decisión del presidente”, concluyó Ramírez.
