Los carteles que protagonizan los disturbios en Ecuador intentan demostrar que son ellos, y no el presidente, Daniel Noboa, los que tienen el poder, declaró a Sputnik, el profesor de la Universidad de San Petersburgo, Víctor Jeifets. Agregó que Noboa «ha apostado casi todo» por la lucha y en caso de que no triunfe, podría perder el cargo.
«No es casualidad que [los carteles de drogas] desaten tal ola de violencia: necesitan demostrar que hoy son los amos de las calles. Por eso están actuando con bastante dureza, quieren demostrar que el Gobierno no controla nada, y que es con ellos con quienes hay que negociar», explicó el profesor de la facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Petersburgo y el redactor jefe de la revista América Latina.
De acuerdo con Jeifets, el fracaso en la lucha contra las bandas criminales podría llevar al jefe de Estado electo a perder su cargo, por eso «ha apostado casi todo» por la lucha. Igualmente, prosiguió, los cárteles de drogas «también han apostado mucho, si no todo».
Daniel Noboa triunfó en las elecciones presidenciales ecuatorianas del 15 de octubre de 2023, luego de que el exmandatario del Estado, Guillermo Lasso, firmó el decreto ejecutivo 741. Así, activó la herramienta de la muerte cruzada, con la cual el parlamento unicameral fue disuelto y se llamó a elecciones extraordinarias para el resto de los períodos constitucionales que finalizarán en 2025.
«El presidente no tiene otra opción. O es capaz de hacer algo drástico, o ni siquiera llegará al final de su ya corto mandato. Si sale vencedor de esta batalla, podemos afirmar con seguridad que será reelegido», declaró el experto.
Jeifets enfatizó que por el momento Noboa está actuando dentro de la ley. Sin embargo, expresó su preocupación por posibles presiones sobre las organizaciones sociopolíticas, «lo que podría llevar al país a convertirse en un Estado policial».
El presidente de Ecuador, tras una serie de motines en las prisiones del país y la fugas de importantes cabecillas de las bandas criminales que operan en Ecuador, decretó el 8 de enero el estado de excepción por 60 días para «recuperar el control» de los centros penales que se han perdido en los últimos años.
La medida desató una ola de violencia con la quema de autos y detonaciones de explosivos en las calles de varias provincias, incluida Quito, por parte de los grupos criminales. El 9 de enero, Noboa emitió otro decreto en el que declaró un «conflicto armado interno» producto de la crisis de seguridad pública que azota al país y designó como «organizaciones terroristas» a una veintena de grupos del crimen organizado.
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