NIDIA MARIN
(Segunda Parte)
México se juega buena parte de su estructura política, electoral, económica y social en 2024. Los resultados del proceso electoral, incidirán en toda la nación, así como en las relaciones internacionales.
Integralia Consultores realizó un interesante trabajo sobre los 10 puntos que serán clave en los meses por venir y las probabilidades en marcha.
Al continuar con los 10 puntos especificados por los expertos de la institución que encabeza Luis Carlos Ugalde, se puntualiza:
6.- El Congreso aprueba reformas y leyes “sorpresivas” que afectan el clima de negocios, como, por ejemplo, modificaciones al marco laboral, al aparato administrativo del Estado o al otorgamiento de concesiones, sin prever un período de transición y adaptación para el sector privado. PROBABILIDAD ALTA.
En este caso, precisan:
“No obstante, la aprobación apresurada de iniciativas como la reducción de la jornada laboral, la ampliación de la licencia de paternidad a cargo del patrón (y no de la seguridad social), así como las cuotas para la contratación de grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad y otros, podrían repercutir en pequeñas y medianas empresas ante el reducido margen de adaptación que tienen. Esto se agravaría (e incluso afectaría a las empresas grandes) si las reformas no consideran una entrada en vigor escalonada y gradual, así como una diferenciación dependiendo el tamaño y giro de la empresa”.
7.- Se gestan conflictos poselectorales (nacional y/o locales) alimentados por campañas polarizantes; por el intervencionismo del gobierno; por una violación abierta, continua y simulada de las reglas; por un arbitraje político inoportuno o débil; por ineficacia operativa de los organismos electorales locales; y por resultados cerrados que propician nerviosismo en los mercados y arrastran a la nueva administración al mismo clima de polarización de la administración saliente. POSIBILIDAD MEDIA.
Puntualizan los que saben:
“En la elección de 2024, no sólo se juega un gran número de cargos, sino que se discutirá la arquitectura del país de los próximos años, incluso décadas. Aunque es poco probable que el resultado de las elección presidencial sea lo suficientemente cerrado para que prosperen recursos de anulación, ello sí podría ocurrir en elecciones de gobernador u otras locales, además de que el contenido principal de las campañas electorales será de polarización política entre la continuidad del actual gobierno morenista y el cambio de rumbo político”.
8.- El primer presupuesto del nuevo gobierno incumple con las metas fiscales previstas por la administración saliente: no lleva a cabo el ajuste fiscal necesario para retornar a la senda anticipada de déficit, poniendo en alerta a las calificadoras y mercados. ALTA PROBABILIDAD.
Y mencionan quienes saben:
“El pasado mes de noviembre se aprobó el último Paquete Económico del gobierno del presidente López Obrador, el cual destacó por ser presidencialista y electoral, así como por un llamativo énfasis en el endeudamiento como política para estimular mayor gasto.
“En 2024, el gobierno estima gastar poco más de nueve billones de pesos, de los cuales casi 20% provendrán de deuda (el mayor nivel de déficit en 30 años). No obstante, las autoridades hacendarias han recalcado que la deuda total como proporción del PIB seguirá sin superar el 50% y han señalado que para 2025 los niveles de gasto y déficit regresarán a sus niveles previos, ya que en 2024 se contemplan gastos “de una sola vez” por la conclusión de las principales obras insignia de López Obrador”.
9.- Aumentan la corrupción, los manejos administrativos opacos e inusuales con fines electorales y la falta de sanción de estos casos tanto en el gobierno federal como en los gobiernos locales. ALTA PROBABILIDAD
“Más allá del discurso gubernamental, el problema estructural prevalece y en algunos casos puede ser mayor que en años previos por varios factores: (i) el proceso electoral (a nivel federal y local); (ii) la falta de controles en el manejo de recursos públicos; (iii) la carencia de instrumentos de planeación; (iv) la opacidad en la asignación de contratos; (v) la deficiente vigilancia tanto interna (desde la Secretaría de la Función Pública o las Contralorías) como externa, desde las Cámaras de Diputados federal y locales (mediante los órganos superiores de fiscalización), y (vi) la impunidad, principalmente a causa de la falta de persecución de delitos, pero también por la falta de imposición de sanciones administrativas”.
10.- Tras un posible resultado electoral desfavorable, crecen las tensiones y las divisiones en los partidos de oposición, lo que contribuye a que el nuevo gobierno opere en un entorno de contrapesos débiles. POSIBILIDAD MEDIA.
Y señala Integralia Consultores:
“…Este riesgo tiene implicaciones para el clima de negocios, en tanto que la corrupción inhibe la inversión al ser percibida como un costo adicional para hacer negocios o como un impuesto sobre las utilidades, por lo que se trata de un factor generador de incertidumbre jurídica. Asimismo, tiene impacto en la gobernabilidad, al mermar la confianza ciudadana en las instituciones, afectar las finanzas públicas y minar la prestación adecuada de servicios.
Además, “…si Sheinbaum obtiene el triunfo electoral, es probable que el nuevo gobierno busque sumar a su coalición a cuadros descontentos con los partidos perdedores. Asimismo, al igual que lo realizó López Obrador al principio de su mandato, es posible que Sheinbaum coopte o inhabilite a liderazgos opositores mediante amenazas judiciales u ofreciendo “premios” políticos (incluyendo impunidad o invitaciones a cargos públicos).
“Todo ello le permitiría a la eventual administración de Claudia Sheinbaum gobernar sin contrapesos sólidos en el Poder Legislativo, así como aprobar iniciativas sin necesidad de negociar con otros partidos. Esto conlleva tres riesgos principales: por un lado, se facilitaría la aprobación de reformas con implicaciones negativas para el clima de negocios y la gobernabilidad democrática, con lo que aumentaría la incertidumbre jurídica; por otro lado, el Congreso dejaría de fungir como un balance saludable al Ejecutivo federal, con lo que incrementaría la concentración de poder en la Presidencia de la República; por último, a mediano plazo, con partidos opositores débiles el sistema político perdería competitividad y representatividad.
