Las anomalías climáticas registradas en España hundieron las cosechas de cereales, hubo una merma en la producción de vino y aceite, y un 5,5% de empleos menos. Agricultores consultados por Sputnik señalan que la renta agraria es la mitad que en 2021 y que la colonización del campo por los fondos de capital es el fin del modelo agrícola familiar.
Los efectos de la sequía y las altas temperaturas soportadas durante el periodo de floración hicieron de 2023 un año muy negativo para el desempeño de la industria agrícola y ganadera española. Pese a bajar un 4,6% respecto a 2022, los productores agropecuarios apenas han cubierto sus costos de producción, que se mantienen en niveles muy altos en comparación con 2020 y 2021.
Los cultivos de cereales sufrieron doblemente, pues al recorte de entre el 60% y 80% en su recolección se unió después un desplome en los precios del 24%, según el balance agrario de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). De acuerdo con sus datos, las malas cosechas provocaron una reducción del 59% en la producción de aceite de oliva y un incremento del 71% en su precio, aspecto que no redundó en beneficios.
En 2023 apenas se cosecharon 10 millones de toneladas de cereales en España, cuando el año anterior se recolectaron 17 y en 2021 hasta 24. En el olivar, la producción cayó a menos de la mitad de lo habitual: solo 700.000 toneladas, pese al incremento de los sistemas de regadío y de riego por goteo. El impacto del alza del precio del aceite se ha traducido en un descenso de más del 40% de la demanda en mercado interno y también en el exterior.
El Ministerio de Agricultura destinó de forma extraordinaria más de 1.000 millones de euros en ayudas directas al sector agropecuario para paliar los estragos producidos por la sequía y en menor medida por el precio de combustibles y fertilizantes, donde con respecto a 2022 se observó un abaratamiento: energía y lubricantes un -31,9%,fertilizantes un -27,4% y piensos un -1,3%. Pero el aumento de su uso (+19% en el caso de los fertilizantes) compensó la caída.
La producción de vino cayó a los 30,6 millones de hectolitros (35,7 en 2022) y también se experimentó un descenso en la demanda (menos de 10 millones). La falta de pastos también afectó a las explotaciones ganaderas extensivas, que aunque se beneficiaron de la bajada de precios del cereal, redujeron su producción un 2,5% en total, si bien la producción de huevos (+30%), leche (+22%) y carne de porcino (+21%) fueron las excepciones.
Toda esta situación ha conllevado una disminución del 5,5% en el número de empleos en el sector, según COAG, lo cual contrasta con las cifras de empleo a nivel nacional, que experimentaron un aumento. El campo perdió 42.600 puestos de trabajo. «El impacto de los daños climáticos sobre las producciones han derivado en una menor necesidad de mano de obra», argumentan en esa asociación.
El problema de los seguros
El calor extremo y la sequía provocaron un aumento de la siniestralidad agraria. Cifrada en unos 1.200 millones de euros, las primas solo habían asegurado 800. Ante el desfase, solo cabe elevar las primas o reducir su cobertura, al margen de ampliar las subvenciones públicas. Solo por sequía, se prevé el pago de 460 millones de euros en indemnizaciones. El Ministerio de Agricultura dotó con 358 millones de euros estas ayudas, que pudieron cubrir hasta el 70% de las primas para agricultores jóvenes. Pero en el campo la percepción es otra.
En ausencia de un seguro, expone López, los agricultores no pueden percibir un «adelanto sobre la producción asegurada» por parte de sus cooperativas, por ejemplo. «Con ese adelanto se puede empezar a hacer trabajos e incluso a pagar deudas atrasadas», añade.
En la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) incluso denuncian malas prácticas de las mutuas aseguradoras, consistentes en no atender a los «siniestros verdaderos». En Extremadura, afirma esta organización en una nota de prensa, las pólizas de sequía en pastos que emitió Agroseguro no se correspondieron a la pluviosidad de octubre, mes que catalogó de «verde» aun cuando no comenzó a llover hasta el día 16.
Sequía y renta agraria
Las bajas precipitaciones y la sequía no son fenómenos extraños para España. Pero conjugados con el calor fuera de temporada que sobrevino en 2023, provocó una conmoción en los cultivos agrícolas.
«Porque la cosecha fue más o menos la misma», recuerda J. López, que explica que el calor impidió el necesario descanso invernal de los árboles. «Luego, al inicio de la primavera, vino un descenso de temperaturas, con lo cual se produjo una especie de segunda parada invernal, y después, en abril, hubo temperaturas altísimas, por lo que los árboles se despertaron de nuevo y maduraron en 15 días, así que el fruto no tuvo tiempo de engordar. Esto afectó mucho a los albaricoques», se lamenta.
«Desde los años setenta, yo no he conocido un año peor que este, a mí me ha llevado prácticamente a la ruina», asegura J. López, que admite haber llegado a vender su fruta en origen «por debajo de los costes de producción, a unos 30 céntimos» aun cuando superaban los 50. «Esperas que el año siguiente sea mejor, pero las deudas se acumulan».
Con todo, 2023 no parece haber resultado tan malo como 2022. Según datos preliminares del Ministerio de Agricultura, se observó un incremento interanual del 11,1% en la renta agraria [el indicador que mide los ingresos que genera la actividad] en términos corrientes, situándose en 31.931,3 millones de euros. En COAG explican tal aumento «tanto por el ascenso del valor de la producción, como por la caída del precio de los costes de producción».
Aunque positivas, son cifras que esta organización matiza. «La situación en 2023 ha mejorado respecto a 2022, los costes se han moderado, pero es que en 2022 habían subido exponencialmente», declara a Sputnik José Miguel Marín, presidente de COAG-Murcia, que recuerda que los costes de producción son todavía «el doble» que en 2021. A su juicio, el valor de la producción puede generar confusión en un contexto de alza de precios y de baja oferta.
La nueva política agraria
En 2023 entró en vigor la nueva Política Agraria Común (PAC), que exige el cumplimiento de criterios en materia de sostenibilidad de las tierras y bienestar animal para poder adherirse a las medidas de apoyo. Según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), los agricultores españoles se sumaron «masivamente» a las nuevas exigencias, aunque desde COAG señalan una complejidad regulatoria que califican de «infierno burocrático» que impide la «viabilidad» de las pequeñas empresas.
Uno de los nuevos esquemas de la PAC son los llamados ecoregímenes, pagos directos (anuales) que se hacen a los agricultores que acepten, de manera voluntaria, la puesta en marcha de prácticas medioambientales, y que se hacen por hectárea o, en el caso de los ganaderos, por superficie de pasto para el ganado. A nivel nacional, hasta el 86% de los 22 millones de hectáreas declaradas solicitaron tal régimen. Pero en la región de Murcia el porcentaje no llega al 50%.
«El Ministerio de Agricultura denegó que todo aprovechamiento ganadero después de los cultivos, como los barbechos y las rastrojeras, pudieran ser primables. Por lo tanto, limitó la superficie subvencionable a los pastos como tal, y en Murcia tenemos pocos», objeta.
Fondos de inversión: los nuevos terratenientes
El golpe sufrido por las explotaciones familiares, especialmente las cerealistas, es menos dañino para las grandes corporaciones que desde hace años están adquiriendo empresas y terrenos de explotación agropecuaria. La alta rentabilidad de algunas plantaciones puede traducirse en la implantación de cultivos intensivos y ser objeto de la especulación. Paradójicamente, en un futuro cada vez más cercano habrá más explotaciones, pero menos agricultores propietarios.
«El campo está siendo copado por los fondos de inversión, ya sea comprando acciones de las empresas o parcelas pequeñas y medianas de terrenos colindantes», afirma J. López, que asegura que la situación de los grandes propietarios tradicionales en su región es tan mala, que esperan «como agua de mayo» que sean comprados por un fondo de capital. «Mantienen la marca comercial, pero ya pertenecen a una corporación».
Se trata de grandes fondos, como Fremman Capital (en 2022 compró la empresa familiar valenciana Frutas Bollo por 300 millones de euros), PSP Investments (que gestiona fondos de pensiones en Canadá), Nuveen, Azora, Miura Capital, etc. Ahora también invierten en el agronegocio. «Muchos salieron del sector de la construcción con la crisis de 2008 y ahora controlan tanto la producción como la comercialización, así que pueden hacer dumping», lamenta.
«Murcia es la punta del iceberg en España, es donde más fondos de capital aterrizan en el sector agrario», añade J. M. Marín, convencido de que este hecho es la amenaza definitiva para el modelo de agricultura tradicional, «ya de por sí muy castigado». Y explica que el objetivo de estas corporaciones es buscar «refugio» en el sector primario y asegurarse «posiciones estratégicas a largo plazo».(Sputnik)
