Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Presumiblemente la Profeco tiene la responsabilidad de hacer respetar los precios fijos. Sobre todo en artículos y servicios que se consumen cotidianamente.
El 22 de diciembre, la Secretaría de Hacienda publicó el decreto en el cual se informa del aumento de precios en gasolinas, diésel, tabacos labrados –cigarrillos- y bebidas saborizadas y fijo como fecha para la entrada en vigor el primer día del año, como ocurre cada 365 días. Las estaciones de servicio, no aumentaron el precio de las gasolinas sino hasta la primera hora del año nuevo. Ahí sí llegan los inspectores de la Profeco porque saben que “serán bien tratados”.
Sin embargo, en cadenas comerciales, tiendas de conveniencia y particularmente en misceláneas, los precios de cigarros y de refrescos subieron el mismo 22 de diciembre.
Seguramente los comerciantes medianos y en pequeño se ajustaron el dicho: al que madruga Dios le ayuda y decidieron elevar los precios de mercancías que tenían en existencia 10 días antes de lo autorizado.
De llamar la atención que la Procuraduría de Protección al Consumir haga caso omiso de los abusos. Año con año ocurre lo mismo. Y lo saben los inspectores de la dependencia. Sin embargo, acuden a los establecimientos solamente para la “propina” y los “buenos deseos” por la Navidad y el inicio de año nuevo. (Entre la fecha de publicación del decreto y su entrada en vigor, se celebraron los eventos de fin de año).
Como se asegura entre millones de personas que la corrupción es ancestral, los propietarios y empleados que expenden los artículos citados, simplemente omiten la Ley y deciden cuando suben los precios.
Y no se trata de pichicatear nada. Simplemente de anotar que para miles de pequeños comercios, según el Censo Económico, en la Ciudad de México existen poco más de 200 mil y en el país rebasa el millón de establecimientos. Si un fumador –como su servidor- pagaba 75 pesos por cajetilla de 20 cigarros, ahora se tienen que desembolsar 80. Es decir, un incremento de 5 pesos por paquete que representa 6 por ciento más con respecto al precio anterior.
Los comerciantes pequeños y mediantes y los de las misceláneas conocen cuándo se publica el decreto, aunque no lean ninguna otra cosa en el año, y de inmediato cambian los precios a pesar del señalamiento de cuándo entrará la medida en vigor.
Y por ello, se surten dos semanas antes de, entre otros productos, refrescos y cigarros, que compran con descuentos del 12 por ciento del precio de venta y mantienen la reserva para utilizarla justamente el día de la publicación del decreto.
Uno como buen vicioso del tabaco y sin padecer, por fortuna de angina de pecho o cáncer en los pulmones o en la garganta y en tratándose del trabajo de periodista, se entera en “tiempo y forma” de las informaciones que afectan al bolsillo. Y supone que los comerciantes son “honestos a carta cabal” y sus acciones, un abuso comercial, demuestran lo contrario.
No se trata de ir a la Profeco y denunciar que en la tienda de la esquina de la casa elevaron los precios antes de tiempo.
Hay que imaginar que se acude a la tienda más cercana del hogar cuando hay necesidad de adquirir algo que tienen todas las cadenas pero que se encuentran a cuadras de distancia y si los dueños se enteran de que fueron acusados ante la Profeco, van a responder cuando se les pida algo: no hay, no hay, no hay.
Por eso hay que llevarla con calma.
El apunte de esta entrega simplemente es para hacer notar la ineficiencia o la perfección de hacerse de la vista gorda de los inspectores de la Profeco.
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