Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Aunque no les guste a los de la cuatroté, “la ley es la ley” y se aplica para todos por igual, sean o no influyentes funcionarios –o supongan serlo- o poderosos hombres de dinero y con conexiones políticas.
El Congreso de la Ciudad de México cerró su tercer periodo ordinario de sesiones el 15 de septiembre y, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se fijó que la primera sesión de la Comisión Permanente se realizará el 10 de enero.
Por tanto, no se puede violar lo que los diputados aprobaron. Y entonces, el receso de sesiones no se puede acortar ni alargar.
Por ello sorprende que la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, haya remitido un oficio a la presidenta de la mesa directiva, Gabriel Salido Magos, fechado el día de ayer 29 de diciembre, en el que solicita convocar al pleno a fin de que se retome la discusión y se lleve a votación el dictamen sobre su proceso de ratificación que quedó inconcluso desde el pasado 13 de diciembre.
En el oficio, recibido y registrado con el folio 000045873 a las 18:15 horas del jueves 29, adjunta una serie de documentos y se remite al artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
¿Cómo convocar al Pleno del Congreso Local si encuentra en receso y quien asume la representación popular es la Comisión Permanente?
La solicitud-propuesta de la Fiscal pretende violentar el acuerdo parlamentario a fin de que, por la mala, sea ratificada por cuatro años más en el cargo.
Argumenta que el Consejo Judicial Ciudadano, se instaló el 18 de septiembre y, a decir los legisladores de oposición “es a modo” y tiene como misión avalar la ratificación.
Menciona a académicos, sociedad civil y colegios de abogados entre la larga lista que presenta para sustentar su petición de ser ratificada. Nadie duda de la honestidad de los mencionados. El problema es legal.
Al iniciar su trabajo con la sesión del 10 de enero, la Comisión Permanente está a cargo de la representación popular. Y el fondo es que el periodo para la cual fue designada doña Ernestina termina el 9. Sí, solamente 24 horas antes de su fenecimiento.
A leguas se observa la presión que ejerce la fiscal para ser ratificada. No parece entender –y si lo hace lo ignora- que los acuerdos publicados en la Gaceta del Congreso de la Ciudad de México no son revisables por el Pleno mientras esté en receso y no trabaje en sesiones ordinarias.
La Permanente tiene facultades para convocar a un periodo extraordinario siempre y cuando la mayoría calificada lo apruebe. Recordar que en la Permanente del Congreso de la Unión se pretendió un extraordinario para avalar leyes de Morena y por un voto, sí un voto que vale todo en ese momento, no se construyó la mayoría calificada.
Era en sesión. No en el tiempo total de receso.
La Permanente trabaja todos los días, o eso se supone, porque debe estar pendiente de cualquier solicitud legal. Prueba de ello que se recibió en oficialía de partes el oficio de la fiscal.
Apegados al marco jurídico, los legisladores no deben ni pueden violar los acuerdos que se toman conforme a la Constitución local y la ley orgánica del Congreso.
Está claro que al no construir los acuerdos para tener la mayoría calificada, los legisladores de Morena reventaron la sesión del 13 de septiembre y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Martha Soledad Ávila Ventura, declaró antes de que la sesión fuera reventada: “No hay monedas de cambio, nosotros podemos perder la votación, pero no vamos a negociar, porque el PAN vote a favor, porque se deje libre a Von Roerich o porque no se sigan las investigaciones con la hermana y el papá de Jorge”.
Esa fue la respuesta ante la falta de capacidad para negociar con las oposiciones, principalmente con los legisladores de Acción Nacional.
Y el resultado: no hubo votación y la fiscal, conforme al mandato que le fue conferido, deberá desalojar las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el martes 9 de enero.
No hay de otra.
Porque aunque no le guste, la ley es la ley. Y punto.
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