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Miguel Tirado Rasso
Una candidatura presidencial, para un
joven que irrumpió en la política de grandes ligas,
con éxitos electorales inesperados, tiene efectos
mareadores, con riesgo de perder piso, y sucedió.
Aunque, para algunos, el sistema de la división de poderes resulta fastidioso porque, a su entender, entorpece y complica el ejercicio de gobierno, dada la independencia y autonomía con la que operan, o en teoría, debieran hacerlo, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el concepto está concebido, precisamente, para dividir el poder político y establecer un equilibrio y contra peso entre los poderes divididos. El objetivo, evitar los abusos de poder.
Un buen ejemplo de la necesidad e importancia de este principio, lo acabamos de observar en el sainete protagonizado por el joven gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, en su frustrado intento por convertirse en candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano (MC).
Actores: el Ejecutivo local, el Congreso del estado y el Poder Judicial Federal. Seducido por el canto de las sirenas de Palacio Nacional y convencido por Dante Delgado, dueño y fundador del MC, Samuel García decidió separarse de su cargo, a escasos dos años de haber tomado posesión, para lanzarse a una aventura político-electoral con futuro incierto.
Una candidatura presidencial, para un joven que irrumpió en la política de grandes ligas, con éxitos electorales inesperados, tiene efectos mareadores, con riesgo de perder piso, y sucedió. La licencia temporal para ausentarse del cargo, no representaba mayor problema, pero el paquete incluía la designación del sucesor, con el detalle de que esto quedaba fuera del control del gobernador itinerante, de acuerdo con lo dispuesto por la constitución del estado. Su antecesor, Jaime Rodríguez, había hecho lo mismo, solo cinco años antes, sin mayor problema, aunque con tristes resultados.
El antecedente de una relación un tanto ríspida, entre el joven gobernador y el Congreso, obligaba a atender el caso con sensibilidad y manejo político. Más aún, si tomamos en cuenta que la autorización de la licencia y la designación del gobernador interino, eran facultades propias de un Legislativo, con mayoría de la oposición. La constitución local establece que, cuando la licencia es hasta por 30 días, corresponde al gobernador la designación de su suplente. Para una licencia de seis meses, como era el caso, es el Congreso el facultado para nombrar al gobernador interino.
El gobernador solicitó licencia por seis meses, que correría a partir del dos de diciembre. Aunque, de hecho, se habría ausentado unas semanas antes, para registrar su precandidatura y realizar recorridos de precampaña, en una ambivalente calidad de gobernador y precandidato presidencial. Algo, si no ilegal, muy cerca de serlo.
La licencia se otorgó, pero surgió una absurda controversia sobre quién debería nombrar al gobernador interino. Chicanas e interpretaciones a modo de la ley, fueron argumentos de un Ejecutivo decidido a imponer su voluntad y nombrar a su sucesor, desconociendo las facultades del Congreso. Las impugnaciones llegaron hasta la Corte que, finalmente, resolvió el embrollo, obligando al Ejecutivo a respetar y acatar lo ordenado por la máxima ley del estado. Al no poder imponer a su sucesor, Samuel García prefirió, no continuar con su licencia, retomar su gubernatura y olvidarse del espejismo presidencial, por el momento, según dijo.
La autonomía e independencia de los poderes Judicial y Legislativo, en este caso, hicieron posible la operación de contrapeso, evitando el abuso de poder del Ejecutivo, obligándolo a acatar la ley y a respetar las facultades del Legislativo.
El resto del sainete neoleonés, cae en la politiquería. Samuel García demostró inmadurez, soberbia y prepotencia. Un personaje que aspira a la presidencia del país, que dice representar la nueva política y critica a los de la vieja guardia, pero que, para alcanzar sus objetivos políticos, no le importa mentir, engañar y violar la ley, como lo hizo este joven gobernador, resulta poco confiable.
El mandatario puso en riesgo la gobernabilidad de su estado, además de mandar un mensaje negativo para los interesados en invertir en esa entidad y buscan seguridad, estabilidad y un buen gobierno que les de confianza.
Esperemos que lo sucedido, no tenga mayores consecuencias.
Diciembre de 2023
