POR ÁNGEL LARA PLATAS
Si bien es cierto que faltan muchos meses para las elecciones federales del 2024, en cuestiones electorales el tiempo está “encima”.
Para que se cumpla con todo lo que mandata la ley en relación con el proceso electoral, se debe dar una serie de pasos para que, durante el día de la Jornada Electoral, todo transcurra de acuerdo a lo programado.
Una de las primeras acciones del órgano electoral, es revisar los lugares donde tradicionalmente se han instalado las casillas electorales. Si en alguno de los domicilios no existieran las condiciones de seguridad para los electores y los integrantes de la casilla, o que se instaló un bar en el entorno de la casilla, o que el propietario del inmueble es un funcionario público, entre otras causas; se procede a la reubicación.
Las autoridades del INE seguramente dirán que habrá las condiciones para llevar a cabo con un proceso electoral normal. Efectivamente, sí es posible resolver los problemas de carácter material para la instalación de las casillas en todo el territorio nacional, inclusive Guerrero.
Sin embargo, hay un detalle que no es nada pequeño. Dado el nivel del daño causado por el huracán Otis en lo material y en lo humano, y considerando que derribó casas, escuelas y otros edificios públicos, además de las pérdidas humanas; bien cabría preguntarse lo siguiente: ¿los guerrerenses estarían en condiciones anímicas y emocionales para participar en el proceso electoral? Hay que considerar que la parte medular de la operación electoral son los ciudadanos que habrá que capacitarlos y organizarlos.
Por lo que toca a los inmuebles para instalar las casillas no habría gran problema. Se resuelve instalando una especie de carpas para que los funcionarios de casilla, representantes de los partidos políticos, electores y el material electoral, puedan estar protegidos del sol o la lluvia.
Pero cómo estará la disposición ciudadana si de aquí al día de las votaciones no se han restablecido los servicios en su totalidad; si sus hijos no han podido acudir a las escuelas por la demora en la restauración. O si los que perdieron sus empleos no han encontrado dónde trabajar. Si el Estado ya retiró su vista de Acapulco y está en otras prioridades.
En otras palabras: si la restauración de los municipios afectados no se ha cumplido para esas fechas, si la gente no ha podido reconstruir sus casas ni sus negocios, ni ha podido reponer sus enseres, ¿cambiarían su vocación cívica por una actitud de reclamo y de presión a las autoridades, para obligarlos a brindarles el apoyo que exigen? ¿Se les ocurriría bloquear el proceso electoral negándose a participar?
¿Cómo estará el estado de ánimo de la gente cuando inicien las primeras acciones de Instituto Federal Electoral, si de aquí a entonces no se han restablecido los servicios en su totalidad, y los apoyos para la reconstrucción de viviendas no hayan llegado?
¿Aceptarán los ciudadanos participar como funcionarios de casilla o representantes de los partidos políticos, si no se les cumple con la promesa de los apoyos para reconstruir viviendas, hospitales, escuelas donde asisten sus hijos, y conseguir los empleos necesarios para reponer lo que el huracán se llevó?
Este tema es algo que debe empezar a analizarse con la mayor responsabilidad posible, para no encontrarse con una sorpresa, que no sería sorpresa porque la propia lógica ya tiene sus conclusiones.
