Oposición presenta acción de inconstitucionalidad por extinción fideicomisos del PJF
El Frente Amplio por México (FAM) promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma por la que se ordenó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y solicitó que se suspenda cualquier acción tendiente a concretar la desaparición de esos fondos. Afirman que al devolverse a la Tesorería de la Federación los fondos, se concretaría “una confiscación, pues son bienes de los particulares, entonces al no hacer el debido ajuste en la ley para regresarle a los trabajadores sus aportaciones, existe una apropiación de sus recursos, sin recibir nada a cambio, convirtiéndose en un castigo a un sector de servidores públicos”.
En el recurso promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los legisladores de oposición alegaron al menos tres razones por las cuales consideran que las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial son inconstitucionales.
Expusieron que, de no concederse la suspensión de la reforma impugnada, se afectará de manera irreparable los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.
De acuerdo con el documento, en el proceso legislativo que se siguió para aprobar el decreto impugnado se cometieron violaciones porque se aprobó en el pleno del Senado un acuerdo por el que modificó la integración de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.
Ese cambio se dio “sin que existiera el quórum requerido, afectando el derecho a la representación, participación y a la legalidad”, alegaron los diputados de Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).
En el fondo del decreto aprobado, viola el principio de división de poderes por limitar la autonomía presupuestaria y técnica del Poder Judicial Federal.
«Se pone en riesgo la garantía de justicia, ya que se genera una intervención injustificada para regular su propio gasto y se dificulta la toma de decisiones para que el órgano pueda cumplir eficazmente con su labor”, añade el documento.
La tercera circunstancia de ilegalidad –advierten– se refiere a la disposición o “confiscación” de bienes particulares, pues los Fideicomisos están integrados por aportaciones voluntarias de los trabajadores.
