Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
La tarjeta informativa del Consejo de la Judicatura Federal, no tiene desperdicio.
No se trata de un “golpe mortal” contra alguien en específico aunque sí es la generadora del texto.
El mensaje es para todos los fiscales o procuradores del país.
En tres párrafos lo dice todo:
“Las personas juzgadoras federales son las únicas competentes para conocer las solicitudes de autorización de entrega de datos conservados de los equipos de comunicación móvil a la autoridad investigadora por parte de los concesionarios de telecomunicaciones”.
“Lo anterior debido a que se busca proteger el derecho humado a la inviolabilidad de comunicaciones consagrado en el artículo 16 constitucional, de tal forma que la autorización de entrega de información de un número celular, es competencia federal.
“Por lo tanto, la entrega de datos a la autoridad investigadora, al implicar una restricción a ese derecho humano, no puede deslindarse de la protección establecida en el artículo constitucional; de ahí que para que surta efectos la obligación de su entrega, es indispensable la existencia de una autorización judicial federal”.
Claro, la tarjeta informativa está dirigida a la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, a quien se exhibió en el reportaje que publicó The New York Time a principio de la semana y cuya autoría es de los periodistas María Abi-Habib, Natalie Kitroeff y Emiliano Rodríguez Mega.
La parte que confronta al poder Judicial de la Federación con la Fiscalía General de la Ciudad de México, es la referente a las órdenes solicitadas por Godoy hasta en 14 ocasiones para obtener información de los celulares, textos y comunicaciones, de Santiago Taboada y Lilly Téllez, entre las decenas de personas incluyendo a militantes de Morena, cuyos datos fueron solicitados a Telcel.
Aunque la fiscal y su vocero desmintieron la información y la calificaron sustentada en documentos falsos, el escándalo abrió la puerta para frenar, en definitiva, las exigencias de los 32 fiscales del país para obtener información privada y que se encuentra en los equipos de cómputo de las empresas que prestan el servicio.
No es la primera ocasión en la que se ventila el espionaje por parte de autoridades federales y estatales para “conocer” las actividades del “adversario”.
Los y las fiscales, cuya autonomía es constitucional, no tienen facultades para solicitar información de ese tipo, como lo argumenta correctamente el CJF. Y sin embargo, solicitan, en caso de tratar de justificar la legalidad de lo ilegal, la información por escrito. En otras ocasiones simplemente los empleados considerados “técnicos” en comunicaciones, pinchan las líneas y se enteran de lo que no deben. Información que utilizan para tener en el “guante” a quienes se busca exhibir públicamente con carpetas de investigación abiertas.
El freno puesto por el CFJ, cuya presidenta es la ministra Norma Piña Hernández, atizará el fuego desde Palacio Nacional. Se dirá y lo hará el huésped temporal, que es una muestra más de cómo se protege a los delincuentes de cuellos blanco, aunque no lo sean.
El espionaje a políticos, empresarios o periodistas no es una novedad. Sin embargo, los de “antes” trataban de ocultarlo y en el presente lo burdo está por delante y no se cuidan las formas para actuar ilegalmente.
Sorprende, eso sí, que la fiscal Godoy –aunque desmienta la información y no presente las pruebas de la falsificación de documentos- no conociera el texto del artículo 16º. de la Constitución.
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