El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que solamente los jueces federales están autorizados para pedir que sustraiga información de un número celular.
A través de una tarjeta informativa, el CJF señaló que las “personas juzgadoras federales son las únicas competentes para conocer las solicitudes de autorización de entrega de datos conservados de los equipos de comunicación móvil a la autoridad investigadora por parte de los concesionarios de telecomunicaciones.
“Lo anterior debido a que se busca proteger el derecho humado a la inviolabilidad de comunicaciones consagrado en el artículo 16 constitucional, de tal forma que la autorización de entrega de información de un número celular, es competencia federal.
“Por lo tanto, la entrega de datos a la autoridad investigadora, al implicar una restricción a ese derecho humano, no puede deslindarse de la protección establecida en el artículo constitucional; de ahí que para que surta efectos la obligación de su entrega, es indispensable la existencia de una autorización judicial federal”, señaló.
La aclaración que formula el Consejo de la Judicatura Federal se refiere a que la fiscal ordenó a algunas compañías telefónicas entregar los registros telefónicos de políticos y funcionarios. La aclaración no es solamenrte para Godoy, que es a quien se dirige, sino para todos los fiscales que abusan del poder con el que cuenta y exigen información privada sin tener facultades para ello.
Fue el diario estadounidense The New York Times, quien acusó de espionaje a la funcionaria en contra de la senadora Lilly Téllez, el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, aliados de Morena e integrantes de alto perfil en el Gobierno de México.
«Al menos 14 órdenes escritas revisadas por The New York Times muestran que la fiscal general ordenó a la compañía de telecomunicaciones más grande de México que entregara los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación, de más de una docena de destacados funcionarios y políticos mexicanos», se lee en la investigación publicada por los periodistas María Abi-Habib, Natalie Kitroeff y Emiliano Rodríguez Mega.
